Nacional > Otra reunión por inseguridad

Siguen las excusas sobre seguridad; ahora el casco impide usar como prueba imágenes de cámaras

El ministro del Interior se reunió con legisladores y con el intendente de Canelones; anunció una sede de la Republicana en Pan de Azúcar

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04 de julio de 2018 a las 05:00

"A nosotros nos preocupa el caso que estamos viviendo en Progreso, en donde hay 39 cámaras instaladas. ¿Se captó el momento en que el cajero automático fue violentado? A ver, esto sucedió a 20 metros de la seccional".

La diputada del Partido Colorado Graciela Matiaude interrumpió con esa pregunta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien explicaba la utilidad de los sistemas de videovigilancia que su cartera ha instalado en varios puntos del país en los últimos años. Le preguntaba por la explosión a un cajero ubicado al lado de la Seccional 19 de esa ciudad, días atrás.

La escena transcurrió en el primer piso del ministerio, donde Bonomi recibió en la mañana de este martes a una quincena de diputados de Canelones, junto al intendente Yamandú Orsi. Los políticos habían solicitado esa reunión para dialogar sobre la inseguridad en el departamento y exigir respuestas concretas.

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"No sé en ese caso, pero se han tomado imágenes de (asaltos a) cajeros automáticos, y (los delincuentes) están con cascos. Entonces la prueba ahí no funciona".

La respuesta de Bonomi molestó a la diputada Matiaude, sentada al otro lado de la mesa. "No tuvo ni argumentos, porque esa contestación fue sin fundamentos", dijo la legisladora a El Observador luego del encuentro. "Otra hubiese sido la respuesta si me hubiera dicho: 'Mire, diputada, están las cámaras pero todavía no funcionan'. Ahora me quedé mucho más preocupada", dijo. Y se preguntó: "¿Cuál es la función de las cámaras, de la inversión que está haciendo el Ministerio del Interior".

En los últimos meses, el ministro, y otras autoridades del ministerio han venido ensayando distintas justificaciones para explicar el aumento de los delitos que se disparó en este primer semestre y que según cifras preliminares se registró un aumento de casi 57% en las denuncias por rapiñas en comparación al año pasado, y 36,6% respecto a 2015.

Según Bonomi, los delitos se dispararon por la liberación de presos en octubre por parte de la Suprema Corte, luego achacó responsabilidad al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y a los jueces y fiscales por dar penas más leves, y a la Justicia de Familia por disponer de 600 policías para custodiar a las víctimas de violencia doméstica ante la falta de tobilleras electrónicas (en total hay 28 mil policías). También el subsecretario Jorge Vázquez dijo que a consecuencia de la ley de inclusión financiera, hay menos dinero en la calle, lo que contribuyó al aumento de robos. Los ladrones deben procurarse más bienes para compensar esa falta de plata. Y ante los robos a los cajeros, desde el Ministerio del Interior se dijo que los bancos no invierten en seguridad.

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Si bien Bonomi viene recibiendo a las distintas autoridades que le han pedido reuniones, al igual que lo hizo la semana pasada con los ocho alcaldes de Montevideo, los legisladores de la oposición no salieron conformes con el resultado de la reunión.

Frustración y refuerzos en Maldonado

El diputado del Frente Amplio José Carlos Mahía celebró esta instancia como un "gesto político" de gran parte de los actores del departamento, en torno a un asunto que definió "de altísima sensibilidad para la población", y que requiere ser atendido "con mucha preocupación", pero discrepó con la valoración que hicieron algunos de sus colegas.

Por ejemplo, Sebastián Andújar, diputado por el Partido Nacional, dijo que la invitación del secretario de Estado lo dejó "con gusto a poco", y que no se encontraron "las soluciones" que los legisladores querían escuchar.

"Hay poca presencia (policial), la gente no se siente cuidada en el departamento de Canelones, como no se siente cuidada en el resto del país. Esa es la preocupación que nosotros trasladamos para que los vecinos se sientan un poco más representados", sostuvo ante la prensa.

El diputado y secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, utilizó la misma expresión –"sabor a poco"–, pero fue un poco más crítico. "No se advierte la gravedad de la situación que estamos viviendo. En Canelones, los homicidios aumentaron 300%, si comparamos el primer semestre de 2017 con el de 2018. La gente está sintiendo lo que sentimos los vecinos del departamento, que es mucha vulnerabilidad".

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Mahía, en cambio, dijo que "el sentido de la reunión" se cumplió, y consideró que las críticas de sus colegas son parte del "juego legítimo de la oposición-gobierno". Sin embargo, reclamó la instalación de "un destacamento de radio metropolitana que atienda desde el límite de Maldonado y Canelones", un mayor patrullaje policial, y que "el sistema de cámaras que se anunció se concrete con mayor celeridad".

Bonomi, no obstante, enumeró algunas medidas que ya están en camino: de las cuatro sedes de la Guardia Republicana que la cartera se encuentra instalando en el país, el ministro aseguró que una de ellas estará ubicada en Pan de Azúcar (Maldonado), en el empalme de la Ruta 9 con la Interbalnearia.

Además, adelantó que en el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió este sábado al Parlamento se prevé el aumento de 100 cupos de becaros para que se desempeñen como policías en Canelones.

Episodios de inseguridad en Canelones


Crimen en Neptunia. El 29 de mayo fue asesinada de una puñalada Claudia Ferreira, quien era cajera de la estación de servicio del balneario, a metros de su lugar de trabajo. Una adolescente de 17 años, y un hombre de 23 años, fueron acusados por el crimen. Ambos habían sido indagados antes por una serie de arrebatos en la Costa de Oro.

Crimen en San Luis. En mayo se detuvieron a tres sospechosos del crimen de Gustavo Darío Barón ocurrido el 3 de noviembre de 2017 en una rapiña. Barón acompañaba a su cuñada y salió a defenderla ante lo cual uno de los rapiñeros le disparó en el pecho y lo mató en el acto. El juez consideró que las pruebas de la Fiscalía no eran suficientes para inculparlos.

Otro homicidio en Ciudad de la Costa. Uno de los indagados por el crimen de Barón asesinó el 7 de junio a Ernesto Morales, de 28 años. El fiscal Fernando Valerio pidió 120 días de prisión preventiva por el homicidio.

Patrullajes de vecinos en Toledo. Luego de una serie de robos violentos a un supermercado y a una sucursal de una red de cobranzas en la que terminaron heridos un cliente y un guardia, un grupo de vecinos decidió iniciar patrullajes con chalecos antibala, gas pimienta y celulares.

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