A partir del año próximo, el Poder Ejecutivo aprobará un precio para la venta de los combustibles en las plantas de distribución de Ancap, que utilizará como base el Precio de Paridad de Importación (PPI). Y de las puertas de las terminales hacia las estaciones de servicio será un negocio que lo manejará cada sello con sus estaciones, sin participación alguna del ente. El esquema actual de distribución será revisado por el Poder Ejecutivo y podría tener cambios.
“La Ursea, el regulador, viene y dice: ´Si acá hubiera libre competencia y estuviera lleno de importadores, el precio de venta sería este. Señor Ancap: venda a estos precios´. Por lo tanto, pasa a ser un problema para Ancap, porque tiene que ser rentable con esos precios. En lo personal, pienso que es una posición exigente, pero no es imposible de lograr y desde el punto de vista de la opinión pública saca a Ancap de la ecuación. Ancap va a decir: ´Nosotros vendemos al precio que cualquier otro vendería en el mercado”, señaló el presidente del ente Alejandro Stipanicic en la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores.
El jerarca explicó que la entrada en vigencia del nuevo esquema supone un “cambio radical”, porque se pasará de mostrar resultados en función de lo que determinaba el gobierno a un régimen de paridad de importación donde los resultados de Ancap “serán netamente su gestión”.
“A Ancap se le impone el monopolio y que esos productos monopólicos tengan que venderse a un determinado precio –que es el precio de un competidor ideal en Uruguay– y, por tanto, con esos ingresos tiene que manejar su presupuesto y su operativa”, dijo Stipanicic según la versión taquigráfica.
Por otro lado, señaló que en la medida que el negocio tendrá un cambio “no valdrá la pena comparar los resultados de 2021 con los de años anteriores. “Me parece que esto es importante, para bien o para mal. No sé cómo va a ser el devenir de los resultados futuros de Ancap –espero que sean buenos o, por lo menos, sustancialmente mejores a los que vamos a mostrar este año, con todo lo que sucedió–, pero creo que es importante destacar que ya vamos a comparar negocios diferentes”, apuntó.
Sobre el futuro de la planta de pórtland de Paysandú, Stipanicic recordó que se está conversando con el sindicato que realizó tres planteos: instalar el tercer horno, contratar toda la mano de obra tercerizada y contratada de forma no permanente, y contar con una ley que obligue a que las obras públicas compren pórtland Ancap.
El jerarca explicó que la inversión del Estado en el horno “depende seriamente” de que contar con un mercado para colocar la producción. Si bien existe un mercado potencial en la Mesopotamia argentina, Stipanicic dijo que Ancap “no está en condiciones de ir a pelear a ese terreno”.
“No tenemos la espalda comercial, no tenemos la posición y no tenemos el despliegue territorial como para ir a pelear por puntos de venta en barracones de Argentina. Cualquier inversión que suponga volver a desarrollar industrialmente la producción de clínker en Paysandú, entendemos que tiene que ir de la mano de la apertura de un mercado en Argentina, mercado que hoy está sobreabastecido”, afirmó.
“Tendría que ser una inversión que fuera muy competitiva, muy agresiva desde el punto de vista comercial y que tuviera la espalda suficiente como para meterse con empresas muy grandes como Cementos Avellaneda, Holcim o Loma Negra en Argentina”, añadió Stipanicic
El horno hoy en contenedores tuvo un costo de US$ 48 millones y se estima que el costo de instalarlo se ubicaría entre US$ 80 millones y US$ 130 millones. La empresa solicitó una auditoría sobre el inventario y sobre su estado dado que es clave para cualquier decisión futura.
En un escenario “razonablemente optimista”, en los próximos 5 años el negocio del pórtland prevé perder unos US$ 50 millones. Stipanicic explicó que si se destinaran US$ 80 millones o US$ 100 millones para instalar el horno y no se consiguiera un mercado adicional “sería todo pérdida”.
“Hay que buscar la clave para el desarrollo de la industria en Paysandú, y lo cierto es que Paysandú no puede perder un puesto de trabajo más. Esa es una situación que también es dramática y es una restricción más al problema. Esto lo hablé con la ministra (de Economía Azucena) Arbeleche y en determinado momento me mira y me dice: ´Son puras restricciones lo que tenés´. Y le digo: Sí, a veces es así. Pero el departamento de Paysandú está muy complicado en fuentes de trabajo y eso también debe ser tenido en cuenta en la decisión que se adopte”, comentó Stipanicic.
Hasta ahora ninguna de las alternativas oficiales ha manejado que Paysandú siga abierto bajo la órbita estatal. Entre los escenarios se ha manejado el cierre de la planta y seguir la operativa únicamente en Minas. Otra alternativa es un negocio orientado a Argentina, pero con un privado a cargo de la inversión que se haría cargo de las inversiones necesarias.
El ente mantendría la titularidad de las reservas de calizas y sería el proveedor de materia prima a través de un contrato de venta de caliza. El sindicato ya adelantó que no aceptará una privatización de ese complejo industrial. La decisión final se tomará entre fines de este año y comienzo del próximo.
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