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Rumbo al país de las últimas cosas

El narcotráfico y una solución que se pide a gritos 

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28 de agosto de 2018 a las 21:54

Uruguay cae en el abismo del narcotráfico. Las alarmas suenan, el gobierno escucha, pero no reacciona.
En el mes de mayo la ciudadanía leyó con estupor en una entrevista de El Observador al actual director nacional de Policía, Mario Layera, que “un día los marginados en Uruguay van a ser la mayoría” y que si la situación no mejora, “Uruguay va a terminar como Guatemala o El Salvador, con barrios privados con seguridad propia. El Estado –sentenció– disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás cobrando peaje para todo”. 


Este fin de semana, también en este diario, el expolicía Raúl Guarteche, hermano del extinto e intachable policía Julio Guarteche, insistió en el tema: “En Uruguay, el delito, la violencia y el desorden social aumentan en todos los rubros. No hay lugar del país que no haya sido alcanzado por esta realidad. Hay zonas que viven en la anarquía social”, dijo.

“Hoy Uruguay es terreno fértil para el narcotráfico. Los narcos operan a piacere. No desde hace tiempo, ¡desde hace tiempazo!”, subrayó.
Basta realizar un breve paneo de las últimas noticias relacionadas con crímenes sin resolver, ajusticiamientos, sicariato, desalojos violentos y diversas modalidades relacionadas con el hampa que resulta imposible no asociar con el narcotráfico.
Sin ir más lejos se puede mencionar la lucha entre las bandas de los Chingas y los Camalas en Casavalle, que paulatinamente se ha convertido en la principal fuente de violencia y crímenes en la periferia la capital. Una violencia que empieza a sentirse en otros barrios, con crímenes que empiezan a subir en la escala social demostrando que los tentáculos tienden a crecer.


O la situación en el Chuy donde el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, debió intervenir, pidiendo a Brasilia acciones conjuntas para detener la escalada de violencia en la frontera donde los asesinados suman decenas.
También Minas donde la jerarca municipal, Adriana Peña, llegó a pedir la militarización de la ciudad para detener los enfrentamientos de dos familias por las bocas de ventas de drogas. O San Carlos donde los vecinos ya no saben cómo pedir la intervención del Estado para que los proteja de las bandas y el crimen. Pero también Salto, donde hay cinco barrios donde la ley no impera.
La pregunta que surge es: ¿qué estaban pensando las autoridades del Ministerio del Interior, los gobernantes, cuando se veía la violencia narco arreciar en Colombia, luego en México, Río de Janeiro y en América Central? Pablo Escobar y el Chapo Guzmán son los íconos sobresalientes de ese mundo terriblemente sórdido, no son solo series de televisión. La sensación es que la pasividad con que el Ministerio del Interior enfrentó este tema no condice con las señales que cualquier ciudadano medianamente informado fue viendo venir, como una tormenta perfecta.


En las próximas elecciones la seguridad será el tema que más preocupe a los uruguayos. Los políticos no pueden mirar más para el costado. Es necesario desactivar la bomba del narco si es que aún queda margen. Uruguay, su pasado de respeto a las instituciones y convivencia pacífica no merecen convertirse en el país de las últimas cosas donde ya nada importe y haya que salvarse cada uno como pueda.

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