Retos brasileños

A esos acróbatas de circo se los conoce como funámbulos, una palabra que también define a la persona que sabe actuar con habilidad, especialmente en la vida social y política. Sin esa actitud en los dos principales referentes de la actual política brasileña, se ahondará la polarización ideológica y así se pondrá en riesgo la quebradiza gobernabilidad del país, un factor decisivo para que avancen las buenas reformas económicas del gobierno federal.

Lula fue excarcelado por una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que revocó una norma anterior que autorizaba la prisión de los acusados por la Justicia en segunda instancia. Significa que ahora la pérdida de libertad solo es legítima cuando la sentencia es firme.

Lula salió de la cárcel envalentonado como si el STF hubiese emitido un fallo sobre el asunto de fondo: una acusación de corrupción pasiva y lavado de dinero por parte de un tribunal de segunda instancia. Y están pendientes por lo menos otros seis procesos similares.

Aunque dijo que lo anima el “amor” y que no tiene sed de venganza por los 19 meses que estuvo en prisión –de una pena de 8 años y 10 meses–, el jefe histórico del Partido de los Trabajadores (PT) anunció en estos días a sus simpatizantes su disposición a combatir “el lado podrido” de la Justicia, el Ministerio Público y de la prensa, y criticó con mucha vehemencia al presidente Bolsonaro.

Bolsonaro –que representa el voto anti PT– y Lula –el principal referente político de la oposición– son las puntas de lanza de una polarización ideológica que se refuerza con el líder de izquierda en libertad. 

La personalidad combativa de ambos líderes hace temer la irrupción de vientos huracanados en la política, inapropiados para el florecimiento de una economía que está mejorando muy lentamente por un conjunto de reformas –algunas sancionadas durante el gobierno de Michel Temer– que han tenido el apoyo decisivo del Congreso. Pero el camino que debe recorrer Brasil para alejarse del estancamiento es muy largo y complejo.

En octubre pasado, el Congreso aprobó una reforma a la seguridad social que es la principal sangría de un déficit fiscal de un 6,5%. Ahora, está comprometido en apoyar un plan para reducir el excesivo sector público de Brasil, que acelera las privatizaciones e incluye un paquete de racionamiento del gasto en todos los niveles, con medidas de ajustes en la jornada laboral y en el número de funcionarios en función de la relación de ingresos-egresos. Es un “pacto federativo” para estimular un mejor uso de los recursos públicos. Y luego llegará el tiempo de la reforma tributaria. 

Hasta ahora el Congreso no se ha contaminado de los escándalos políticos de Bolsonaro y su círculo más próximo, sobreponiéndose a la agitación política del país que alimenta la polarización.

Habrá que ver si tiene suficiente fortaleza como para no sufrir una eventual batalla política entre Bolsonaro y Lula que pondría en riesgo el clima de gobernabilidad.