Desde la asunción del Raúl Iglesias a la fiscalía de Delitos Sexuales que antes lideraba Sylvia Lovesio, tomó dos decisiones que generaron polémica: por un lado, el archivo de más de 400 causas; por otro, el pedido de prisión domiciliaria a los tres imputados por la violación a una mujer en Cordón a la salida de un boliche bailable.
En ese caso, la defensa de la denunciante –patrocinada por Juan Raúl Williman y Soledad Suárez– lo denunció ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, alegando que comunicó antes por los medios que tomaría esta medida que a la víctima, generándole un perjuicio.
Según supo El Observador a raíz de fuentes fiscales, este fue un motivo clave para que Gómez decidiera iniciarle a Iglesias un sumario con separación del cargo y retención del 50% de sus haberes.
El objetivo del escrito que había presentado la defensa era que "se tomen medidas con carácter de cautela y urgentes" con respecto al accionar de Iglesias, para que "no se siga provocando intimidación, sufrimiento y revictimización a la víctima", de acuerdo al documento al que accedió El Observador. También pedía que "se tomen las medidas que por derecho correspondan" en el caso, si se comprobaba que el accionar del fiscal no fue legal.
Soledad Suárez remarcó en ese momento que las apariciones públicas de Iglesias en varios medios de comunicación –en las que afirmó que pediría el cambio de las medidas preventivas a los tres procesados por abuso sexual para que salieran de prisión y pasaran a cumplir la condena hasta agosto en prisión domiciliaria– estaban dañando a la víctima.
Para la defensa, el hecho de que "él eligió difundir lo que iba a hacer" en La Pecera, programa que dirige Ignacio Álvarez –también vinculado a la víctima en otra causa en la que se lo acusa de haber difundido material privado del caso sin su consentimiento–, por un lado incumple el "deber de protección" que debe tener el fiscal con toda víctima de delitos de esta índole, y por otro tampoco cumple con la "debida diligencia" de investigar el caso y notificar a la defensa sobre las investigaciones realizadas.
Los abogados de la mujer entienden que Iglesias incumplió los artículos 45 y 48 del Código del Proceso Penal (CPP) que mandatan el derecho a la atención y la información de las víctimas por parte de los fiscales, detalla el escrito. Además, mencionan un incumplimiento al artículo 7 de la Ley n.º 19.580 de violencia basada en género, que "establece el derecho a recibir información oportuna".
Además, según la defensa, la no notificación de la decisión a las partes choca con el artículo 61 de la ley orgánica de la Fiscalía (n.º 19.483), que ordena a los fiscales "abstenerse de hacer públicos o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en los que conozcan, o en que intervengan o hubieran intervenido en razón de sus funciones".
Las más de 400 denuncias archivadas
El fiscal Gómez analizó el informe del Departamento de Políticas Públicas sobre los más de 400 casos que el fiscal Iglesias decidió archivar en aproximadamente un mes y ese fue el otro motivo para disponer el sumario.
Si bien Iglesias dijo que se trataba de casos "viejos" que ya no tenían solución o que había otros en los que faltaba mérito, el semanario Búsqueda informó, en base a un pedido de acceso a la información pública que hizo a Fiscalía, que el fiscal descartó algunas denuncias que habían sido radicadas en 2022.
El informe que realizó el Departamento de Políticas Públicas es de orden estadístico y no evaluaba los motivos por los que Iglesias decidió archivó los casos.
