Responso judicial a Lula

El novelón judicial del domingo en torno a Inácio Lula da Silva se cerró con un lógico responso a las esperanzas del expresidente brasileño de recuperar la libertad y postularse para el gobierno. La orden del juez regional Rogelio Favreto, años atrás militante en el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, de liberarlo ese mismo día para que pueda competir en la elección de octubre fue de inmediato objetada por Sergio Moro, el juez que lideró el desmantelamiento de la corrupción en Petrobras, y por otros magistrados. Finalmente el presidente del Tribunal Regional Federal, Thompson Flores, zanjó el entredicho al disponer que Lula siga cumpliendo la condena por corrupción. Falta todavía un fallo final de la Corte Suprema, pero todo indica que llega a su fin el sueño de Lula de recuperar la Presidencia que ejerció entre 2003 y 2010.

Aunque quedara en libertad, lo que es más que improbable, Lula está inhabilitado por ley a postularse en la elección por haber sido condenado en dos instancias judiciales, primero por Moro a nueve años y después por un tribunal de segunda instancia, que le aumentó a 12 años la pena. Pese a la irrefutable vigencia legal de su condena e inhabilitación, el PT sigue reclamando que se lo libere para que pueda pujar por la Presidencia. Es un manotazo sin mucha esperanza, ya que Lula, por lejos el político con más respaldo popular, era la mejor carta de un partido sin otras figuras de peso.

Con Lula virtualmente descartado, como corresponde, la elección dentro de tres meses es una carrera abierta y sin favoritos. Lideran una larga lista de precandidatos el exmilitar ultraderechista Jair Bolsonaro y la dirigente ecologista Marina Silva, escindida del PT años atrás, pero cada uno congrega poco más del 10% de intención de voto. Bolsonaro ha moderado su habitual discurso extremista para ganarse al poderoso sector empresarial, pero sin avanzar en apoyo popular.

Y nada se ha vuelto a escuchar de una anunciada postulación del presidente Michel Temer. Al igual que gran parte del espectro partidario, también está manchado por denuncias de corrupción que casi le cuestan la destitución meses atrás y es el político más impopular por sus medidas de ajuste fiscal para sacar al país de dos años de recesión. Incluso esas medidas fueron validadas por casi todos los precandidatos, incluyendo a Silva, durante un reciente debate televisivo, pero sin ganarle intención de voto.

Mientras la definición presidencial sigue siendo un misterio, han ingresado a la palestra cientos de empresarios, economistas, abogados y otras personas que no pertenecen al manchado sistema partidario y proyectan postularse a cargos en los estados y en el Parlamento Federal. Es posible que inyecten algo de ilusión renovadora en la campaña en reemplazo de dirigentes escudados en sus partidos pero desacreditados.

Más de la mitad de los actuales senadores y un tercio de los diputados están bajo investigación judicial, además de los muchos exministros, políticos de primera línea y grandes empresarios que ya están en la cárcel por los escándalos de corrupción. Con Lula en el limbo, Brasil necesita un nuevo gobierno, libre de corrupción, capaz de afirmar su estabilidad económica y rumbo político, de incidencia decisiva para su futuro y para la región. Por ahora, sin embargo, no se lo vislumbra. l