La audiencia en la que la Justicia resolvería si imputa a los exjerarcas de Ursec, Nicolás Cendoya y Gabriel Lombide, entre otros, prevista para este jueves 17, volverá a ser aplazada.
Según confirmó a El Observador, el penalista Diego Camaño planteó que la Justicia de Crimen Organizado no es competente para intervenir en el caso. El abogado afirmó que la ley que creó las sedes de crimen organizado es clara en cuánto a que tienen competencia en casos de corrupción pública cuando los montos superan los US$ 20 mil, cosa que en este caso no sucede, en su opinión.
Camaño defiende al abogado que destruyó los papeles en la máquina trituradora y a la novia de éste, quien estaba en el organismo por pase en comisión, y quién le informó y envió a Cendoya copia de la denuncia penal presentada por Ursec a través de un contacto que tenía en Fiscalía que se la envió. Por ese hecho fueron imputados también tres funcionarios de Fiscalía.
El fiscal Diego Pérez pidió para los defendidos de Camaño medidas cautelares aunque no pidió imputarlos.
Como consecuencia del planteo del defensor, la jueza Adriana Chamsarian debió enviar el recurso del penalista al fiscal Diego Pérez para que se pronuncie.
Camaño dijo que la justicia competente es la penal común, como inicialmente lo había señalado el fiscal. Ahora al pedir la imputación de los exfuncionarios solicitó la audiencia al juzgado de Crimen Organizado.
Pérez pidió a la Justicia la realización de una audiencia para solicitar la imputación del exdirector de la Ursec Nicolás Cendoya por tres delitos de abuso de funciones. Junto al exjerarca el fiscal pedirá imputar también por abuso de funciones al expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide; y por coautoría del mismo delito a la secretaria de Cendoya y a Oscar Mecol, exsecretario general de la Ursec.
A juicio del fiscal se probaron tres hechos irregulares: la destrucción de documentación de la Ursec, el procedimiento por el cual se habilitó el funcionamiento de la radio Palmitas FM de Soriano, y el otorgamiento de una radio comunitaria en Salto que operó con una potencia mayor a la habilitada.
*Aclaración: Esta nota fue modificada porque en la anterior versión se informaba que los defendidos por Camaño habían sido imputados por la fiscalía por abuso de funciones pero eso no es así. El fiscal sólo pidió medidas cuatelares sin imputarlos. A los involucrados y a los lectores las disculpas del caso.
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