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El futuro de la construcción después de UPM: cómo generar 15 mil empleos
Miguel Noguez y Andrés Oyhenard
La segunda planta de UPM y obras como el Ferrocarril Central, sumado a algunos proyectos viales y educativos de Participación Público Privado (PPP) se mantienen en la primera parte del año como los principales motores de la industria de la construcción. Hay también buenas perspectivas asociadas a la construcción de Vivienda Promovida con varias iniciativas de inversión ya presentadas que puede concretarse en el mediano plazo. En épocas marcadas por la pandemia la actividad ha mantenido niveles aceptables de ocupación, con un promedio de 44.200 trabajadores (personal directo de obra) en el primer cuarto de 2021.
Sin embargo, una preocupación que está sobre la mesa es la retracción de la inversión pública. Empleadores y trabajadores coinciden en que ese efecto comenzará a sentirse sobre el empleo en el transcurso de 2022 y 2023, cuando obras importantes que están en curso se vayan terminando.
En la industria ven como una debilidad que la actual administración no cuente con un plan de infraestructura definido a esta altura y cuya relevancia cobró importancia por el shock que provocó (y está causando) la pandemia sobre la economía uruguaya. La obra pública fue el caballito de batalla utilizado para darle un envión a la actividad en medio de la pandemia, incluso en países desarrollados como EEUU. En Uruguay, el gobierno y el equipo económico argumentan que la situación fiscal no permite hacer un esfuerzo adicional para modificar sustancialmente lo que estaba definido en la ley de Presupuesto quinquenal.
Al freno en el ritmo de ejecución de obra pública se sumó, el desembarco de un ministro “outsider” del rubro como Luis Alberto Heber. Prácticamente no hubo una transición con el ministro saliente Víctor Rossi por un quebranto de salud que tuvo este último. “Creo que tomaron un par de café (por Heber y Rossi)”, dijo un empresario del sector a El Observador.
Desde el gobierno se han mencionado algunas obras que están en carpeta, y que según el presidente Luis Lacalle Pou, servirán para reactivar la economía. “¿Cómo se sale de esto? Con obra pública”, dijo el mandatario en entrevista con Subrayado a comienzo de mes.
Sin embargo, la mayoría de esas obras de infraestructura están todavía verdes y lejos de empezar a ejecutarse. Tampoco se visualizan como algo que pueda mover la aguja del empleo, salvo excepciones como un plan de saneamiento para localidades del interior, que requiere desembolsar cerca de US$ 1.000 millones.
El gasto en inversión del sector público alcanzó 2,2% del PIB en 2020, similar al registro de 2002 y apenas por encima del registro de 2017 (1,9%). En los 12 meses cerrados a abril de 2021 el gasto en inversión del sector público consolidado alcanzó el 1,7% del PIB, según datos del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic).
Empleo y obra pública
Los últimos datos publicados por la Cámara de la Construcción (CCU), muestran que a nivel promedio en 2020 unas 28.000 personas (63%) estuvieron ocupadas en obra privada, y unas 16.500 trabajadores (37%) en obra pública. En los primeros meses de este año este peso relativo no tuvo cambios significativos, según se estima desde la gremial. Este nivel de participación (público y privado) tiene cierta consistencia con el hecho de que al menos en la última década, cerca del 70% de la inversión total en construcción ha correspondido a inversión privada y el restante 30% a inversión pública.
En 2021 la obra de la planta de celulosa de UPM II tendrá el año de mayor actividad cuando en el segundo semestre se llegue a un pico de 6 mil trabajadores. Pero a futuro hay incertidumbre porque no se sabe cómo seguirá la inversión privada y sobre todo porque la inversión pública tendrá menos dinamismo que en años anteriores. LA CCU considera que desde el Estado debería haber una iniciativa de obra pública extra-presupuestal que permita más inversiones en infraestructura.
“Tenemos la expectativa de un plan más amplio, más ambicioso, con un calendario de ejecución. Y también mecanismos que puedan acelerar los plazos de ejecución de la obra pública porque esa es otra dificultad. La burocracia de todo el Estado es importante y eso hace que los procesos sean bastante largos”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O´Neill.
La gran duda
“La gran duda que queda flotando es cómo se va a llenar ese vacío de los 15 mil, 20 mil empleos que están girando directamente en torno a la planta de UPM y el Ferrocarril Central”, alertó una de las fuentes.
