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Se suicidó policía imputado por torturas y comunistas denunciaron amenazas

El expolicía Hugo Guillén estaba imputado en la causa de Los Vagones, que investigaba torturas en un centro clandestino durante la dictadura

Jefatura de Policía de Canelones

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25 de octubre de 2020 a las 16:24

El expolicía Hugo Guillén, uno de los tres funcionarios que fue imputado en diciembre con prisión preventiva por la causa de Los Vagones, se suicidó en la mañana de este sábado mientras cumplía con prisión domiciliaria, informó La Diaria. 

En la tarde, tras la confirmación de la muerte, Blanca Calero y Ricardo Echeverry, dos integrantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU), recibieron por teléfono amenazas de muerte que denunciaron en la seccional 1° de Canelones, informó a El Observador el diputado comunista de ese departamento, Ubaldo Aita. 

Guillén, junto a los policías Winston Vitale y Alejandro Ferreira, fueron imputados por delitos continuados de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves en el centro clandestino Los Vagones, que funcionó en dos locaciones en la zona del Parque Artigas de Canelones, entre finales de los sesenta y 1975. 

Calero y Echeverry fueron detenidos y torturados durante la dictadura en el centro clandestino, dijo Aita. 

"Se trata de personas entradas en años con una vida dedicada a la militancia política y que objetivamente pasaron por estas instancias de tortura, de violación de derechos humanos", señaló el diputado. 

Una vez enterada de la situación, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, se comunicó con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. 

Aita reconoció que hubo una "respuesta inmediata" del Ministerio del Interior (MI). La cartera de seguridad resolvió que el jefe de Policía de Canelones, Victor Trezza, se encargue se seguir el caso, informó. 

Guillén integró la Dirección de Investigaciones de Canelones y fue identificado por sobrevivientes como uno de los responsables de las torturas en este centro clandestino que al fondo del edificio tenía tres vagones de ferrocarril, dos en los que se recluía a dirigentes sindicales y políticos y otro donde se depositaban las pertenencias de los militantes.

En diciembre de 2019, la investigación se formalizó y los tres policías fueron imputados con prisión preventiva por 120 días a pedidos del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe. Hasta marzo, los exfuncionarios cumplieron la prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena, pero en ese mes el juez de Canelones Luis Alberto Sobot les concedió la prisión domiciliaria. La defensa de los acusados la habían solicitado por razones de salud. 

La departamental de Canelones del PCU rechazó y repudió estas "amenazas sufridas" por los dos militantes comunistas en un comunicado y les expresa la "total y activa solidaridad".

Además, ratificó el "compromiso" del partido en la "construcción permanente" de una sociedad con "plena vigencia de las libertades democráticas" donde estos actos "merezcan el rechazo de todas las fuerzas democráticas que la componen", finaliza el texto. 

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