¿Recaudación, seguridad o normas de convivencia?: la ética de los radares de tránsito

Preguntas como estas no hacen más que generar distancia entre los ciudadanos y las autoridades porque reflejan una duda respecto a las intenciones de nuestros gobernantes. En un sistema político robusto y sano, al evaluar las políticas de gobierno los representados partirán de la premisa de que todo lo que las autoridades hacen contempla su bienestar y, así, ni siquiera considerarán la posibilidad de unas intenciones guiadas por el beneficio propio a costa del ciudadano.

En el espacio público conviven personas con necesidades de desplazamiento y transporte. Algunos se trasladan a pie, otros en bicicleta, otros en medios públicos y otros en auto. Cuando las distancias son mayores, los trenes, los barcos, los aviones y otros medios entran en juego. Ante la diversidad de medios de transporte y su proliferación a medida que las sociedades se fueron diversificando y complejizado, surgió la necesidad de regular desde el Estado estos desplazamientos mediante la creación de reglas de tránsito.

Los radares de control de velocidad son un medio para implementar esta función de regulación. Si bien las reglas de tránsito contemplan carteles que limitan las velocidades máximas permitidas, los conductores de vehículos pueden no respetarlas, sea porque no quieren o por distracción. Los radares, objetos tecnológicos por excelencia de la actualmente tan debatida vigilancia, están allí para que las autoridades puedan controlar que los conductores respeten los límites máximos de velocidad establecidos.

Como suele ocurrir en otros países, algunos de los radares instalados en las calles y rutas uruguayas funcionan (tienen una cámara fotográfica dentro, envían información a las autoridades, etc.) y otros todavía no. Sin embargo, su presencia física nos recuerda que nuestras acciones al volante pueden ser controladas por las autoridades.

Esta lógica refleja lo que el pensador francés Michel Foucault llamaba “panoptismo”. Según Foucault, el panoptismo es una estrategia de control en la que los individuos no saben si están siendo vigilados o no, pero siempre ven el dispositivo desde el que se los puede estar vigilando. Así, según Foucault, ante la presencia de la mera posibilidad de estar siendo vigilados por las autoridades (que pueden castigar), las personas se comportan de manera apropiada.

Radares y cámaras de vigilancia reproducen esta lógica, especialmente cuando no están en funcionamiento.  Por eso, estos objetos tecnológicos pueden ser utilizados desde la autoridad como un medio para ejercer su poder, lo que conlleva una discusión sobre cuál sería un uso éticamente aceptable. Una ética de los radares puede ayudar a consolidar una relación de confianza de los ciudadanos respecto a los gobernantes. Acciones mínimas por parte de las autoridades respecto a dónde y cómo ubicar radares ayudará a orientar la balanza hacia el lado saludable.

En primer lugar, el radar debería estar siempre a la vista del conductor: radares escondidos (detrás de curvas con poca visibilidad, de árboles y plantas, en la forma de agentes de tránsito posicionados en zonas poco visibles con medidores de velocidad manuales, etc.) no hacen más que genera una imagen de malicia por parte de las autoridades. Un radar visible ayuda a solidificar la idea de transparencia que es fundamental en toda relación entre quien detenta el poder y quien no.

En segundo lugar, los radares deberían estar debida y claramente anunciados: si lo que importa es prevenir siniestros y cuidar a la ciudadanía, se buscará que los conductores sepan claramente que un radar –ubicado en una zona en la que es particularmente importante que se respete la velocidad establecida– se aproxima para que reduzcan la velocidad y extremen su atención al volante. Un radar que no esté debidamente anunciado contribuirá a reforzar la creencia de que se está buscando sorprender y perjudicar al conductor.

Lo mismo ocurre con radares colocados inmediatamente después de un cartel que reduce la velocidad máxima permitida: si el conductor siente que la ubicación del radar se hizo en un lugar en el que no le da el tiempo suficiente para visualizar el cartel de velocidad máxima y reaccionar frenando, posiblemente la idea que surja será que las autoridades colocaron ese radar en esa posición para recaudar.

Es difícil saber si las autoridades instalan radares de control de velocidad para proteger a los ciudadanos o para recaudar. En términos discursivos, fácilmente se pueden encuadrar estas medidas como una estrategia para el cuidado de la población. También fácilmente, los gobernantes pueden cuidar la relación con los gobernados a la hora de colocar nuevos radares: claridad, transparencia, aviso y anticipación son algunos de los principios que podrían dar forma a una ética de los radares, para que estos realmente cumplan su función de proteger a la ciudadanía y no solamente ser un medio para la recaudación. A su vez, estos principios pueden contribuir a mejorar las relaciones entre las autoridades y la ciudadanía.