¿Por qué hay dudas en la industria de la construcción? Porque no ven grandes obras que puedan suplir el hueco que dejarán esos megaemprendimientos que tienen una alta dotación de mano de obra. “Para mover la aguja necesitás más hormigón, vivienda, saneamiento. Con las rutas no movés la aguja”, aseguró uno de los consultados por El Observador. Para llevarlo a números, lo simplificó con el siguiente ejemplo. Por cada $ 100 que se invierte en una ruta, $ 8 se destinan a la mano de obra. En cambio, en obras como saneamiento, vivienda o puentes, por cada $ 100 invertidos, entre $ 30 y $ 40 se destinan al pago de remuneraciones y aportes a la seguridad social de los trabajadores. Desde el gobierno se han mencionado las rutas 3,5,6 y 9 para llevar adelante distintas obras.
Además, en la industria saben que los proyectos PPP tienen “una tapa” temporal por el fuerte rechazo que siempre manejó desde antes de asumir en el gobierno al actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie, debido a su costo elevado. “Seguramente esa herramienta volverá a ser protagonista a futuro porque otros países la continúan utilizando. Acá hubo una curva de aprendizaje que fue positiva”, consideró un privado.
Pero lo que genera más inquietud en el sector es que el plan b a las PPP -los Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (Crema)- están lejos de materializarse. “Hace meses que se anunció que esa era la alternativa frente a los PPP y hoy no tenemos un solo llamado (a licitación) en la calle”, se lamentó un constructor.
Saneamiento en el interior
En la lista de proyectos que ha mencionado Lacalle Pou en el último tiempo está un plan de saneamiento para localidades con más de 2.000 habitantes, que todavía tiene pocos avances. Según supo El Observador, se trata de una iniciativa privada que requerirá un desembolso de unos US$ 975 millones para desarrollarlo de forma completa.
En OSE la consideran una propuesta muy atractiva, pero que necesita apoyo del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta que el costo sobrepasa ampliamente el cupo financiero de la empresa pública. La cobertura de saneamiento en el interior es de 50% de la población y con esta iniciativa se daría un salto hasta 88%. Esto permitiría que OSE sumara nuevos clientes y tuviera más ingresos por la prestación del servicio. La obra también insumiría una alta dotación de mano de obra distribuida en todo el territorio durante bastante tiempo. En la práctica, todavía OSE no dio el visto bueno para iniciar el proceso de estudio de factibilidad.
Planta potabilizadora
Otra alternativa barajada es una nueva planta potabilizadora de agua en Arazatí (San José). Se trata también de una iniciativa privada presentada por un consorcio uruguayo y que fue aprobada por el Directorio de OSE para iniciar el proceso administrativo. La obra demandará una inversión en el eje de US$ 200 millones y todavía no está definido cómo se instrumentará el financiamiento. En primer momento se planteó hacer la obra y que el Estado se hiciera cargo como en cualquier licitación pública, pero luego OSE pidió a los promotores evaluar fuentes alternativas. De antemano se considera difícil que lo pueda pagar la empresa pública por sí sola, dado lo acotado de su presupuesto Hoy se destinan alrededor de US$ 70 millones anuales al rubro inversiones.
Hidrovía y puente binacional
El presidente Lacalle Pou también puso sobre la mesa la obra de la hidrovía del río Uruguay que no aparece como un gran generador de mano de obra. También se manejó la construcción de un puente binacional entre Bella Unión y Monte Caseros. El proyecto ya está aprobado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y se está discutiendo con el gobierno argentino cómo financiarlo. Según dijo el embajador uruguayo Carlos Enciso en marzo de este año al diario El País, pretende que el proyecto esté firmado, presupuestado, auditado y listo para comenzar la construcción al final del período de gobierno.
La inversión de las empresas públicas
Por el lado de las empresas públicas, las inversiones también están bastante por debajo del promedio del quinquenio anterior. La precaria situación financiera de Ancap ha restringido sustancialmente su volumen de inversión, Antel tuvo un repliegue y OSE invierte muy poco. UTE aparece como la estatal más dinámica en materia de inversión, en particular, con obras en distribución de energía. Este tipo de proyectos suelen tener una alta dotación de mano de obra. Hoy está próximo a comenzar el cierre del anillo norte. La obra adjudicada a la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC) demandará una inversión de US$ 191 millones y dará empleo a unas 1.000 personas. El 80% de la mano de obra deberá ser nacional, según el contrato.
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