Recursos acuáticos y pesca ilegal

En el marco de la Operación Cruz del Sur, nuestro país recibió la grata visita de un buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos dedicado a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada. 

Se ha firmado un acuerdo por el cual la Armada Nacional recibirá de ese país, tres lanchas de patrulla costera, debiendo hacerse cargo de la logística y del traslado de las mismas al puerto de Montevideo. Este equipamiento defensivo del país de origen, busca modernizar el de Fuerzas Armadas extranjeras, en este caso las de nuestro Uruguay y obedece al buen relacionamiento entre ambos países. 

La incorporación de estos buques significa un avance en la defensa de nuestros recursos naturales y permitirán, suponemos que con otros navíos, hacer efectivas las disposiciones legales que regulan la materia. 

La defensa de estos recursos nacionales es altamente costosa y la pesca ilegal ocasiona pérdidas millonarias, además del daño eventualmente ocasionado a las diversas especies capturadas. En nuestro país la  Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es quien planifica y ejecuta la política pesquera del gobierno nacional. 

Pero además, por ley númrto 19.017 del 30 de noviembre de 2012, fue ratificado el acuerdo internacional suscrito en Roma en el año 2009 en sede de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) sobre el estado rector del puerto, luego reglamentada por el decreto 323/2017. Estas disposiciones contienen medidas destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y nuestras autoridades habrán de estar atentas al debido contralor de los buques que ingresen al puerto de Montevideo, la mayoría de los cuales son pesqueros y deben cumplir con los requisitos previstos por la normativa que rige esta actividad. 

Debe tenerse presente que los principales recursos pesqueros uruguayos  como la merluza, el calamar y los atunes trascienden las fronteras acuáticas del país y que se debe contar con un equipamiento logístico apropiado, para efectuar los controles e inspecciones correspondientes, sin los cuales las normas jurídicas y administrativas serían fácilmente desconocidas. 

Si la documentación que presenta el buque al pretender ingresar a puerto no es satisfactoria, las autoridades competentes podrán negar el ingreso del mismo, inclusive para reabastecimiento de combustible, pertrechos o alimentos, salvo que en casos excepcionales pueda estar afectada su seguridad o la de su tripulación. 

Una vez más, nuestro Uruguay se muestra como pionero y ha demostrado su compromiso y determinación en la materia al suscribir el acuerdo sobre el estado rector del puerto, lo que habrá de redundar en una más eficiente y eficaz tarea de contralor de la pesca dentro de su jurisdicción, generando recursos tan necesarios en todo tiempo. 

Habrá que destinar los recursos presupuestales correspondientes para que la Armada Nacional, la Dinara y la Administración Nacional de Puertos puedan hacer efectivas las decisiones políticas que se adopten en esta materia, en beneficio de nuestro país y su gente. 

Nuestro puerto, ubicado en nuestra ciudad capital, debe seguir siendo un referente en el Atlántico Sur, tanto por su conectividad como por las normas que rigen su utilización. 

Se trata no solo de recursos económicos –que por cierto no es un tema menor- sino también del ejercicio de nuestra soberanía y del prestigio institucional de nuestra República. Ni más ni menos.