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12 de octubre 2022 - 5:02hs

La fiscal Gabriela Fossati investigará si dos ciudadanos rusos que llegaron en junio del año pasado y se casaron en un supermercado del Chuy en abril de este año tienen algún tipo de vínculo con la banda que integraba Alejandro Astesiano, excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, y que se dedicaba a falsificar documentación para que pudieran obtener pasaportes uruguayos.

El viernes, Presidencia envió a Fossati un sobre con toda la información acerca del proceso que terminó con la habilitación de ingreso excepcional cuando las fronteras estaban cerradas por la pandemia, según confirmó El Observador con fuentes políticas.

La semana pasada, el periodista Antonio Ladra informó acerca de estos ingresos, que fueron avalados en una resolución firmada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Tras esta publicación, Presidencia envió la información a la Fiscalía y se puso a disposición para colaborar con la investigación

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foto: Dante Fernández, focouy. Alejandro Astesiano fue enviado a prisión

En la documentación que le entregó a Fossati, el gobierno señaló que había una serie de motivos para obtener la excepción: humanitarios, diplomáticos, reunificación familiar, judicial, empresarial, laboral, económico, deportivos, propietarios de inmuebles, promitentes compradores o estudiantes. 

El trámite debía iniciarse de forma online e incluir una justificación de las razones por las que se pretendía ingresar y “documentos probatorios” de la solicitud. “Completado el trámite se creaba un número de seguimiento denominado ID, el cual era remitido automáticamente por el sistema al ministerio u organismo que correspondiera según su competencia y la razón por la cual se amparaba la solicitud”, señala el texto del documento enviado por Presidencia. 

Luego, cada ministerio u organismo analizaba la solicitud y podía rechazarla, solicitar ampliación de información o autorizarla. En caso de aprobarla, la documentación era enviada a Presidencia con una nota firmada por el ministro o el jerarca del área

Una vez que Presidencia reunía información de varios ministerios, emitía una resolución en la que autorizaba los ingresos y enviaba la documentación a la Dirección Nacional de Migraciones para que las personas quedaran habilitadas. 

“La Secretaría de Presidencia autorizó el ingreso al país de más de 100.000 personas en los dos años de pandemia”, sentencia el escrito, aunque aclara que las habilitaciones eran válidas para ingresar por única vez, por lo que en esa cifra están comprendidas personas que ingresaron en múltiples oportunidades.

En declaraciones a El País, Delgado deslindó responsabilidad y aseguró que era una “firma administrativa” que se estampaba “previa fundamentación del organismo competente”.

Los rusos en el Chuy

Andrey Kashtanov y Olesia Dzhumelia llegaron en junio del año pasado y en setiembre obtuvieron la cédula uruguaya. En abril fueron casados por el alcalde del Chuy, Eduardo Calabuig, en el supermercado Macro Frontera, algo que “llamó mucho la atención en su momento y que ahora nos genera mucha más preocupación, por todo lo que está pasando con el caso de Astesiano”, según dijo a La Diaria la senadora del Frente Amplio Sandra Lazo, oriunda de la ciudad.

La bancada de senadores del FA envió este martes un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para conocer el acta pública de la celebración de matrimonio, el expediente, la partida de matrimonio expedida y la publicación oficial.

De acuerdo con el edicto de matrimonio, Kashtanov declaró ser abogado mientras que Dzhumelia dijo ser economista. Quien los acercó al municipio fue Rafael Cardozo, primo de la esposa del alcalde, y propietario del supermercado. 

Según Cardozo, los conoció a través de otro ruso –cuyo nombre no recuerda– que vive hace varios años en Montevideo. 

Los rusos quisieron comprarle el 50% de las acciones del supermercado, pero el negocio “no terminó cerrando por un tema de números”, aunque la documentación “está hecha en la escribanía”, explicó el comerciante. 

Diego Battiste La banda falsificaba documentación para obtener el pasaporte

También mencionaron interés en poner un casino y un shopping en la ciudad, pero luego desaparecieron. “No he tenido ninguna noticia más allá de eso. Hace dos meses que se fueron del país, se fueron acá por la frontera. No sé para dónde se fueron”, relató.

Además de buscar a más implicados en las maniobras, Fossati investiga a los tres imputados de la causa –Astesiano, el escribano Álvaro Fernández y el ruso Alexey Slivaev– por lavado de activos.

En el caso de Astesiano, el excustodio de Lacalle Pou imputado por asociación para delinquir, detectó que tenía varias propiedades, aunque no estaban bajo su titularidad sino a nombre de testaferros: algunos apartamentos, un club nocturno y una empresa de seguridad. La fiscal está indagando el origen de los fondos con los que adquirió esos bienes y si logra probar que fueron fruto de la actividad delictiva del custodio, también podrá imputarlo por lavado.

Investigación sobre Fernández será reservada

El juez Alejandro Asteggiante aceptó el pedido de Fossati y la investigación sobre el escribano Álvaro Fernández será reservada por los próximos 40 días, de acuerdo con la resolución del Poder Judicial emitida el 6 de octubre, a la que accedió El Observador

Fernández está en prisión en Durazno y el martes 4 volvió a declarar ante Fossati en Fiscalía

Tras esta audiencia, la fiscal solicitó la reserva para poder “dilucidar elementos favorables a la causa” e individualizar “eventuales nuevos partícipes con el fin de asegurar la eficacia de la investigación”. 

La reserva supone que su defensa no podrá acceder al material de la carpeta de investigación.

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