La sindicatura que tomará a su cargo los siete aviones Bombardier de Pluna, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional a la ley que había quitado esos bienes del concurso de acreedores, tiene dinero suficiente para hacerse cargo, al menos por diez meses, del mantenimiento de las aeronaves. En el gobierno hay temor de que no se haga la revisión técnica y por tanto se transformen en chatarra.
El síndico Gabriel Ferreira comentó ayer a El Observador que cuenta con una caja cercana a los US$ 4 millones a los que habrá que sumar otros US$ 400 mil que provendrán de un inmueble en Punta del Este que era propiedad de la cerrada aerolínea. Seguramente ese inmueble irá a remate.
La mayoría de esos casi US$ 4 millones quedaron de la administración de los exdirectores de Pluna cuando se presentaron a concurso. Otros miles de dólares se obtuvieron de la gestión del síndico que concretó algunos cobros, entre ellos el del siniestro por daño de un motor; y dinero que estaba en garantía que se pudo reembolsar.
El costo mensual del mantenimiento de los Bombardier es de US$ 420 mil y deben hacerse regularmente para que los aviones mantenegan la certificación de vuelo. De no hacerse la revisión técnica las aeronaves se depreciarán y rápidamente pasarán a ser chatarra.
Ferreira comentó que lo mejor, una vez que la sindicatura esté en poder de los aviones, “es lograr una solución rápida que contemple a la masa de acreedores”. Los aviones pueden ser rematados, enajenados o ser parte de una licitación, comentó.
El camino lo deberá validar la jueza del concurso Teresita Rodríguez Mascardi. Hasta ahora, los únicos interesados en tres de los Bombardier fueron los extrabajadores de Pluna que formaron Alas del Uruguay, una empresa que recibió el apoyo del gobierno que le entregó tres aviones, a pagar con tres años de gracia y en condiciones financieras ventajosas.
“No veo ningún obstáculo para recibir una oferta de Alas del Uruguay” comentó Ferreira a El Observador.
En el gobierno en principio no hay disposición a negociar el pago de unos US$ 70 millones, que según cálculos de la Liga de Defensa Comercial se pondría fin a los reclamos. Entienden que para eso antes se tienen que asegurar que los aviones sigan en buenas condiciones.
En el Poder Ejecutivo –que espera recibir informes jurídicos de los ministerios de Economía y Transporte– se entiende que al ser ANCAP, el BROU y Pluna Ente acreedores y al sumar las cuota del Scotiabank a cargo estatal, serían mayoría en la Junta de Acreedores y lo que decidan deberá ser acatado por los demas reclamantes.
Sin embargo, el síndico explicó que aún no se sabe con exactitud los detalles de los acreedores.
El proceso de verificación de créditos estaba en la Suprema Corte y recién ahora se podrá acceder al expediente con lo cual se conocerán los detalles de los reclamos.
