Una vendedora ambulante y un carnicero del Cerrito de la Victoria, una empleada de Antel de Peñarol, un soldador de la zona de Mercado Modelo, un comerciante dueño de un taller de caños de escape en La Blanqueada, son algunos de las más de 40 personas que fueron imputadas por el atentado con una bomba molotov a la Brigada de Drogas y la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero, ocurridos el 9 y 10 de mayo de 2020.
La investigación encabezada por el fiscal de Flagrancia Diego Pérez junto con Investigaciones de la Policía que tuvo como oficial del caso a una comisaria, puso en práctica todas las técnicas posibles para ubicar a los integrantes de la organización que se cree responde al narco uruguayo que permanece prófugo, Sebastián Marset.
Por medio de escuchas telefónicas -se recolectaron 180 páginas con números de teléfonos celulares de los involucrados-, levantamiento de secreto bancario, información tributaria y rastreo de giros, se concretó la Operación Wayra que viene a cuento porque Marset a través de su abogado Santiago Moratorio intentó negociar en los últimos meses con la Fiscalía para entregarse en Uruguay y evitar Paraguay en caso de que cayera detenido. Entre octubre y noviembre Moratorio sondeó al entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber y a distintos fiscales sobre la posibilidad de que Marset asumiera su responsabilidad de ser el autor intelectual del atentado a la Brigada Antidrogas y de la amenaza de muerte a Ferrero.
Si Marset se entregaba podría haber sido imputado por un delito de violencia privada –que tiene una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría– y así dilataría su entrega a Paraguay, único país en el que el narcotraficante es requerido.
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La sede de la Brigada Antinarcóticos fue atacada en mayo de 2020
Luego de esas negociaciones El Observador solicitó los audios de las audiencias que se llevaron a cabo a lo largo de 2020 y 2021 y reconstruyó cómo funcionaba la organización, y quiénes la integraban. Aunque los niveles de participación son muy distintos, entre los más de 40 imputados había personas de distintos barrios y variadas ocupaciones. En la mayoría de los casos llegaron a acuerdo abreviado con la Fiscalía y recibieron la condena.
La Fiscalía tiene el convencimiento de que Marset está atrás y de que un nexo que une a algunos de los imputados son las drogas y los autos. Otro vínculo que tienen en común muchos de ellos es que los defiende Moratorio, el abogado de Marset.
Pasando en limpio
Si bien la amenaza a Ferrero estaba firmado con las siglas PCU, correspondientes al Primer Cártel Uruguayo y esa firma apareció en varios ladrillos de cocaína incautados en países de la región, no está claro que esa organización como tal exista o que todas estas personas la integren.
“Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje enviado al celular de la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, que recibió al día siguiente del atentado contra la Brigada Antidrogas del 9 de mayo de 2020.
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La investigación permitió descubrir que el mensaje fue enviado desde un celular perteneciente al contratista de fútbol Gerardo Arias que era utilizado por su hijo, Rodrigo Arias. La amenaza se redactó en un teléfono de Perú pero llegó a Ferrero entre las 14:09 y las 14:13 del 10 de mayo de 2020 desde el celular que usaba Rodrigo Arias.
Arias fue imputado con arresto domiciliario por 60 días por un delito de violencia privada especialmente agravada por encontrarse involucrado con una organización delictiva, y por un delito de tenencia no autorizada de municiones porque al allanar su domicilio en setiembre de ese año también se encontró un cargador con cartuchos calibre 9 mm marca FC, un proyectil calibre 23 largo, un cartucho percutido y un cargador marca block con capacidad para 17 cartuchos. Arias declaró que se lo había dejado un amigo, Federico Curiel, vinculado al narcotráfico y quien fue asesinado de seis disparos frente a su casa, relató el fiscal en la audiencia.
El contratista también resultó imputado con arresto domiciliario por 30 días por tenencia ilegal de armas y por amenazar a los policías que realizaron el allanamiento cuando buscaban a su hijo.
Cuando la organización de Marset concretó la amenaza, la fiscal Ferrero había incautado pocos meses antes más de dos toneladas de cocaína.
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Sebastián Marset
Según expresó Pérez en las audiencias, una pieza clave de la organización es Rodrigo Fontana Ferreira, conocido como Loli, a quien se le había incautado un cargamento de 450 kilos de cocaína. Se lo considera socio de Marset en Uruguay. Fue detenido en marzo de 2021 y extraditado desde Brasil en setiembre de 2022. Se lo imputó por reiterados delitos de importación y exportación de estupefacientes y por tráfico interno e internacional de armas ya que no se pudo probar su directa participación en los hechos de la Operación Wayra.
En octubre de 2020 había sido imputada Romi González, pareja de Fontana. El fiscal relató en la audiencia en la que se la enjuició que en febrero de ese año había sido detenida conduciendo la camioneta con los 450 kilos de droga. Además, afirmó que "con fines de facilitar la actividad ilícta de la organizacion realizó sendos giros dinerarios" a través de redes de cobranzas y detalló algunos de ellos por US$ 492,67, US$ 1.975, US$ 591. Entre esos giros constaban algunos que recibió de parte de Lourdes Ramírez, otra integrante de la organización, quién a su vez recibía y enviaba giros a al menos siete personas. González depositó dinero para otras personas que dijo desconocer, aunque admitió que lo había hecho a pedido de su pareja. Sobre la camioneta en la que transportaban la droga, el fiscal dijo que se estaba investigando si pertenecía a una persona que tiene una automotora.
Ramírez fue condenada en un proceso abreviado como autora penalmente responsable de un delitos excepción a las normas relativas a la participación criminal, que castiga a quien preste asistencia a una organización criminal ya sea para favorecer su acción, su mantenimiento o su impunidad. El fiscal Pérez consideró que "realizó y recibió sendos giros dinerarios con conocimiento de que los mismos formaban parte de la actividades ilícitas de la organización".
Otro de los imputados clave fue Alejandro Borba, quién fue imputado en julio de 2020 y a quién se le incautó una moto Kawazaki modelo Ninja que figura como hurtada, con la que se cree que se efectuó el atentado con la bomba molotov en la Brigada Antinarcóticos del Prado. Según relató el fiscal cuando lo condenó por proceso abreviado por los delitos de tenencia ilegal de armas, receptación y negociación de sustancias, al allanar su casa en Cerrito de la Victoria encontraron armas, droga, una balanza de precisión así como pesos uruguayos y argentinos.
El fiscal imputó por tenencia de arma en lugares públicos a Alejandro Cornaccione, quien era buscado por desplazarse en un auto BMW que fue ubicado y se incautó dentro una pistola calibre 25, seis municiones, y droga, que dijo tenía "para su protección porque la situación de la calle es difícil". El arma tenía indicios residuales de disparo, dijo Pérez quien también señaló su vínculo con Sebastián Fleitas y Ramirez.
En el caso de Sebastián Fleitas, hermano de un integrante de la organización, si bien no surgió participación directa sí se reunieron pruebas de su asistencia ya que ha realizado al menos tres giros de dinero que guardan relación con la organización. A su vez a través de Market Place de Facebook, "ofreció un vehículo perteneciente a Martín Gandolfo, quien integra la organización. En ese vehículo se trasladaba Roni Fernandez, otro integrante de la organización que fue condenado por asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración real con delitos de negociación de estupefacientes. A los que el fiscal Pérez pudo probar que estaban directamente vinculados con la bomba a la Brigada de Drogas y la amenaza a Ferrero, les imputó asociación para delinquir, como también fue el caso de Lorena Cazenave.
