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Siete de cada diez presos mayores de 65 años son reincidentes
El sistema penitenciario uruguayo volvió en los últimos días a romper su récord: llegó a 14.100 personas encarceladas. Solo 180 de ellas, es decir 1,28% del total, tienen hoy más de 65 años de edad, y por lo tanto serían los beneficiados por lo efectos que tendría el polémico proyecto de ley Cabildo Abierto que plantea otorgarles en forma preceptiva, a ellos y a los que sean eventualmente condenados después, la posibilidad de cumplir su pena de prisión en sus respectivos domicilios.
Los datos corresponden al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y fueron citados este martes por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, al realizar una advertencia sobre los efectos "inquietantes" que traería la iniciativa de los liderados por Guido Manini Ríos en caso de prosperar. El informe elaborado por Petit, al que accedió El Observador, subrayó que la causa de mayor incidencia en la prisión de mayores de 65 años es la vinculada a delitos sexuales, que explica cuatro de cada diez casos.
Un 26% de los encarcelados mayores a esa edad lo está por delitos contra la integridad física, otro 14% está preso por delitos muy graves o relacionados con casos de lesa humanidad, el 11% por causas vinculadas a estupefacientes y otro 6% por delitos contra la propiedad.
Según los datos proporcionados, 98% de los presos mayores de 65 años son hombres; el 30% son primarios y el resto, un 70%, han reincidido por lo menos alguna vez en su vida. En este punto, justamente, radicó la alerta de Petit: que personas sin ninguna afectación a su salud o a sus capacidades, autoras de delitos granves y con alto riesgo de reincidencia, podrían volver a sus domicilios que, quizás, sean el mismo espacio donde cometieron los delitos por los que fueron condenados.
El informe del INR plantea además que el 89% de los presos mayores a 65 años ya cuentan con sentencia de condena. El 11% restante, en tanto, solo fue procesado.
Tres de cada diez represores presos ya cumplen pena domiciliaria
Hasta el momento 40 personas han sido procesadas o condenadas en Uruguay bajo la acusación de violaciones graves a los derechos humanos. Todas ellas son mayores de 65 años. Esos datos corresponden al Observatorio Luz Ibarburu, que también estuvo este martes en el Parlamento para manifestar su rechazo absoluto al proyecto de Cabildo Abierto.
Según uno de sus referentes, Pablo Chargoñia, ninguno fue imputado por delitos menores o intrascendentes. Todos los casos, apuntó, están enmarcados en lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama "graves violaciones a los derechos humanos".
De ese grupo de 40 personas, 26 son las que permanecen hoy en prisión efectiva, y tienen en promedio 71 años, según los datos oficiales a los que accedió El Observador. En la Unidad de Internación 8 (Domingo Arena) están alojados 22 de esos reclusos. Los otros cuatro cumplen prisión en la sede de la Guardia Republicana.
Los otros 14 procesados o condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado (tres de cada diez) ya gozan por su parte del beneficio de la prisión domiciliaria.
En su escrito, Petit recordó que tres artículos del Código del Proceso Penal (228, 304 y 305), ya prevén el beneficio de la prisión domiciliaria en casos de salud física o mental, previa intervención judicial. En ese sentido, el comisionado parlamentario cuestionó el proyecto por pretender establecer un sistema “automático” y preceptivo para todo grupo etario, sin intervención alguna de jueces o fiscales competentes, lo que implicaría una “ruptura de la arquitectura” del código procesal, anulando el rol de los magistrados y también de las víctimas al desconocer la individualización de la pena.
Por su parte, la organización –Familiares de Prisioneros Políticos –en referencia a los represores presos en cárceles uruguayas– señaló en el Parlamento que la lista global de mayores de 65 años en las prisiones podría aumentar en el corto plazo, ya que hay más de 140 militares, policías y civiles que están involucrados en causas abiertas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
