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Salarios y licencias médicas: los temas del Presupuesto "trancados" entre el Ejecutivo y la bancada

El aumento salarial a la oficialidad baja en las Fuerzas Armadas también está sobre la mesa a pedido de Manini Ríos

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18 de noviembre de 2020 a las 05:01

En más del 80% de los artículos del proyecto de ley de Presupuesto hay acuerdo, según los cálculos que hacen en la bancada oficialista. En algunos quedan puntos por definir y en unos pocos todavía las posiciones están alejadas. Pero en esos temas las divergencias no están en la interna de la bancada de la coalición sino con el Poder Ejecutivo, por lo que los legisladores oficialistas esperan que el gobierno sea "más flexible" en el tramo final de la discusión. 

Los dos principales pasajes que están en discusión están vinculados con los funcionarios públicos: la recuperación salarial y las licencias médicas. “Está trancado. Vamos a ver qué pasa pero esos dos temas están trancados”, dijo a El Observador el senador blanco y presidente de la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, Gustavo Penadés.

Pero además de estos dos temas, los legisladores del oficialismo tienen otros puntos en los que esperan que el Ministerio de Economía les diga de dónde pueden sacar recursos: los salarios de la baja oficialidad en las Fuerzas Armadas, las becas universitarias y partidas para la Universidad Tecnológica (UTEC). En caso de que no haya directrices, serán los legisladores los que decidan las reasignaciones, dijeron a El Observador fuentes parlamentarias.

El senador blanco Jorge Gandini fue el que salió a marcar la cancha este martes en el tema del aumento salarial para los funcionarios públicos. Para el legislador es necesario que el Poder Ejecutivo “dé señales” y flexibilice su postura porque a su juicio los estatales han mostrado una “actitud de comprensión” con la situación. 

La redacción del artículo 4 es la que genera diferencias. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece que los trabajadores perderán salario real en 2021 y lo recuperarán antes del final del período. Ya en la Cámara de Diputados se le realizaron algunas correcciones –como que la recuperación del poder de compra debe estar finalizada el primero de enero de 2024- pero esa formulación sigue sin conformar a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). 

Gandini es quien encabeza las negociaciones tanto con COFE como con el coordinador de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco. Sin embargo, hasta ahora no han logrado llegar a un entendimiento. 

El senador cree que es necesario que quede claro en el texto de qué forma y cómo se va a recuperar la pérdida de salario real que van a sufrir los trabajadores públicos. Es decir, qué porcentaje se va a recuperar en 2022, cuánto en 2023 y así sucesivamente. En el gobierno entienden que es suficiente que el texto diga que se va a recuperar antes del primero de enero de 2024. 

“Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, creo que los funcionarios públicos ya han hecho un importante esfuerzo”, aseguró Gandini en rueda de prensa. 

El senador esperaba que cuando este miércoles la delegación del Ministerio de Economía comparezca ante la comisión ya existiera un acuerdo sobre este tema, pero en el oficialismo prevén que deberán seguir negociando. 

Certificaciones médicas

En cuanto a las certificaciones médicas, la bancada parlamentaria y Ejecutivo tampoco han logrado llegar a un acuerdo. Si bien en la coalición hay una posición mayoritaria a que el Presupuesto establezca una comisión para tratar el tema que tenga que presentar una propuesta en 90 días, en el Poder Ejecutivo esto no conforma, según dijeron a El Observador fuentes parlamentarias. 

La posición del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie es que el Senado vote el pasaje tal como vino de Diputados y que en paralelo se cree esa comisión. Cuando la comisión defina una nueva normativa, derogaría la que se vote en el Presupuesto. 

Pero a los senadores les genera un contrapunto votar un nuevo régimen y, al mismo tiempo, promover una comisión para crear otro, dijeron las fuentes legislativas. El objetivo con la comisión es alcanzar los máximos consensos posibles para poder aplicar el nuevo sistema a toda la administración pública ya que para integrar a los entes autónomos y servicios descentralizados se precisan mayorías especiales.

En Diputados se votó un régimen que establece que cada funcionario tiene dos días de licencia médica por año y, en caso de no usarlos, se acumulan. Además, la propuesta implica retroactividad al 2018 por lo que para 2021 todos los funcionarios públicos comenzarían con 6 días de licencia médica. Una vez utilizadas esas jornadas comienzan a correr tres días en los que no se cobra nada por la inasistencia y a partir del cuarto se recibe el 70% del salario. 

Sin embargo, esta propuesta no tiene el apoyo del Frente Amplio y, por lo tanto, no se alcanzarían las mayorías especiales requeridas. Así la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que es uno de los organismos con más días de licencia por enfermedad quedaría afuera del nuevo régimen. 

Otros temas

Los senadores de la coalición ya tienen un artículo redactado para otorgar nuevos recursos para la Universidad de la República (Udelar) y la UTEC. En el caso del primer organismo para becas universitarias y en el segundo para la expansión territorial en el noreste del país. 

Ese artículo implica una partida anual de $ 50 millones. Sin embargo, falta agregar de dónde saldrán los recursos. 

El otro tema que los senadores también quieren atender es el de los salarios de la baja oficialidad y los subalternos de mayo rango en las Fuerzas Armadas. Cuando el Ministerio de Defensa definió el aumento de salario para los soldados dejó por fuera al sargento, el integrante de la tropa de mayor rango. Esa decisión se debe a que si les otorgaba un aumento a los sargentos estos podían superar el salario de los alférez y primer oficial. 

Si bien García intentó darle aumento también a la oficialidad baja, el Ministerio de Economía no acompañó esta propuesta. ¨Pero luego de que el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos planteara el tema, los legisladores negocian para ver de dónde pueden obtener recursos para dar el incremento a los oficiales de menor rango y a los sargentos.

El régimen de rendición de cuentas de los viáticos para los funcionarios estatales también es parte de las últimas semanas de negociaciones. Si bien existe una propuesta para modificar el sistema actual –que todavía no se aplica-, el Frente Amplio no la acompaña. El oficialismo quiere alcanzar el máximo consenso para modificar un sistema que la mayoría entiende como inaplicable, aunque tampoco hay consenso sobre cómo hacerlo.

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