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Se habla de una deuda "simbólica" de hasta US$ 20 millones.

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Salto Grande: la “grieta” que dejó la dictadura y que puede costar hasta US$ 20 millones

Cabildo Abierto impulsa un nuevo reclamo de reparación a los exobreros que construyeron la represa en reclamo de un despido que deberían haber cobrado hace 42 años 

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12 de junio de 2022 a las 05:00

Desde junio del año pasado y semana tras semana sin excepción un mínimo de 200 personas se reúnen todos los sábados en la Plaza Artigas de Salto. Allí reclaman, sistemáticamente, que el Estado se haga cargo de una deuda que va camino a cumplir medio siglo. Son los obreros que, a partir de 1974, participaron en la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, y que denuncian que en su momento fueron despedidos sin ningún tipo de indemniización, además de reclamar por otros créditos laborales que nunca le fueron pagos por una decisión expresa, dicen, de la dictadura, que desvió los fondos que estaban previstos para ese fin. 

Se trata de un reclamo histórico, que ha llegado a convertirse en un tema habitual a resolver en cada período parlamentario. En las últimas cuatro legislaturas hubo por lo menos un proyecto y todos tuvieron el mismo final: el archivo.  El asunto volvió a ponerse sobre la mesa en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, luego de un planteo presentado a mediados del año pasado por el diputado Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto). El texto, que lleva también la firma de Omar Estévez (Partido Colorado) y Álvaro Lima (Frente Amplio), le pide expresamente al Poder Ejecutivo una ley de reparación para resarcir económicamente a los involucrados. El reclamo pasa por el pago de despidos, francos compensatorios y horas extras que no fueron liquidadas hace 42 años. 

Los testimonios aportados en el Parlamento son concluyentes. La empresa contratada en su momento para la obra una multinacional italiana, dejó al irse el dinero para saldar todo. El dinero fue derivado a las arcas estatales y terminó licuándose en Rentas Generales. 

El problema se origina en 1978, cuando un decreto de la dictadura determinó el "final de las obras” en Salto Grande,  que terminaron realmente en 1983. También dejó sin efecto el pago a los obreros uruguayos que allí trabajaron, determinando que no les correspondía despido. No fue el caso de los extranjeros, que cobraron todo en tiempo y forma. 

Ese año el exdiputado frenteamplista Carlos Texeira, que actuaba como abogado en el juicio que entablaron los trabajadores, fue conminado a abandonar el caso bajo la amenaza de represalias.  Pasaron varios gobiernos y, en 2006, el grupo decidió organizarse para reclamar lo que consideran le corresponde. En 2009 se comenzó a discutir la posibilidad, a propuesta de los exobreros, de instalar un peaje en Salto Grande para así obtener el dinero para pagar la deuda. 

Comenzó a funcionar en 2013 y lo hace hasta ahora pero, también en este caso, la recaudación fue a otros fines. La Comisión Técnico Mixta lo deriva a diversos apoyos a clubes deportivos e instituciones sociales.  Así lo recordó la semana pasada en la comisión uno de los referentes del grupo, Mario de los Santos que, al igual que el diputado Albernaz, apuestan ahora a la respuesta de este gobierno.

  Los extrabajadores mantuvieron contactos  con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado quien, según De los Santos,  se comprometió a "meter un equipo técnico" para empezar a trabajar en el proyecto. También dijo que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se comprometió a "meter cabeza" para dar con una solución. En una de sus recientes visitas a Salto, le pudieron entregar una carta al presidente Luis Lacalle Pou, que "se mostró dispuesto a instalar un diálogo". 

Debe haber respuesta 

La intención primordial es que, a través de una ley reparatoria, el Estado reconozca la deuda y tome las acciones correspondientes. Albernaz recordó al respecto que este es un tema que ha venido siendo utilizado políticamente en todas las campañas electorales y confía en que ahora, finalmente, habrá una solución. "Nadie puede decir que no es reclamo justo", dijo. "Claramente, a quien le toca la responsabilidad es a nuestro gobierno electo. Todo descansa, principalmente, en la figura de nuestro presidente". 

La solución, necesariamente, debe llegar desde el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa privativa en la materia. En su proyecto, el diputado cabildante suguiere que, dado que Salto Grande "puede manejar a discrecionalidad" grandes cifras de dinero producto de una obra de la que estos exobreros fueron "parte de su esencia", sería una fuente importante para saldar la deuda. 

Se estima que la solución debería comprender a poco menos de 2.000 personas. Cerca de la mitad ya fallecieron, por lo que la reparación la cobrarían sus familiares. .Albernaz recordó que, en el año de reuniones en la plaza, " hemos despedido y hecho minutos de silencio por un número importante de exobreros".  De los que quedan vivos, el más joven tiene 74 años. La respuesta, tanto en un sentido como en el otro, debe llegar este mismo año. Los contactos que ha mantenido con el gobierno le permiten al diputado ser optimista. "Me podrían haber dicho que sí o que no, y el no todavía no está", destacó.

La deuda económica es casi imposible de determinar. Los pedidos de informes efectuados al Banco de Previsión Social no han sido concluyentes, por lo que todo se basa en estimaciones. 
Consultado, Albernaz sostuvo que, si se asumiera en su totalidad,  el monto a pagar podría llegar a  los US$ 100 millones. Pero como legalmente los reclamos por créditos laborales prescriben luego de cinco años, el diputado consideró que la definición de la deuda será política.  Albernaz habló en entonces de un “pago simbólico”. Las cifras que manejan los legisladores están entre los US$ 15 millones y US$ 20 millones. 

Una grieta marcara

La comisión espera ahora recibir la postura de la Comisión Tecnico Mixta de Salto Grande, que deberá comparecer en el Parlamento. Además de Albernaz otros integrantes de Cabildo Abierto se pusieron al hombro el reclamo. El diputado Martín Sodano advirtió que la represa de Salto Grande es la obra más importante que tiene UTE, que por esa vía obtiene el 43% de la energía eléctrica que genera. Así, se preguntó por qué la empresa no cubre al menos un porcentaje de la deuda con los exobreros con lo que recauda pro la venta de energía al exterior. 
"Acá hay una grieta que dejó marcada el gobierno de facto" advirtió Sodano al llamar a encontrar una solución. "A los trabajadores no hay que darles la espalda en ningún momento", reclamó. 

Un proyecto de reparación similar al actual había sido presentado en 2010 por el diputado nacionalistas Rodrigo Goñi, que en su momento recordó que el Banco de Previsión Social  había resuelto por esa época reajustar los montos jubilatorios de los exobreros de Salto Grande, al determinar que en su época no se habían realizado los aportes correspondientes por todas las partidas compensatorias, lo que perjudicaba los haberes de estos beneficiarios. 

A juicio de Goñi eso constituía otra prueba que respaldaba el reclamo ya histórico de los trabajadores. Según afirma ahora Albernaz, hoy cobran en promedio $ 16 mil mensuales de pasividad, por lo que sugirió una alternativa. "Un ajuste sustancial de sus jubilaciones sería muy bien recibido por ellos", señaló. 

En 2006 el Frente Amplio había presentado otro proyecto similar, que también concluyó sin resolución. En ese momento la bancada de izquierda había consultado al exministro de Trabajo colorado, Hugo Fernández Faingold, que coincidió en la información: el dinero había sido depositado para pagar los créditos laborales había sido depositado por la empresa constructora al concluir las obras, pero fue derivado a Rentas Generales. 

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