Las empresas deben ingresar en el 4% de sus nuevas vacantes a personas con discapacidad

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Solo 10 empresas privadas cumplen con el cupo de discapacidad en Uruguay

En 2020 solo 7 entes públicos contrataron a personas de este grupo, un total de 23 personas, 64 menos que en 2019
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13 de diciembre de 2021 a las 05:01

Solo 10 empresas privadas cumplen con el cupo de discapacidad de la ley Ley N° 19.691, que marca que un 4% de las nuevas contrataciones en empresas de más de 25 empleados permanentes deben ser dirigidos a estas personas, según datos de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Estos bajos guarismos se repiten en el sector público, donde solo siete organismos contrataron a personas con discapacidad en 2020, un total de 23 empleados.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), encargada del contralor de este cupo en los servicios públicos, Conrado Ramos, dijo a El Observador que aunque en 2021 los números preliminares –que se presentarán este mes– mejoraron, sigue habiendo un importante subregistro.

El Ministerio de Trabajo apuesta a potenciar y difundir su Ley de Promoción del Empleo, vigente desde agosto de 2021, que otorga beneficios económicos a cualquier empresa privada que contrate personas con discapacidad, según explicó a El Observador el director nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo (MTSS), Daniel Pérez. También quiere conocer la cantidad de personas discapacitadas contratadas en empresas con menos de 25 empleados permanentes, debido a que como no están incluidas en la ley no forman parte del registro. Además, tanto el Banco de Previsión Social (BPS) como el Mides utilizan un parámetro para incluir a las personas en el Registro de Discapacidad del Mides, lo que puede excluir a personas que también se consideran con discapacidad. Por esto, el director lamentó que "nadie sabe cuántas personas con discapacidad trabajan en Uruguay".

Pérez indicó que la pandemia fue un factor clave en la reducción de contratación de estas personas, debido a una reducción general de las contrataciones en cualquier rama laboral de cualquier sector. El "Informe sobre el ingreso de personas con discapacidad en el Estado 2020" del Servicio Civil muestra que desde 2017 se había dado un importante crecimiento en la contratación de personas con discapacidad luego de que en 2016 solo se contrataron 36 personas, en 2017 a 87, en 2018 a 91 y en 2019 otra vez a otras 87 personas.

Problemas en los registros

Solo las empresas con más de 25 empleados permanentes son registradas, por lo que se desconoce cuántas personas contratadas hay en las empresas con menos trabajadores

Pérez detalló que es muy difícil para el MTSS conocer qué empleado es permanente (contratado de forma definitiva) en las empresas privadas, incluso para el BPS. Esto dificulta la labor de control, realizada por la Inspección General de Trabajo, y lleva a que no se exija a muchas empresas el cupo de discapacidad en nuevas contrataciones por tener menos de 25 personas de forma permanente en los registros.

La pandemia agravó el número de nuevas contrataciones, lo cual disminuyó la cantidad de cupos obligatorios. Por lo menos se deben buscar 25 nuevos empleados en un concurso o una contratación directa para que se exija contratar a una persona por el 4% del cupo. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, indicó a El Observador que muy pocas empresas realizaron contrataciones de ese calibre en la peor etapa de la pandemia, donde los despidos fueron más recurrentes que los ingresos.

La medición que fijan el BPS y el Mides en conjunto también genera un subregistro: se necesita tener un 65% de discapacidad, por lo que "por ejemplo, si tenés un dedo menos, no ingresás al registro", explicó Pérez. Formar parte del registro es uno de los requisitos excluyentes para calificar para el ingreso a un trabajo desde el cupo, y desde el Ministerio de Trabajo sostienen que gran parte de los candidatos a concursos o contrataciones directas quedan por el camino por no formar parte de esta lista. 

Este problema toma mayor relevancia debido a que si una empresa pide un cargo que no tiene ninguna persona dentro del registro, deja de contar con la obligación de llenar el cupo.

El subregistro en los públicos

El BPS fue el organismo público que más personas con discapacidad contrató en 2020

En 2020 los organismos públicos que contrataron a las 23 personas con discapacidad fueron: el BPS –7 personas–, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) –2 personas–, las intendencias de Colonia –4 personas– y Durazno –5 personas–, las juntas departamentales de Maldonado –2 personas– y San José –1 persona–, y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay –2 personas–. La UTE contrató a 10 pasantes pero no cuentan dentro del registro de contrataciones.

En total, todos los organismos estatales con más de 13 vacantes realizaron un total de 6.255 nuevas contrataciones, según datos del Servicio Civil, por lo que las 23 personas solo llegarían el 0,4% del cumplimiento. Para alcanzar el porcentaje exigido por la ley se deberían haber contratado 234 personas con discapacidad.

Para solucionar este conflicto, la ONSC buscará dar premios, no todos económicos sino también de estatus, a los organismos que cumplan con el cupo del 4%, castigar con malos informes a los que no cumplan, y generar instructivos a los distintos organismos, explicó Ramos.

También la oficina controlará los concursos. Cada vez que un servicio otorgue el alta a un nuevo empleado le pedirán el número de llamado por el que entró para conocer la relación laboral que guarda con el trabajador, porque "el BPS da información, pero no puede mostrar ningún vínculo jurídico", remarcó Ramos. Con esto, se podrá conocer si efectivamente una persona con discapacidad fue contratada en régimen permanente, acorde a la ley, además de conocer si el organismo publicó el llamado o no en la plataforma estatal Uruguay Concursa.

Beneficios a las empresas privadas

La nueva Ley de Promoción del Empleo brinda subsidios de hasta $9.000 a empresas que contraten personas con discapacidad

La Ley de Promoción del Empleo N° 19.973 promueve el ingreso de jóvenes de 15 a 29 años, mayores de 45 y personas con discapacidad al mercado laboral, con beneficios económicos a las empresas privadas por cada trabajador contratado por un máximo de 12 meses.

En el caso de las personas con discapacidad, por cada empleado hombre inscripto se le aporta un subsidio de $ 7.000 a una empresa, que se le tramitan en una reducción de las obligaciones que tenga con el BPS. En caso de una mujer contratada, el monto aumenta a $ 8.000, y si la persona cuenta con hijos o personas a cargo, son $ 9.000 de subsidio.

El director de Empleo aclaró que esta ley "es muy nueva", por lo que todavía son pocas las empresas que la conocen, pero valoró que el beneficio es "hasta cinco veces mayor" que el que daba la anterior normativa, que brindaba beneficios en los aportes patronales respectivos al sueldo que cobrara cada persona con discapacidad.

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