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Economía y Empresas > Opinión / Especial para El Observador

Siglo XXI: la privatización del mercado eléctrico y el impacto sobre las tarifas de UTE

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10 de junio de 2022 a las 05:04

Por Enrique Péez Boz *

Durante los primeros años del siglo en curso se inicia lo que interpretamos como una estrategia de largo plazo de privatización del mercado eléctrico en el Uruguay. Casual o causal, apreciamos diversas etapas, ocurridas unas y en proceso otras, que aportan a un eventual objetivo de trasladar al sector privado la generación de energía, lo que hasta hace algo más de 20 años mostraba la casi exclusiva presencia de UTE como proveedor a familias y empresas en el país.

Los años precursores

A partir del Decreto 360/2002 de setiembre de 2002 se iniciará el proceso privatizador, con la aprobación del Reglamento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. Se integrará el Directorio de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) con dos representantes del sector privado, uno por los generadores privados y otro por los grandes consumidores, en un discutible y eventual conflicto de intereses público-privado. ADME no solamente contará con un Directorio con presencia privilegiada de los representantes del sector privado (2 en 5), sino que tendrá bajo su control al Despacho de Cargas, una Gerencia de UTE dirigida desde fuera de UTE por ADME. Transcurrirán los años y no solamente se habrá privatizado la unidad (ADME) encargada del control, sino también el 33% de la energía ofrecida por el Sistema Eléctrico Nacional.

Será necesario el logro de una mancomunidad de visiones con la Dirección de Energía del MIEM, para alcanzar los tres votos requeridos, frente al único representante de UTE. Se logró. Entre los años 2010 y 2018 aparecerán exhortos e iniciativas de las mayorías en el Directorio de UTE, firmándose contratos PPA por cinco veces más de lo acordado por la multipartidaria en el 2010, comprometiendo el costo de la energía eléctrica por 20 y 30 años.

Los acuerdos de compra de energía (contratos PPA)

La semilla caerá en suelo fértil y germinarán los primeros contratos PPA, multiplicándose a partir del año 2010 con el impulso de la Dirección de Energía de entonces y la concreción desde la mayoría del Directorio de UTE. Los precios acordados no revisten, desde nuestra visión, racionalidad alguna. A modo de ejemplo, basta mencionar que se comprometió a UTE y sus usuarios a pagar U$S 129 por la unidad producida (MWh) por 20 y 30 años, cuando esa misma unidad unos 5 o 6 años después es posible producirla y comercializarla a no más de U$S 20. Consecuentemente, UTE cargará en las tarifas de muchos -1.600.000 familias y empresas- US$ 500 millones anuales, los que representan un 40% de sus gastos trasladables a las tarifas más caras de la región. Cuarenta por ciento de los gastos de UTE para el pago de energía que en buen porcentaje no se requiere, generando “excedentes” que cuantificamos y monetizamos en US$ 200 millones anuales.

Primera y segunda generación del cambio de la matriz eléctrica

La primera generación del cambio de la matriz eléctrica se instrumentará mediante los llamados y la firma de contratos PPA por 20 y 30 años. Consistirán en la compra asegurada por parte de UTE, concretándose la incorporación efectiva de los generadores privados al Sistema Eléctrico Nacional en los términos más favorables concebibles para todo empresario. Rentables en tanto se le aseguraron precios no solamente a los parques fotovoltaicos como los antes comentados, sino también a los parques eólicos. Fundamentos suficientes para comprender la pesada mochila que hoy desde la empresa pública UTE representan los más de U$S 500 millones anuales que se deberán seguir pagando a dichos generadores privados, los mismos que oportunamente obtuvieron el derecho a integrar el Directorio de ADME.

El resultado de la primera generación: sobrecostos que redundan en tarifas caras -las más caras de la región- y excedentes que igualmente deben pagarse. La contracara de un gran negocio, en el marco de una estrategia privatizadora de largo plazo.

Con nuevas autoridades desde marzo de 2020 en el MIEM y UTE, se pondrá en marcha la segunda generación del cambio de la matriz eléctrica. Movilidad Eléctrica, hidrógeno, exportaciones y nuevos usos de energía eléctrica se fomentarán y desarrollarán. Intentos que, desde nuestro punto de vista, no son más que esfuerzos por encontrar la adecuada colocación de excedentes irracionalmente generados en la primera generación.

El raptus final: a la captura de los grandes consumidores

Un final previsible para una estrategia de largo alcance: agotada la posibilidad de conseguir más contratos PPA, algunos de los generadores privados -siendo incluso proveedores de UTE por los mencionados contratos PPA- usufructuando de barreras permisivas para la creación de un mercado alternativo, aprontan la competición directa con UTE, buscando atraer para sí a los grandes consumidores, los mismos que se sientan juntos en el Directorio de ADME.

Si dichas empresas lograran conquistar a los mencionados grandes consumidores -el 20% de la facturación actual de UTE- mediante la oferta de precios derivados del avance tecnológico no proyectado por los que firmaron entre 2010 y 2018 los contratos PPA a U$S 129 la unidad (MWh), los gastos de la empresa pública -incluida la fuerte “mochila” de los US$ 500 millones que anualmente se seguirán pagando por 20 años más- ahora se deberán repartir entre el 80% de los usuarios, con la consecuente suba en las ya más caras tarifas de la región. Una vez más: unos pocos cosecharán lo que muchos, más de un millón y medio pagarán.

* Director de UTE por Cabildo Abierto

 

 

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