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Temen que fiestas clandestinas generen incidentes con la Policía

Una decisión de la Justicia las prohíbe; la intendencia quiere cancelarlas antes del 31
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29 de diciembre de 2017 a las 05:00
La Intendencia de Maldonado corre contra reloj para tratar de impedir la realización de al menos tres fiestas clandestinas que sus organizadores esperan llevar adelante el próximo 31 de diciembre en la zona de La Barra y en chacras cercanas a Punta del Este.

Según contó el responsable del departamento de Higiene de la comuna, Jorge Píriz, a través de Internet se han vendido "muchas" entradas a pesar de que estos eventos no cuentan con habilitación de bomberos, de la Policía, ni de la comuna, y tampoco hacen aportes al BPS y la DGI.

Píriz dijo que el objetivo es lograr que las fiestas sean canceladas antes del 31, ya que una intervención policial podría generar disturbios entre los asistentes y las fuerzas del orden.

Una de estas fiestas, por ejemplo, se realizará en un predio con capacidad para 2.000 personas, aunque Píriz teme que la concurrencia sea mayor, debido a que no hay controles que impidan una sobreventa.


El costo de las entradas supera los US$ 100, aunque también se ofrecen promociones de 10 entradas VIP por hasta US$ 4.000.

Días atrás, un grupo de empresarios que organizan fiestas formales en el departamento presentaron una demanda de amparo ante la Justicia para impedir que estas fiestas se lleven adelante.
Como consecuencia, el juez de turno Martín González ordenó que la Policía acompañe las tareas de fiscalización de los funcionarios de la comuna y prohibió la realización de estos eventos.

Si bien las fiestas clandestinas en La Barra se convirtieron en una tradición en el balneario, esta será la primera vez que la Intendencia cuenta con una resolución judicial que le permitirá perseguir a los organizadores.

Según contó la directora de Jurídica de la comuna, Adriana Graziuso, el año pasado funcionarios de la comuna intentaron ingresar a fiscalizar en una de estas fiestas, sin embargo eso no fue posible porque no contaban con una resolución judicial a favor.

En ese mismo evento parte del escenario se cayó cerca del público, aunque no se llegaron a registrar heridos, contó Graziuso.

La semana pasada, antes de que un grupo de empresarios se presentara ante la Justicia, la Intendencia ya había presentado una denuncia penal contra los organizadores de estos eventos, pero debido a que la Fiscalía necesita de al menos una semana para asignar un fiscal, hasta ahora no han tenido ninguna novedad.

Estrategias

Este jueves el Jefe de Policía del departamento, Erode Ruiz, representantes de Bomberos, Prefectura, y de las direcciones de Tránsito, Jurídica e Higiene de la comuna se reunieron para tratar de definir qué estrategia tomar.

El responsable de Higiene de la Intendencia dijo a El Observador que la comuna sancionará con multas que parten desde las 70 UR ($ 71.470) hasta las 1.050 UR ($ 1 millon) para los padrones en los que se realicen los eventos.

Para evitar ser sancionados, los organizadores no informan del lugar en el que se realizará el evento sino hasta pocas horas antes de su comienzo.

Este año, con la resolución judicial a su favor, la comuna podrá exigirle a los organizadores que la deje inspeccionar el lugar y hacerlos desistir de llevar adelante la fiesta.
Si los organizadores se niegan, entonces podrían ser detenidos por desacato a la Justicia.

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