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Sin fiesta de Reyes, canasta navideña y útiles escolares: Ancap denuncia convenio con sus trabajadores
En un escenario marcado por la conflictividad creciente con su sindicato durante los últimos meses, el Directorio de Ancap resolvió por mayoría denunciar el convenio colectivo con la Federación de Ancap (Fancap), en principio vigente hasta el próximo 31 de diciembre.
En agosto, el Directorio del ente había comunicado que no renovaría más allá de esa fecha el acuerdo marco, tal como se viene haciendo en forma automática desde 1993. Ahora, el ente dio un paso más y da por terminado el acuerdo antes de tiempo. La empresa entiende que el sindicato ha incumplido el convenio en varias oportunidades, por ejemplo, en la declaración de medidas gremiales como paros.
El convenio vigente establece que cuando se dispone una medida de este tipo, debe ser resuelta por un órgano nacional del sindicato, comunicada con 48 horas de anticipación, y luego de agotadas las instancias de discusión. Desde la empresa se sostiene que en los últimos años no se está cumpliendo con el “debido preaviso”, y tampoco se están utilizando las instancias de discusión en la Comisión de Asuntos Laborales.
En ese sentido, Ancap entiende que el sindicato “ha continuado tomando medidas que no respetan lo convenido”. A modo de ejemplo, se menciona que el sábado 23 de octubre a las 13 horas Fancap le comunicó al presidente del ente, Alejandro Stipanicic, la realización de un paro y el corte de horas extras a partir de las 14 horas de ese mismo día, así como el paro de actividades, también el mismo día en el remolcador Ky Chororo.
Además, en Ancap se considera que los reclamos sindicales, numerosos y de variada entidad, son tratados en ámbitos bipartitos y “rápidamente escalan” a medidas que afectan la operativa normal de la empresa si no se llega a un acuerdo con el sindicato.
“Debido a todas las violaciones que ha habido en este tiempo vamos a dar de baja el convenio”, dijo a El Observador el representante del Partido Nacional en el Directorio del ente, Richard Charamelo.
La decisión implica, entre otros puntos, que en diciembre Ancap no tendrá obligación de otorgar las canastas navideñas a sus funcionarios. El año pasado la empresa frenó una compra de 3.170 canastas por unos US$ 120 mil a sabiendas que incumplía el convenio. Fue por exhorto del Poder Ejecutivo y en un contexto donde se solicitó ajustar gastos a las empresas públicas. La decisión motivó un reclamo de un grupo de trabajadores.
La denuncia del convenio también implica que Ancap no deberá realizar un aporte económico para financiar una fiesta de Reyes que se realiza cada año. El ente se hace cargo de hasta un 40% de los costos y con un tope de US$ 10 mil. Tampoco deberá entregar canastas de útiles escolares para los hijos de sus funcionarios.
“El tema de la canasta de útiles que se dio este año y que consideramos hay que darla, al igual que la canasta navideña, son temas que queremos adecuar a la realidad de la empresa y capaz que podemos llegar a un entendimiento. Hoy estamos libres de darlas o no”, indicó Charamelo.
Con respecto al régimen de horas sindicales, Ancap dispuso no innovar en el régimen vigente, hasta el 30 de noviembre de 2021. Hoy el cupo acordado que se paga es de 2.840 horas por mes. La cantidad está relacionada con el número de funcionarios de hace 25 años atrás, unos 6.000, frente a algo más de 2.000 que tiene en la actualidad. Este punto también deberá ser negociado nuevamente porque se considera “una exageración total”, dijo a El Observador una fuente de la empresa. Ahora se encomendó a las gerencias de Servicios Jurídicos y Gestión Humana la negociación de un nuevo acuerdo con el sindicato.
¿Cuáles son los frentes de conflicto que están abiertos?
La Federación de Ancap reclama, entre otros puntos, por el ingreso de personal, la confirmación de trabajadores contratados como funcionarios permanentes, “respeto” a la negociación y convenios colectivos, y por reapertura de áreas como los comedores que fueron cerrados por razones sanitarias a poco de comenzada la pandemia.
El sindicato también es un férreo opositor a la reforma integral del mercado de combustibles que lleva adelante el Poder Ejecutivo. En particular se rechaza el nuevo mecanismo de fijación de tarifas por Precio Paridad de Importación (PPI) incluido en la ley de Urgente Consideración, que será sometida a referéndum. Además, se exige que el negocio del portland continúe bajo gestión enteramente estatal.
