La cifra más alta de líderes sociales asesinados en lo que va de 2023 en Colombia se registró en abril. Las muertes, según Human Rights Watch (HRW), fueron de 21 personas. Juan Pappier, subdirector para las Américas de la organización, difundió un documento este martes con los nombres y el tipo de liderazgo social que desempeñaban las víctimas.
Se trata de líderes juveniles, afrodescendientes, mujeres, campesinos e indígenas. En total, HRW registró 55 asesinatos de defensores y líderes sociales en los cuatro primeros meses de este 2023.
“Para frenar esta matanza, Colombia necesita urgentemente reestructurar y fortalecer su sistema de protección de líderes sociales e implementar eficazmente una política de seguridad destinada a proteger a la población”, afirmó Pappier en declaraciones a la prensa este martes.
La última víctima fue Carlos Andrés Torres, de 20 años. Se trata de un reconocido líder juvenil en el Tolima. Fue asesinado de un disparo el 30 de abril. “Sin líderes sociales no habrá Paz Total, sentencia Pappier.
El referente de HRW advierte que no alcanza con las negociaciones de paz y de confrontación con los grupos armados si no se amplía la presencia estatal y se implementan los mecanismos del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2016 para proteger a líderes sociales en las regiones.
En agosto del año pasado, HRW le envió una carta al actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, con sus sugerencias para una propuesta de paz. Allí la ONG señaló que, a su criterio, debe ponerse en marcha “una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos, con planes específicos para proteger a defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y otros grupos en riesgo. Pasaron nueve meses y siguen desprotegidos”.
Si bien el tiempo de Petro en el gobierno es todavía muy poco, la violencia continúa. Los líderes sociales fueron asesinados por grupos paramilitares o por bandas que en muchos casos responden a los propios empresarios de zonas rurales denunciados por las organizaciones de las que forman parte las víctimas.
En otros casos, los líderes sociales son asesinados por sicarios del narcotráfico o de organizaciones que surgieron como grupos revolucionarios y se convirtieron en organizaciones delictivas ligadas a los narcos.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) evaluó que todavía el gobierno de Petro debe poner en práctica aquello que surgió de los acuerdos de paz de 2016 y que se diluyó, sobre todo durante los cuatro años de mandato de Iván Duque, el presidente de derecha previo al mandato de Petro.
Lo que funciona en los lugares donde hay comunidades vulneradas por estos grupos criminales son los llamados Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV), instalados en varias partes del país.
En la región del Cauca, donde se instaló el primer PMUV, en los cuatro primeros meses de este año se registraron las peores cifras de violencia contra los defensores de Derechos Humanos: nueve asesinatos contra líderes entre enero y abril.
Las organizaciones sociales llamaron a la Fiscalía General del Estado para que les dieran prioridad a las investigaciones por estos crímenes para evitar que se perpetúe la impunidad, que fue un factor determinante para que se sigan reproduciendo estas violencias, según informó la organización Somos Defensores.
