Qué alternativas analiza el Mides para las personas que viven en residenciales "espeluznantes"

Si bien el Ministerio de Salud Pública (MSP) es el encargado de la fiscalización sanitaria y de la habilitación, con la que solo cuentan 41 de 1208 locales -donde en total residen unos 15 mil adultos en todo el territorio-, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene dentro de sus cometidos inspeccionar las condiciones “sociales” de esos establecimientos, es decir si la higiene, alimentación y el estado general de los adultos mayores es el adecuado.

Un informe elaborado en el Mides señaló que hay más de 100 residenciales que no tienen las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos y en la cartera decidieron que más allá del control que realizan con el MSP por el coronavirus, había que plantearse una estrategia para atender esa situación.

Las autoridades advierten, según estudios primarios, que se debe trabajar para "mejorar la condición" de alojamiento de unos 2.700 adultos mayores. 

La cúpula del ministerio convocó a una reunión para este lunes con el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), el Sistema Nacional de Cuidados y la división de Inmayores para empezar a evaluar medidas. El encuentro fue con aquellos organismos que funcionan dentro de la secretaría de Estado y tienen programas para adultos mayores. 

Las autoridades manejan varias posibilidades, que vienen acompañadas de un problema: más allá de las condiciones –en muchos casos “espeluznantes”, según el ministro Pablo Bartol- quienes viven en esos centros pagan por ese servicio a un privado y el Estado debería hacerse cargo de un servicio que el usuario eligió que sea gestionado por un privado, indicaron a El Observador fuentes de la cartera.

En primer lugar, desde mediados de esta semana se pondrá en funcionamiento la entrega de productos de limpieza y alimentación a los centros más carenciados, a partir de un convenio con la Cruz Roja.

La aspiración del Mides es poder reubicar a los adultos mayores que viven en centros de larga estadía en condiciones muy por debajo de lo esperable. Así lo manifestó el ministro Bartol cuando puso como ejemplo la re locación de personas en situación de calle mientras persista la emergencia sanitaria. Se generaron unas 300 plazas nuevas y 100 adicionales de contingencia en el marco de la emergencia sanitaria, pero con posibilidades de extenderlo cuando la pandemia pase.

Por ahora, no se plantea como opción el cierre de los residenciales porque primero se debe buscar un lugar para que sean reubicadas las personas. En esa línea, el Mides buscará definir estrategias para tener locaciones acordes a las condiciones que un adulto mayor necesita.

Una posibilidad es extender el convenio con la Agencia Nacional de Vivienda para destinar inmuebles abandonados a personas en situación de calle. La idea, que por ahora es tan solo una iniciativa, es que ese convenio se aplique también a casas de larga estadía para personas mayores.

En esa línea, se evalúa también la posibilidad de que el Sistema Nacional de Cuidados disponga de cuidadores y se busquen convenios para enfermería y dirección técnica, que todo centro de esas características necesita.

A su vez, otra iniciativa que se analiza es hacer un convenio con el Banco de Previsión Social (BPS) para que los jubilados y pensionistas puedan hacer un aporte monetario que se debite de sus mensualidades. 

Estrategias en la pandemia

El Mides y el MSP elaboraron un protocolo para residenciales, que ya estaba vigente antes de las dos muertes por coronavirus pero que fue incumplido en algunos casos. En primer lugar, el documento promovió restringir el número de visitas simultáneas a esos centros y pedir que no acudan quienes tienen síntomas de enfermedades respiratorias.

Ante un caso confirmado, se lo debe trasladar a su prestador de salud bajo medidas de bioseguridad, salvo que haya condiciones en el establecimiento para tratarlo correctamente. Eso implica que el enfermo debe ser aislado del resto de los residentes, siempre y cuando se trate de un caso leve.

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Si un residente tuvo contacto con un caso positivo, deberá estar aislado por 14 días y se recomienda “que permanezcan en una habitación con buena ventilación, baño propio (o baño portátil) y con la puerta cerrada”.

En caso de no poder llevar adelante el aislamiento se deberán establecer dos grupos entre los usuarios y quién los atiende. Un grupo con usuarios identificados como casos que tuvieron contacto con positivos de covid-19 y otro grupo en el que se encuentren los usuarios que no hayan tenido ningún contacto, que tiene que ser tratado por personal distinto al de los sospechosos.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció este domingo que se hará hisopado progresivo a todos los adultos mayores que viven en residenciales y que se intervendrán aquellos con casos.

El año pasado, el diputado Martín Lema -por entonces de la oposición- había solicitado que se instalara una comisión investigadora por presuntas irregularidades en el Mides, que terminó fracasando por falta de votos del Frente Amplio. Dentro de lo que pedía investigar, el legislador incluía el pedido de inspecciones realizadas al Hogar La Época Dorada, donde en 2018 murieron siente ancianos en un incendio y que no estaba habilitado por el MSP.

También solicitaba que se detallara el "procedimiento de seguimiento que se realiza en los establecimientos" y las actas de inspecciones realizadas desde enero de 2014 y resoluciones de sanciones que se haya aplicado. En varios pedidos de informe, el diputado solicitó que se incluyeran "acciones coordinadas y cantidad de reuniones de la mesa de trabajo MSP-MIDES, oficios recibidos del MSP desde enero 2015" y que se detallara si existían "establecimientos bajo vigilancia intensiva de ambos ministerios". El diputado, actualmente presidente de la Cámara de Representantes, aseguró en diálogo con El Observador que esa información nunca fue remitida por las autoridades anteriores.