Información que la Policía de Francia logró descifrar sobre comunicaciones de Sebastián Marset en una investigación de Países Bajos sobre la operativa desarrollada por el narcotraficante uruguayo en América y Europa, logró confirmar que días antes al atentado con una bomba molotov a la sede de la Brigada de Drogas en el Prado y a la amenaza a Mónica Ferrero, el 9 y 10 de mayo de 2020, Marset anunció que lo iba a hacer.
Según supo El Observador, esa información fue remitido por la Policía de Francia a la Policía de Uruguay y notificada al fiscal de Flagrancia Diego Pérez quien investigó ambos hechos y logró la imputación y condena de unas 40 personas. Además había llegado a la conclusión de que Marset estaba detrás de ambos delitos pero le faltaba una prueba concluyente para demostrarlo.
La investigación encabezada por el fiscal Pérez e Investigaciones de la Policía, denominada Operación Wayra, intentó llegar a la mayor cantidad de integrantes de la organización que se cree respondían en última instancia a Marset.
Entre los imputados figuraban desde una vendedora ambulante, un carnicero del Cerrito de la Victoria, una empleada de Antel de Peñarol, un soldador de la zona de Mercado Modelo, el dueño de un taller de caños de escape en La Blanqueada, quienes probablemente ni supieran que trabajaron para Marset, pero también estaban el contratista de fútbol Gerardo Arias desde cuyo celular, utilizado por su hijo Rodrigo Arias, se envió la amenaza a Ferrero, que a su vez se redactó en un teléfono de Perú.
Tambien fue imputado una pieza clave de la organización que era Rodrigo "Loli" Fontana Ferreira, a quien se le había incautado un cargamento de 450 kilos de cocaína. Fontana, que fue asesinado en Santana Do Livramento en julio de 2024 de seis disparos, era considerado socio de Marset en Uruguay. Se lo imputó por reiterados delitos de importación y exportación de estupefacientes y por tráfico interno e internacional de armas ya que no se pudo probar su directa participación en los hechos de la Operación Wayra. También había sido imputada Romi González, pareja de Fontana.
Un dato no menor es que el defensor de Marset, Santiago Moratorio había sondeado en noviembre de 2023 al fiscal Diego Pérez sobre la posibilidad de que Marset se entregara y asumiera su responsabilidad por ser el autor intelectual de ambos hechos.
Eso ocurrió días antes a que Marset concediera la entrevista a la periodista Patricia Martin para el programa Santo y Seña, cuando parecía encontrarse acorralado ante lo que parecía ser su inminente detención aunque pasaron más de dos años para que la DEA lograra capturarlo.
La amenaza a Ferrero estaba firmado con las siglas PCU, correspondientes al Primer Cártel Uruguayo, firma que apareció en varios ladrillos de cocaína incautados en países de la región.
El mensaje decía: “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”.
La prueba que confirma que Marset estaba tras el atentado y la amenaza a Ferrero
Las comunicaciones que la Policía de Francia logró descifrar son mensajes de Skype en los que Marset anunciaba lo que haría.
La prueba que ahora involucra a Marset con los delitos cometidos en Uruguay, fue distribuida por los investigadores franceses a distintos países que seguían la pista de Marset como Brasil, Paraguay y España y ha sido utilizada en sentencias para acusar a Marset judicialmente.
En el caso de Paraguay, el primero que había librado la alerta roja de Interpol para pedir su captura internacional y el que logró la extradición de su expareja Gianina García luego de que se entregó en España, fue utilizado como pruebas de la operacion A Ultranza Py.
Sobre esa prueba también se pronunció el abogado defensor de Marset, Santiago Moratorio, quien afirmó tiempo atrás que se trata de prueba que no fue obtenida legalmente por lo que puso en duda su pertinencia para ser utilizada.
Sin embargo, ya hay jurisprudencia que señala que en la medida en que esa información fue obtenida de acuerdo a las reglas de Francia si desde la fiscalía de Uruguay se solicitan las pruebas a través de los canales de cooperación internacional sería prueba lícita que se podría usar contra Marset para juzgarlo por esos hechos en Uruguay.
Según supo El Observador la DEA ha estado en contacto con la fisalia pidiendo informacion sobre esos casos y a su vez la fiscalía uruguaya analiza tramitar una orden de detención y pedir la extradición de Marset, algo que siempre se había considerado para el momento en que se consiguieran las pruebas.
El Observador consultó al fiscal del caso pero Pérez declinó hacer comentarios.
Hasta ahora Marset no tiene causas abiertas en el país ni es requerido por ningún delito si bien se lo relaciona con varios de los cargamentos que han sido capturados.
También figura como el principal sospechoso del atentado con la granada que sufrió la fiscal Ferrero en su casa en setiembre pasado.
Los investigadores de ese caso no tienen dudas de que fue el autor intelectual. De los ocho identificados, los dos que lideraron el ataque fueron un expolicía, de 55 años, que conoce a Marset y tiene trato con él, y su hijo, que fue quien viajó a Bolivia y trajo la granada que fue lanzada en el patio de Ferrero. Al último de los detenidos se le incautaron granadas similares a las que se detonó en el casa de la fiscal de Corte.
