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Tres juezas con historial a favor del financiamiento de medicamentos resolverán si se retoma la vacunación
Tres juezas tienen en sus manos la decisión sobre el retorno, o no, de la vacunación contra el covid-19 en menores de 13 años. Martha Alves de Simas, Marta Gómez y Mónica Bórtoli —integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno, en cuyo historial reposan varias sentencias a favor del financiamiento de medicamentos de alto costo, y dos de las cuales fallaron a favor del Estado cuando una tabacalera denunció por el envasado plano de cigarrillos— cuentan con cuatro días hábiles para laudar el diferendo que tiene en vilo a la campaña vacunal.
Cuando faltaban 23 minutos para la hora de cierre del juzgado —y por consiguiente para que venciera el plazo legal para la devolución de la respuesta—, se abrió la puerta de acordeón del ascensor en el cuarto piso de la sede judicial. Dos asesores del abogado Maximiliano Dentone, quien a comienzos de julio denunció al Estado para que suspendiera la vacunación anticovid-19 en niños, cargaban el expediente cuya altura equivale a una torre de 16 centímetros de hojas apiladas y en cuya carátula se lee en letras rojas: “Amparo”. El abogado denunciante subió por la escalera caracol y, sin perder tiempo, entregó el material a los funcionarios del juzgado letrado de lo Contencioso Administrativo de cuarto turno que aguardaban ese instante hacía más de una hora y media.
A partir de ese momento empezó la cuenta regresiva. El juez de turno franqueó el expediente a un tribunal de apelaciones que, por la aleatoriedad del sistema informático, recayó en el sexto turno. Y ahora son las tres juezas las que tienen que decidir si reafirman el fallo del juez Alejandro Recarey —quien había suspendido la vacunación hasta que el Ejecutivo divulgara, entre otros aspectos, los contratos de compras de las vacunas— o bien si revocan aquella decisión.
El momento se hizo esperar y los funcionarios judiciales no ocultaron esas ansias con bromas imitando a Gustavo Salle hablando en un megáfono —tal cual el verdadero abogado antivacunas lo estaba haciendo en ese momento en la puerta del juzgado— o preguntándose qué podían merendar durante esa (larga) espera.
Dentone había presentado la denuncia (el amparo, como se le llama a este tipo de recurso jurídico) el primer día de julio. El juez Alejandro Recarey —quien estaba subrogando durante la feria judicial y que según el programa televisivo Santo y Seña pidió ocupar ese lugar por esos días— falló una semana después a favor de la suspensión de la vacunación. El lunes siguiente, el Ministerio de Salud Pública, ASSE y Presidencia apelaron esa sentencia. Dentone retiró el expediente para su estudio y contestación. Ayer los devolvió y, como máximo, el martes que viene habrá un veredicto.
¿Presión?
El diputado colorado Felipe Schipani consultó a la Suprema Corte de Justicia si investigará —o si ya inició una investigación administrativa— al juez Recarey dado que, a su entender, hay prueba suficiente de que el magistrado podría haber actuado sin imparcialidad.
Dentone dijo ayer que el gesto del legislador ejerce presión sobre la Justicia, que “hay alguna forma de interferencia sobre el Poder Judicial”, aunque no le atribuye intencionalidades políticas.
El Ejecutivo había centrado su apelación en conceptos más jurídicos: criticó la “forma de interrogar a los testigos” o el “prejuzgamiento” del juez Recarey que ya se había pronunciado contra la confidencialidad de los contratos de vacunas.
En este sentido, la respuesta del abogado Dentone también puso el foco en los aspectos de forma y de la técnica jurídica. Por ejemplo, se quejó sobre la forma en que estaban escritas las apelaciones del Ejecutivo en el intento de que el tribunal mantuviese firme la sentencia de Recarey. Además, insistió en los 39 considerandos del juez Recarey en su fallo, en especial con aquel que expone que el Ministerio de Salud debía haber estudiado de forma independiente el contenido de la vacuna y “no solo homologado un prospecto” que viene de un laboratorio. Al respecto, ejemplificó: "No podemos tener de oferta en la heladera de un supermercado un refresco que no cumple con la normativa".
Sobre los aspectos más sustanciales y científicos, Dentone dijo tener pruebas sobre efectos adversos de las vacunas en la población uruguaya, las que prefirió “guardar para otra instancia”. Porque el abogado denunciante es “optimista en un 99%” respecto a que el tribunal de apelaciones le dará la razón.
“En ningún momento pedimos que se prohíba la vacunación de por vida. Solicitamos que se suspenda la vacunación en niños por cosas que están pasando, porque tenemos la información, hasta tanto no se cumpla con la ley”, concluyó Dentone.
