Según fiscal no hubo "favoritismo" ni dolo del BROU al otorgar préstamos a Fripur

La jueza de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, hizo lugar al planteo del fiscal Luis Pacheco, quien no encontró "elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidades penales a los directores del Banco República de la República Oriental del Uruguay, por cuanto no consta apartamiento de las normas en los procesos de otorgamiento de préstamos a la empresa Fripur", según el dictamen al que accedió El Observador.

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Por el caso, declararon funcionarios, gerentes y directores del BROU que intervinieron en los procesos analizados, como Jorge Perazzo, exdirector de la entidad bancaria, el expresidente del BROU, Fernando Calloia –condenado en mayo de 2019 en la causa de Pluna–, Danilo Vázquez y el actual subsecretario de Economía y exdirector blanco del organismo, Alejandro Irastorza, entre otros. El abogado de este último, Alejandro Balbi, dijo a El Observador que entendía "sujeta a derecho y muy atinada" la resolución del fiscal Pacheco.

Por parte de Fripur, comparecieron el director y accionista de la compañía asistida por el banco, Alberto Fernández –procesado por ofrecer garantías tanto al BROU como al BPS por US$ 10,3 millones sin tener luego la mercancía para ejecutarla–; Ricardo Fernández –sobrino de Alberto e hijo de Máximo Fernández, otro accionista de Fripur que ya falleció–; y Marcelo Dolina, exgerente general de la firma.

La denuncia inicial de la causa había sido presentada en 2015 por el abogado Gustavo Salle –excandidato a presidente por el Partido Verde Animalista–. El penalista advertía, según consignó Pacheco en su pedido de archivo, que el BROU "había recibido una asistencia crediticia multimillonaria en dólares con garantías reales inadmisibles y desproporcionadamente menores de lo que la práctica bancaria normalmente exige", y que lo había hecho cuando la firma estaba clasificada en el banco con la categoría cinco, lo que significaba que era un deudor incobrable.

Pacheco comprobó que esto último no era cierto. Estableció que de acuerdo a lo concluido por un equipo multidisciplinario que trabajó en la investigación, Fripur contó con la calificaciones "1C hasta el 2010; 2A desde el 2010; y categoría tres desde el 2013". Es decir, que la compañía pesquera fue sujeto de crédito hasta esa fecha, donde alcanza el máximo histórico de endeudamiento, estimado en US$ 40 millones.

El fiscal de Crimen Organizado también concluyó que los procesos de otorgamiento de los préstamos "cumplieron con normalidad los procedimientos para su otorgamiento", y que en todos los casos se contó "con informes técnicos previos", otorgados por el directorio y los integrantes de la Comisión de Créditos del banco.

Endeudamiento y conclusiones

Pacheco subrayó en su dictamen que la relación entre Fripur y el BROU ha sido "histórica", y que la empresa fue uno de los clientes más importantes del banco. Sin embargo, la compañía –fundada en 1939– comenzó a endeudarse con el BROU a partir del 2005, y el monto ascendió año a año hasta 2013. En 2014 se declaró en concurso, y entonces la deuda ya estaba en su máximo. No obstante, Pacheco apuntó que constaba que se suscribieron garantías, como "hipotecas, prendas y fianzas solidarias", y recordó que "se iniciaron y se encuentran en trámite acciones judiciales por los créditos impagos". Además, informó que el BROU participó de la liquidación judicial de la empresa en 2015, "junto con el resto de acreedores y la sindicatura, aceptando la venta en bloque de la misma".

Asimismo, adjuntó la declaración del entonces gerente general Eduardo García, quien aseguró que "los préstamos eran concedidos con informes favorables", que entre 2013 y 2014 los créditos no incrementaron la deuda y que "si bien la empresa tenía un buen nivel de garantías, 'era engorroso salir a cobrarlas, por lo que se entendía que era mejor que la empresa siguiera trabajando'”.

Por otra parte, los gerentes ejecutivos del BROU, Ana Beatriz Sarmientom y Raúl Gustavo García, explicaron "que no era extraño asistir a una empresa con categoría tres o incluso cuatro, si se trata de operaciones puntuales", y que aprobaban "muchas resoluciones" en las que se "estampaba la frase de que `no se considerarían nuevas solicitudes de asistencia'", pese a que de igual manera se otorgaban los préstamos. La razón que dieron fue que eso se hacía para "desestimular al cliente" y para "no considerar una mayor asistencia”. “Es una cláusula restrictiva para la consideración de nuevos créditos…es habitual”, señaló uno de los ejecutivos.

Por todo lo anterior, Pacheco entendió que el BROU no se apartó "de las formas y trámites habituales del banco para la concesión de asistencia crediticia", que siempre se respaldaron en informes técnicos que habilitaban los créditos, y que "en todos los casos fueron otorgados por unanimidad de los miembros del Directorio".

"No puede hablarse de trato preferencial ni de favoritismo a la empresa, ni mucho menos de conductas dolosas de parte de los miembros del Directorio o de los demás funcionarios actuantes en los diferentes procesos de otorgamiento de los créditos", definió el fiscal, quien también destacó que los préstamos concedidos fueron "contra la constitución de garantías, (y) dentro de la operativa normal del Banco.

"Las garantías se encuentran en etapa de ejecución; y la circunstancia de haberse constatado la desaparición de bienes prendados motivó el inicio de proceso penal correspondiente y la eventual frustración de tal garantía no puede ser imputada a las autoridades del banco, que actuaron dentro del marco legal formulando la denuncia del caso".

El penalista Alejandro Balbi, defensor de uno de los exdirectores del BROU y actual subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, dijo a El Observador que celebraba la decisión de Pacheco y que la consideraba "ajustada al derecho".