Sube, sube la espumita

El diferendo desatado entre el gobierno y el gremio de la bebida por el aumento que el Federación Obrera de la Bebida (FOEB) alcanzó con el sector empresarial pone de manifiesto una concepción por lo menos “curiosa” por parte del gobierno respecto a como deben manejarse las relaciones laborales y las políticas de precios de la empresas.Preocupado por el impacto en el IPC del acuerdo salarial que apareja un aumento real del 10% en 3 años (sin medien aumentos de productividad en el sector) y, más aún, por las señales hacia otros sectores, el gobierno resolvió enfrentar, por un lado, al sector sindical para que modere sus aspiraciones y, por otro, al sector empresarial para que no traslade a precios el aumento otorgado. Después de varios años de alentar y convalidar acuerdos en los Consejos de Salarios por guarismos superiores a las “pautas” o “lineamientos” fijados por el Poder Ejecutivo, y de hacer caso omiso al factor de la productividad como criterio rector de los aumentos, el gobierno comenzó a mostrar preocupación. Preocupación por el aumento del IPC, que amenaza ingresar a la zona poco confortable de los dos dígitos. Y preocupación porque la espiral salarial ha comenzado a hacer mella en índice de precios.

Bienvenida dicha preocupación, aunque tardía y también anunciada por muchos economistas serios. Pero cabe convenir que es un giro de 180 grados que ha descolocado a los sindicatos y al discurso oficial en materia salarial. Hasta ahora, todo lo que podían obtener los sindicatos, aún por encima de productividad, era bienvenido. A partir de ahora, parece que no. Pero, además, pedirle al gremio de la bebida que modere o disminuya un aumento ya acordado, no parece muy sensato. Tan poco sensato como pedirle a Mourinho que no se exalte con Guardiola. Más sensato hubiera sido que se pidiera previamente a las partes que se respetaran los lineamientos oficiales, que para algo se dieron.

La otra cara poco sensata de la moneda que tiró al aire el gobierno, es pedir a las empresas que no trasladen los aumentos salariales a los precios de las bebidas. Al fin y al cabo, ¿quién fija los precios de un producto o un servicio: el gobierno o los particulares? Y si lo hace el gobierno, basado en qué autoridad legal. Algunos podrán decir que existe un subsidio a las bebidas. Otros podrán decir que algunas empresas tiene una posición dominante en el mercado. Pero uno u otro asunto no tienen nada que ver con los salarios acordados y, si hubiera algún problema, deberán dirimirse en otros ámbitos y por otros métodos, como puede ser la política tributaria o la de defensa de la competencia o del consumidor. Pasar el mensaje al sector de la bebida “el aumento no va a precios” es una interferencia peligrosa en el ámbito de decisión empresarial y una mala manera de luchar contra la inflación. Peor aún es si ese mensaje se extiende, como parece, al sector de la enseñanza privada: no se puede pasar todo el aumento salarial a las matrículas. Con el agravante de que en la educación es un sector intensivo en mano de obra.

En muy pocos días, el gobierno se ha metido en un buen berenjena yestá logrando ponerse en contra a algunos gremios y seguramente a muchas empresas que deben otorgar aumentos salariales por encima de la productividad y luego verse impedidas de aumentar los precios de sus bienes y servicios. Las consecuencias futuras de estas decisiones seguramente no serán positivas para la economía, la inversión y el crecimiento. Pero las consecuencias actuales son malas para la libertad. El gobierno debería manejarse con suma cautela en ejercer presión sobre empresas y gremios. Y si no quiere aceptar las consecuencias de su política salarial excesivamente generosa en el pasado, debería ir a las causas que generan estos problemas y no actuar sobre los síntomas de los mismos.