En Uruguay casi 8% de las personas tiene un consumo problemático de alcohol. Son más de 260 mil. Cada año, los uruguayos toman cerca de 176 millones de litros de alcohol. La venta en todo el país es casi indiscriminada, y más allá de la prohibición de vender a menores o después de la medianoche en algunos comercios, el expendio está poco regulado. Supermercados, almacenes, quioscos, estaciones de servicio y todo tipo de comercio vende cuánto y cómo quiere.
Así como con la marihuana, el gobierno pretende regular el mercado, en el caso del alcohol la intención no es prohibir sino regular para corregir un fenómeno cultural que genera problemas en la salud de las personas y es factor de riesgo por ejemplo para la violencia doméstica o los accidentes de tránsito.
El proyecto del gobierno está pronto y comprende nuevas reglas para la venta. Habrá restricciones a comerciantes y la exigencia de contar con una licencia para poder vender. Pero también habrá un incremento en los impuestos que se pagan. El próximo miércoles será enviado al Parlamento para su consideración, dijo a El Observador una fuente del gobierno.
Aún quedaba por resolver el aspecto impositivo del proyecto, que ya salió en setiembre de la Junta Nacional de Drogas (que funciona en Presidencia) y esperaba por una propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Mientras duró el viaje del presidente José Mujica por China y España, un equipo de técnicos y jerarcas de esa cartera diagramó una fórmula que será presentada al ministro Fernando Lorenzo en estos días.
Según dijo a El Observador el director general de secretaría del MEF, Pedro Apezteguía, el incremento impositivo al alcohol que se incluirá en el proyecto de regulación debe ser aprobado por Lorenzo. Aseguró que no tendrá relación con la graduación alcohólica de cada bebida, pero tal como estuvo planteado desde el principio, será un aumento del Impuesto Específico Interno (Imesi) que hoy pagan las bebidas alcohólicas. “Hay una cuestión de criterios. Debemos determinar en qué ley deben ir este tipo de cosas”, comentó Apezteguía.
Agregó que una posibilidad es que el proyecto esté incluido en la Rendición de Cuentas que el gobierno debe enviar al Parlamento antes que termine junio.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo a El Observador que se maneja la posibilidad de incluir los artículos con suba de impuestos en el proyecto de rendición, para luego mandar al Parlamento el proyecto de regulación del alcohol en los próximos días.
Si bien Apezteguía indicó que el aumento no tendrá relación con la graduación alcohólica, la carga impositiva será más alta porque pagan más Imesi bebidas como el whisky, el espinillar, la grapa y el vodka. El Imesi es de entre 14% y 23%.
Según explicó a El Observador el coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas, que depende de la Junta de Drogas, Héctor Suárez, las empresas podrían absorber el aumento de la carga impositiva, que seguramente afectará el precio. “Serán las empresas que luego deciden volcar el incremento al mercado o no. Pueden absorberlo con el margen de ganancia, que es amplio. En el caso del tabaco las empresas absorbieron la mitad del incremento y lo están aguantando desde 2007. Todo depende después de la estrategia de las empresas”, dijo el jerarca.
Lo que propone la ley es crear una unidad de regulación. Lo primero que deberá hacer es reglamentar todo el articulado de la ley. “No son fáciles algunas medidas. Algunas llevan su tiempo, como establecer las patentes para que comerciantes puedan vender, así como la comunicación nacional: no se hace en dos días”, insistió Suárez.
Efectos
El proyecto de ley del gobierno intenta bajar el número de locales de venta de alcohol en el país. Por otro lado, con los recursos que se obtengan por las licencias se financiarán las clínicas para recuperar personas con consumo problemático de alcohol.
Uruguay es uno de los países que tiene mayores indicadores de inicio precoz de consumo de alcohol, con una alta prevalencia de intoxicaciones. Según la encuesta de hogares de 2012 de la Junta Nacional de Drogas, unos 63 mil uruguayos requieren tratamiento o algún tipo de ayuda profesional para superar su alcoholismo.
El texto original del proyecto de ley prohíbe las llamadas canillas libre y los happy hours, impide tomar en la vía pública y propone reforzar la fiscalización a través de un organismo especializado que será la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas. Esos puntos quedaron bajo revisión de Presidencia.
“En Uruguay se deben tener licencias que autorizan la venta de alcohol bajo determinadas circunstancias, y si no se cumplen, estas licencias se pierden automáticamente. Vender alcohol sin licencia será un delito; por lo tanto tendrá un castigo mayor”, declaró a fines de marzo a la web de Presidencia el prosecretario Diego Cánepa.
“Cuando el alcohol se transforma en la razón por la cual uno genera reuniones o contactos, esto muestra un importante cambio cultural que necesita de la generación de políticas públicas para abordarlo”, precisó Cánepa.
