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Reservas no son para obras públicas
Usar reservas del Banco Central para financiar obras públicas, como han sugerido el vicepresidente Raúl Sendic y el expresidente José Mujica, es tomar un camino errado que conduce al descrédito y al atraso. Los activos de reserva del BCU, que mantienen un buen nivel de algo más de US$ 18.000 millones aunque solo unos US$ 7.800 millones son de libre disponibilidad, tienen que ser celosamente preservados porque son el único blindaje financiero propio que tiene el Estado. Son vitales debido a que los dos primeros gobiernos del Frente Amplio desatendieron la previsión elemental de aprovechar una década de bonanza mundial para crear un fondo separado de protección, como hizo Chile en igual período y que hubiera permitido financiar ahora más inversión pública. En ausencia de esa fuente y ante el ciclo previsible de menor actividad, Sendic y Mujica, a contrapelo de su propio gobierno, han caído en el peligroso error conceptual de pensar en echar mano a las reservas para costear las obras de infraestructura que el país necesita. Mujica ya lo había planteado, sin éxito, al comienzo de su presidencia.
De mantener intocadas las reservas dependen factores esenciales para el desarrollo. Uno es preservar la confianza de los inversores en Uruguay como país serio y sólido al cual traer sus capitales. Otro es, junto con el manejo adecuado de la deuda pública y el resto de la macroeconomía, asegurar y eventualmente mejorar el grado inversor que nos llevó tantos años recuperar. Esto facilita acceder al crédito externo en condiciones más favorables que las de otras naciones mal gobernadas. Sorprende que figuras frenteamplistas de primera línea soslayen estos postulados básicos de buena administración, especialmente teniendo en cuenta que el país dispone de otras fuentes de recursos para mejorar la infraestructura.
La propuesta de Sendic de utilizar reservas para financiar inversiones estatales siguió a una sugerencia similar de Mujica. El expresidente argumentó que es el momento de hacerlo, aprovechando la credibilidad y estabilidad logradas por Uruguay. La situación es exactamente al revés, porque gastar reservas para hacer obras es la forma segura de destruir la credibilidad y poner en riesgo la estabilidad. Afortunadamente el ministro de Economía, Danilo Astori, descartó categóricamente ese curso al afirmar que el programa de financiamiento del gobierno “no incluye la utilización de reservas”, posición que el presidente Tabaré Vázquez comparte.
En vez de ese camino, las inversiones requeridas en infraestructura tienen que financiarse con capitales privados y, eventualmente, también con fondos de las AFAP. En el primer caso, depende de que el gobierno cumpla su objetivo de simplificar la tramitación de los acuerdos de Participación Público Privada y ofrezca a los inversores condiciones atrayentes. Las AFAP, por su parte, tienen invertida en títulos públicos la mayor parte de los US$ 10.000 millones aportados por los trabajadores activos. Pero queda un remanente considerable que, con las debidas garantías de buen retorno para las cuentas personales de cada trabajador, puede invertirse en obras viales, portuarias y otros campos. Aunque es la salida obvia para que el país avance, no parecen reconocerlo quienes, en la alianza de izquierda, insisten en asignar al sector público tareas para las que carece de recursos genuinos y en las que ha fracasado una y otra vez. Si alguien tiene dudas, que mire a Venezuela y Argentina.
