La construcción de la segunda planta de UPM fue durante más de tres años uno de los principales motores para la industria de construcción, y un gran generador de empleo, al margen del dinamismo que también aportan los proyectos viales y la inversión en vivienda promovida que está en marcha.
Finalizada la obra de Pueblo Centenario y otros proyectos de menor porte, en el sector sobrevuela el temor de que haya un “bache en la actividad”, que hoy ocupa unos 55.000 trabajadores.
Es una inquietud que se viene expresando desde hace ya tiempo. Y en el mediodía del martes fue uno de los puntos centrales que la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), trasmitió a varias autoridades de gobierno, entre las que estaban el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y los ministros José Luis Falero (Transporte y Obras Públicas), Omar Paganini (Industria, Energía y Minería) y el subsecretario Mario Arizti (Trabajo y Seguridad Social).
Desde el gobierno se coincidió en la preocupación por “apretar el acelerador” para seguir generando puestos de trabajo.
Durante la reunión que se extendió por casi dos horas, la gremial empresarial que preside Alejandro Ruibal, también presentó la idea de crear una agencia de infraestructura que promueva inversiones en el sector. El valor del dólar y sus efectos en este sector de la economía fue otro de los temas que estuvo arriba la mesa, y que se conversó con el presidente del Banco Central, Diego Labat.
El intercambio entre empresarios de la construcción y funcionarios de gobierno para plantear las inquietudes de la industria ocurre en las puertas de una nueva negociación salarial. En esas instancias se deberá definir el nuevo convenio colectivo del sector y los ajustes para los próximos años.
Ruibal expresó que en el corto plazo se observa con “cierta preocupación” la “politización” y el “enlentecimiento” de algunos proyectos de infraestructura, según relató a la salida de la reunión. A modo de ejemplo, mencionó las obras en la terminal de contenedores de Katoen Natie o la planta de agua potable de OSE en Arazatí.
“Sin ponernos para nada en la discusión política, que no nos corresponde, porque tiene que haber garantías para todo el mundo, pero también los proyectos tienen un momento de ejecutarse. Tenemos temor de que hoy en día terminado UPM y terminadas otras obras se genere un bache en la actividad”, apuntó Ruibal.
El Poder Ejecutivo resaltó que hay proyectos en marcha como el plan Avanzar, y otros en etapa de licitación o próximos a hacerlo, como Arazatí o el saneamiento en pequeñas localidades del interior, que entre los tres suman US$ 1.000 millones de inversión. También se mencionaron otros vinculados a construcción y energía.
Además se habló sobre el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap), con el objetivo de “agilitar un poco” proyectos relacionados con infraestructura que “generan mucha mano de obra”, dijo Delgado.
Uno de los ejes que ha planteado la nueva directiva de la CCU es incentivar las inversiones. En ese sentido, se considera necesario generar condiciones para que se estructuren proyectos de diverso tipo, por la vía de contratos de Participación Público Privado (PPP) o contratos de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Financiamiento de infraestructura (Cremaf).
En esa línea es que la gremial promueve la idea de crear una agencia de infraestructura con una mirada de mediano y largo plazo, en donde se estudien proyectos y se creen bancos de ideas de grandes inversiones, para que luego los gobiernos puedan elegir los que más les interese fomentar.
Esta herramienta no es nueva en el mundo y ya existe en otras partes como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. “Qué mejor que una agencia que los estudie, los despolitice, que se profesionalice el análisis. Obviamente el filtro político tiene que aparecer y el gobierno que gana tiene que poner su impronta, pero basado en un material trabajado profesionalmente”, dijo Ruibal.
En el gobierno se lo ve como una “buena idea”, que hay que “pulir”, según trasmitió Delgado.
Una variable que tiene incidencia en los costos del sector es el dólar. La preocupación que hay en la industria por el tipo de cambio también estuvo presente en la reunión del martes y se le hizo saber al titular del BCU.
“Me preocupo con las cosas atadas al dólar. (…) Cuando tenemos un dólar con un problema de debilitamiento muy grande y hay empresas o sectores que tienen contratos en dólares, pero gastan en pesos, entonces ajustan su paramétrica en pesos y se descalzan con los dólares. Ese es un tema que también lo hablamos, no es un tema sencillo y de fácil resolución”, dijo Ruibal.
“Uruguay es lo que es, y hay cosas que son propias de una economía chica. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver cómo mitigarlo. No le podemos pedir al gobierno que por arte de magia lleve el dólar a $ 45. Ahí hay que tener el arte de buscar la mejor solución envolvente para todos”, reconoció.
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