Marset durante la entrevista con Santo y Seña

Nacional > intento de negociación

Sebastián Marset evalúa entregarse en Uruguay por amenaza a la fiscal Mónica Ferrero

En mayo de 2020 una bomba molotov explotó en la sede de la Brigada Antidrogas en el Prado y luego la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero recibió una amenaza de muerte en su celular
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28 de noviembre de 2023 a las 05:00

Dadas las negociaciones que intenta llevar a cabo el abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, con la Fiscalía para una posible entrega en Uruguay del narco y de sus familiares, había amplia expectativa por la entrevista que emitió este domingo el programa Santo y Seña de Canal 4.

El abogado dijo la semana pasada que prefería esperar a la entrevista y luego evaluar si era necesario salir a dar alguna otra explicación, cosa que no quiso hacer.

Sin embargo, según supo El Observador, Moratorio sondeó hace unos días al fiscal Diego Pérez sobre la posibilidad de que Marset se entregue y asuma su responsabilidad por ser el autor intelectual de la bomba molotov que un grupo de personas arrojó en la Brigada Antidrogas y de la amenaza de muerte que recibió por Whatsapp la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero. Ambos delitos fueron cometidos en mayo de 2020. Telemundo también informó sobre esa posibilidad de entregarse por delitos menores.

A pesar de este inicio de las conversaciones, según supo El Observador, el fiscal Pérez no se comprometió a avanzar en el tema, aunque sí buscará cerrar el caso. 

Si esa línea prospera, a Marset se le podría imputar un delito de violencia privada –que tiene una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría– y así dilataría su entrega a Paraguay, único país en el que el narcotraficante es requerido.   

El director de Investigaciones de la Policía Nacional, Juan Rodríguez Reina, dijo en rueda de prensa que la hipótesis que se maneja es que estaría en Paraguay, pero aclaró que no hay veracidad sobre ese punto y agregó que si apareciera en Uruguay tendría que ser detenido por la alerta roja. Una vez realizado esto, Uruguay debería comunicar a Paraguay, donde él y algunos de sus familiares son requeridos por su participación en la operación A Ultranza. En Uruguay Marset no tiene ninguna requisitoria hasta el momento. 

Desde Fiscalía señalaron a El Observador que si Marset se entrega en Uruguay el camino será la extradición. En ese caso intervendría un juez de Crimen Organizado, ya que son los competentes para resolver los pedidos de extradición y el motivo por el cual esos juzgados siguen funcionando.

Al no tener ninguna causa abierta en Uruguay, una vez notificada la Justicia de la presencia en el país tendría que ser detenido y comunicar enseguida a Paraguay de la detención. El juez paraguayo tendrá un plazo de 40 días para pedir formalmente la extradición, y aportar a Uruguay las pruebas que lo inculpan, según establece el acuerdo de extradición del Mercosur.

Aunque la prisión preventiva no es obligatoria durante la tramitación de la extradición es un hecho que en un caso como este, con el riesgo de fuga, se resolverá prisión. Pero si pasados los 40 días Paraguay no formaliza el pedido de extradición, deberá ser liberado.

De todos modos, es sabido que los procesos de extradición pueden ser dilatados con recursos, ya que el fallo del juez de primera instancia puede ser apelado y el caso derivar en la Suprema Corte de Justicia, que puede tardar años en expedirse.  

Si bien se manejó como una posibilidad que se indague por lavado a sus familiares, por el momento no es posible abrir una causa por ese delito si no hay otra investigación precedente para que Fiscalía inicie una indagatoria paralela. 

Para que Marset fuera imputado por la fiscal Ferrero tendrían que surgir pruebas contundentes de su participación en algún cargamento de drogas, sobre lo que sí hay indicios pero no elementos como para llevarlo a juicio.

Al respecto Rodríguez Reina dijo que en las estructuras de crimen organizado "los líderes están mas lejos del terreno y es muy difícil vincularlos". Agregó que de las tres toneladas de cocaína que han sido incautadas en los últimos meses, hay indicios de que algunas estaban vinculadas a Marset pero no suponen "alta evidencia" para poder convertir en prueba durante un juicio. 

En el otro caso en el que se lo señaló a Marset como responsable es en el homicidio de quien fue uno de sus amigos de la infancia, pero desde Fiscalía dijeron que no es posible reabrir esa indagatoria porque no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Y por este caso fue sobreseído en 2020. Si bien la Fiscalía tenía la certeza de que de el asesinato era de su autoría, no se lo pudo llevar a juicio porque las pruebas “se desvanecieron” en el expediente, según dijo la fiscal Cristina Falcomer a La Diaria en agosto de este año.

Por la desaparición de esas pruebas se está realizando una investigación administrativa en Fiscalía que ya está concluyendo y que determinará si hubo responsabilidades administrativas de parte de alguno de los fiscales que intervinieron. Al momento de la detención y de la imputación la fiscal era Darviña Viera, después intervino Patricia Rodríguez, luego Maximiliano Sosa y finalmente Falcomer.

Según consignó La Diaria tras acceder al expediente en el curso de la indagatoria se perdió un celular, desaparecieron audios, hubo oficios mal diligenciados, falta de respuestas de las empresas telefónicas y demoras en Policía Científica.

“Yo podía tener el convencimiento de que Marset había sido el autor del crimen, pero no tenía evidencias suficientes y no había condiciones como para ir a juicio. Cuando tomamos el caso con el equipo, nos llamó mucho la atención la cantidad de cosas que faltaban en la carpeta”, reconoció Falcomer.

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