Durante varias décadas, Chile fue considerado el país modelo de la región por la estabilidad y profesionalismo de sus políticas públicas. Está claro que ya no lo es. Los primeros signos del malestar aparecieron a fines de los noventa, cuando comenzó un nuevo ciclo, particularmente intenso, de movilizaciones y reclamos de tierras de los mapuches. A comienzos del siglo XXI el malhumor se trasladó a las ciudades. En 2006, estallaron las protestas de los estudiantes de enseñanza secundaria exigiendo cambios de fondo en el sistema educativo. El terremoto estudiantil siguió durante los años siguientes, con picos en 2008 y 2011, y con epicentro, ahora, en las universidades. Las sucesivas reformas a las estructuras educativas heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet propuestas durante las dos presidencias de Michelle Bachelet no conformaron a las organizaciones estudiantiles. En 2016 y 2017 fue el turno de las movilizaciones contra el sistema de Aseguradoras de Fondos de Pensiones. Según sus organizadores, la marcha realizada el 26 de marzo de 2017 congregó a 800.000 personas en Santiago de Chile. El “estallido social” de octubre 2019, originado por el aumento en las tarifas del sistema de transporte público de Santiago, fue la última perla del larguísimo collar del enojo ciudadano.
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