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La fiscalía investiga los cánticos de integrantes de Peñarol y Nacional

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¿Quién es Fernando Romano, el fiscal que citó a declarar a integrantes de Nacional y Peñarol?

Hasta comienzos de 2021 era el fiscal con mayor número de imputaciones y hoy tiene 177 investigaciones en curso; en el pasado tuvo que reconocer errores cometidos durante procesos judiciales

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13 de diciembre de 2021 a las 13:55

El fiscal de Flagrancia de 9no turno, Fernando Romano, está en el centro del foco mediático. Conocido por ser uno de los fiscales con mayores pedidos de formalización, ahora volvió a trascender tras su decisión de actuar de oficio y citar a declarar para este lunes a dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Peñarol y directivos de Nacional tras la viralización de los videos donde cantan canciones de hinchada e insultan a al cuadro rival.

Pero, ¿quién es Fernando Romano? Además de ser el fiscal con más imputaciones también es conocido por reconocer algunos errores durante procesos judiciales de los que estuvo a cargo. 

Desde que comenzó a implementarse el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en 2017, los fiscales pasaron a ser los encargados de liderar las investigaciones de los delitos y los responsables de la cantidad de imputaciones que procesa el sistema de Justicia. A inicios de 2021, Romano es el que había logrado el mayor número de imputaciones en estos tres años

La fiscalía de Romano siempre logró el récord de imputaciones salvo durante los dos primeros meses de implementación del CPP, cuando el titular era el hoy diputado colorado Gustavo Zubía. Romano lo sustituyó cuando el actual legislador se jubiló, en marzo de 2018. Ese año su fiscalía culminó con 410 formalizaciones penales, 98 más que la que le seguía más de cerca. En 2019, Romano alcanzó las 444 imputaciones y, hasta octubre de 2020, logró 421 resoluciones en la Justicia, y el mérito de ser el que tiene menos denuncias en proceso –173– entre los fiscales de Flagrancia. Hoy tiene 177 investigaciones en carpeta.

Uno de los casos de mayor notoriedad fue cuando logró desarticular a la Banda de los Perfumes. que se dedicó a robar varios farmacias de la capital. 

Pero en 2018, también fue cuestionado. En pocos meses, el fiscal tomó dos decisiones polémicas en sus actuaciones ante la Justicia que dejaron como consecuencia penas más leves para los investigados.

El 11 de diciembre, Romano decidió, con aval del juez, aplicar la suspensión condicional de la pena durante las dos primeras semanas de enero para un hombre acusado por los disturbios durante la marcha contra el G 20 ocurrida en noviembre de ese año porque alegó que ya tenía coordinadas sus vacaciones en Valizas.

El hombre de 21 años fue obligado a pedir una disculpa “formal” al periodista de canal 12 Diego Castro, agredido durante los disturbios, y a presentarse en la seccional de su barrio una vez por semana durante cuatro meses. Sin embargo, para que pudiera vacacionar en el balneario rochense, Romano accedió a que la pena empezara a regir después de las vacaciones del imputado.

"Me equivoqué en la evaluación del acuerdo con el abogado defensor", aseguró Romano en aquel entonces a El Observador, pese a entender que "no modificaba en nada" la suspensión o no de la pena que permitía al joven irse de vacaciones. "Reconozco que para la opinión pública puede verse mal, pero si yo no accedía a la suspensión, el joven igual podía ir y venir en el día desde Valizas a firmar, porque no iba a quedar encerrado en la seccional", sostuvo.

El otro caso fue en octubre. En ese momento, Romano pretendía imputarle a Jairo Sosa (sobrino de la líder Chinga Mónica Sosa) un delito de amenazas agravado, luego de que asegurara ante allegados y a través de un video que circuló por Whatsapp que mataría al entonces director de Convivencia del Ministerio del Interior y responsable del operativo contra la banda criminal en Los Palomares, Gustavo Leal. El juez, Gonzalo Arsuaga, aceptó la imputación solicitada por la fiscalía, pero se negó disponer prisión preventiva contra Sosa debido a que el delito de amenaza se castiga con pena de multa de 25 a 700 unidades reajustables (que en ese momento eran entre $ 27.075 a $758.100), y no con privación de libertad. De haber querido solicitar la prisión preventiva, tendría que haberlo formalizado por violencia privada.

Consultado acerca de por qué no se lo acusó del delito de violencia privada en esta audiencia, Romano explicó que el denunciante Gustavo Leal había presentado una denuncia por “amenazas”, por lo que fue ese delito el que se persiguió. Sin embargo, la abogada que ofició como defensa por el Ministerio del Interior explicó a El Observador que los denunciantes señalan hechos y que es la fiscalía quien debe definir qué delitos corresponden.
 

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