Propuestas para la política exterior del próximo gobierno

Uruguay debe regresar pronto a una tradición diplomática que no mostraba reparo alguno a la hora de condenar la violación de los derechos humanos o los atentados a los pilares democráticos de las naciones. Este ha sido el resultado de una errática visión defendida por el gobierno uruguayo frente a la crisis venezolana, con un sostenido apoyo tanto a Chávez como a Maduro. Más recientemente, la muestra de solidaridad con Evo Morales, el que frente a los ojos del mundo, no solo negó el resultado de un referéndum que le dijo no a la reelección, sino que cometió fraude en las elecciones nacionales.

En cuanto a la política comercial, lo primero que debe tenerse en cuenta es la estrecha relación que existe entre la misma y el desarrollo económico de un país. Una política comercial bien diseñada, debe ser parte de una política de desarrollo, basada en análisis serios que reflejen el Uruguay que queremos dentro de 20 o 30 años en términos productivos. Una política exitosa en esta área será un determinante crucial para que más empresas operen en el comercio internacional con lo que eso implica en términos de competitividad, en mayor capacidad para captar inversiones, en la transferencia de buenas prácticas, en un fomento de la asociatividad empresarial y en una mejor calidad institucional, entre tantos otros beneficios que favorecen el desarrollo sostenible.

El próximo presidente de la República y su canciller no podrán volver a negar la realidad vinculada con el Mercosur. Un cambio de la política de inserción internacional de Uruguay comienza con un sinceramiento del proceso de integración. Ya no se trata de una reforma del arancel externo común del bloque como la que propone y lidera actualmente Brasil, sino de plantear con convencimiento, la reforma definitiva de sus objetivos originarios. Uruguay debe proponer que los miembros olviden los ambiciosos objetivos planteados por el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, en particular, los referidos a constituir una unión aduanera y un mercado común. Se tendrá que apostar a consolidar una zona de libre comercio incorporando los productos aún excepcionados y eliminando las barreras no arancelarias que han impedido la formación de cadenas productivas a escala regional.

Debe impulsarse un acuerdo más ligero a nivel institucional que incorpore en su agenda, los nuevos temas del comercio internacional. La reforma del Mercosur, tendrá que encararse tomando como referencia el potencial de una mayor interacción con los instrumentos jurídicos disponibles en la ALADI, incorporando algunos aspectos de la agenda de la Alianza del Pacífico.

La eliminación de las dos metas integracionistas mencionadas, las que evidentemente no hay interés de alcanzar tras cerca de 30 años de historia de la integración regional, habilitaría automáticamente las negociaciones bilaterales, lo que sigue siendo una necesidad cada vez más urgente. Si bien es cierto que en los últimos años se cerró el acuerdo con la Unión Europea y con el EFTA, además de iniciarse negociaciones con Canadá, Corea del Sur y Singapur, el cambio de coyuntura política en la región y las diferencias que mostrarán los gobiernos de Argentina y Brasil, adelantan un complejo escenario y un nuevo quiebre de los consensos básicos.

La política comercial de los próximos años tiene que tener foco en Asia Pacífico, una región donde los socios muestran intereses divergentes. Para Uruguay, es impostergable una aceleración de su inserción en dicha región, la que se ha convertido en uno de los centros de consumo más dinámicos a nivel internacional. Avanzar en acuerdos profundos con China a través del formato TLC, como también con Japón, Indonesia, Vietnam, Filipinas o incluso India, abriría una enorme oportunidad de negocios para empresas locales internacionales interesadas en invertir en Uruguay.

A nivel de su estructura institucional, la política de inserción externa de Uruguay, aún está vinculada a una enorme red de agencias que directa o indirectamente atienden diferentes aspectos de la política comercial. Las mismas no interactúan de forma eficiente entre sí, ni se someten a evaluaciones que permitan medir adecuadamente sus resultados. Las definiciones de las diferentes agencias deben guardar relación con las líneas estratégicas definidas por el gobierno, pero con participación de los empresarios, la academia y los sindicatos.

El próximo gobierno enfrenta el enorme desafío de reformar una cancillería que sigue operando con lógicas del pasado. Por ejemplo, deberá profundizarse la política de presencia diplomática en Asia Pacífico, poniendo también la mira en África y Asia Central. Será necesario discutir los criterios actuales de ingreso, pero especialmente los vinculados al ascenso de los funcionarios diplomáticos. También hay que revisar la gestión actual de la carrera diplomática, ponderando la experiencia adquirida, el perfil y la formación de los funcionarios, el rol de los asesores externos en determinadas áreas, la localización y número de embajadas y consulados, como también el presupuesto asociado a las actividades de acuerdo al nivel estratégico del destino.

Para definir una política de inserción externa es imperioso contar con una visión estratégica basada en ejercicios prospectivos, la que tiene que ser, además, sumamente pragmática y flexible, pero ante todo, firme en su planteo e implementación. Todas estas características han estado ausentes en Uruguay, al menos hasta el momento.

Ignacio Bartesaghi es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la misma Universidad. Doctor en Relaciones Internacionales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.