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Tercer intento de reparar a las víctimas de la guerrilla: la idea que fracasó en los gobiernos de Batlle y Vázquez pese a tener apoyo de los presidentes
La Cámara de Senadores aprobó el 13 de diciembre el envío de una minuta de Comunicación al Poder Ejecutivo en la que se reclama la “reparación moral, social y económica” de las víctimas que provocó el accionar de grupos guerrilleros entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.
Ahora será el presidente Luis Lacalle Pou quien decidirá si le da andamiento al tema, ya que el Parlamento no puede aprobar leyes que signifiquen erogaciones no presupuestadas. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, ya manifestó su apoyo a la iniciativa.
Este es el tercer intento por sacar adelante una pensión que repare a las víctimas de la guerrilla. Los dos anteriores se promovieron durante las presidencias Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, pero finalmente naufragaron cuando parecían estar cerca de ser aprobados.
El primer intento se dio 18 años atrás, poco después de que en noviembre de 2003 el presidente Jorge Batlle enviara al Parlamento un proyecto de ley para reparar a las familias de los desaparecidos, siguiendo una recomendación de la Comisión para la Paz.
El Foro Batllista hizo saber entonces que no votaría tal proyecto si al mismo tiempo no se no se contemplaba a los familiares de los militares, policías y civiles “caídos en la lucha contra la sedición”. En ese contexto, el diputado colorado Daniel García Pintos presentó un proyecto de ley en ese sentido.
“En el gobierno de Jorge Batlle, con Raúl Mermot, presentamos el proyecto original, la reparación económica y moral para todos los familiares de todas las personas que murieron en el enfrentamiento”, relató el entonces diputado García Pintos en un audio que hizo circular en estos días por WhatsApp.
El teniente general Mermot era en aquel entonces excomandante en jefe del Ejército y presidente del Círculo Militar.
Aquel proyecto de ley, relató García Pintos, “era para los familiares de nuestros muertos, pero para los familiares de los otros muertos también (…) Con aquella frase de no hay muertos de primera ni muertos de segunda, era para todos. Inclusive nos preguntaban los periodistas si ahí entraban Michelini y Gutiérrez Ruiz y no sé qué otro que había muerto en el enfrentamiento. Entraban todos, absolutamente todos. No se lo podían creer que nosotros hubiéramos tenido esa actitud. Pero esa sí era una actitud humana”.
El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados, pero se necesitaba que el Poder Ejecutivo lo hiciera suyo ya que el Parlamento no le puede generar un gasto al gobierno que no esté financiado.
“Lo fuimos a ver a Jorge Batlle, que nos dijo que sí”, relató García Pintos en el citado audio.
El tratamiento del tema no estuvo exento de polémicas. Una nota del diario La República publicada el 16 de abril de 2004 relató que en respuesta a un pedido de informes del diputado colorado Ruben Díaz, el ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, informó que las familias de 17 militares muertos en enfrentamientos políticos o con la guerrilla ya habían sido reparadas económicamente entre 1973 y 1977.
El presidente Batlle firmó el proyecto, pero éste recién fue remitido el Parlamento en 2004. Según el relato de García Pintos, el entonces ministro de Educación y Cultura “se demoró más tiempo del que se tenía que haber demorado (…) Nos agarró el año electoral de 2004 y no tuvimos suerte y se archivó”.
El presidente Tabaré Vázquez asumió el gobierno el 1 de marzo de 2005, tras el primer triunfo electoral a nivel nacional del Frente Amplio.
García Pintos no desistió: desarchivó el proyecto y se lo presentó a Vázquez.
“Otra vez lo mismo, necesitábamos la firma del presidente. (…) Lo fuimos a ver con Mermot a Tabaré Vázquez y estuvo de acuerdo, y lo firmó. Y nos puso de contacto de inmediato con Gonzalo Fernández, que era el secretario de la Presidencia. Estaba todo el mundo de acuerdo. Lo mandan para el Parlamento a nuestro proyecto. Iba a avanzando, pero de repente toda la bancada de diputados del Frente Amplio se conspiró para que no prosperara”.
El proyecto había llegado al Parlamento en marzo de 2007 y, además de la firma del presidente, tenía la de tres de sus principales ministros (de Economía, Danilo Astori; del Interior, Daisy Tourné, y de Defensa, Azucena Berrutti).
Para ese entonces, en 2006, el Parlamento ya había votado la ley que creó la Pensión Especial Reparatoria para las víctimas de la dictadura militar. Y en 2007 un decreto de Vázquez la había hecho hereditaria.
El proyecto de ley para reparar a la víctima de la guerrilla era entendido por Vázquez como un paso más hacia su idea de reconciliación y el “nunca más violencia de uruguayos contra uruguayos”. Es “una mirada generosa sobre el pasado”, dijo el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.
Pero los legisladores del Frente Amplio no lo vieron así. Criticaron la exposición de motivos del proyecto de ley, donde se hacía evidente la pluma y los puntos de vista de García Pintos. También que la ley se extendiera hasta 1976, ya que se entendía que para esa fecha ya no había grupos guerrilleros activos. Tampoco aceptaban la inclusión en la nómina de víctimas de algunos militares cuya muerte no se creía que estuviera relacionada con la guerrilla.
Además, no se aceptaba que la misma ley resarciera a víctimas del terrorismo de Estado y a víctimas de grupos particulares.
“Fue un error recoger un proyecto de esas características y hacerlo suyo y enviarlo”, criticó al gobierno el entonces diputado Luis Rosadilla, en declaraciones que recogió un cuadernillo de la Fundación Vivian Trías.
También la socióloga y politóloga Constanza Moreira, que ese mismo año de 2007 sería propuesta para presidir el Frente Amplio, atacó el proyecto de ley: “Existe una larga normativa sobre reparación en la cual jamás, jamás, jamás, se pueden incluir a los funcionarios policiales y militares. Jamás”.
Cuando fue evidente que el Frente Amplio no votaría y sin sus votos no habría ley, García Pintos y Mermot volvieron a entrevistarse con Tabaré.
“Fuimos a ver al presidente Vázquez y le dijimos; mire lo que pasó, presidente. Y nos dijo: ‘Yo cumplí mi palabra con ustedes y lo mandé al Parlamento, porque estoy de acuerdo con ese proyecto. Ahora ustedes se tienen que arreglar allá”, recordó el exdiputado.
García Pintos y Mermot le señalaron a Vázquez que se suponía que la bancada del Frente Amplio debía seguir sus instrucciones, y no lo estaba haciendo.
“Yo cumplí”, insistió Vázquez.
Quince años después el proyecto resurgió en las últimas semanas. La minuta de comunicación enviada al presidente Lacalle Pou fue redactada por el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto.
El senador Raúl Lozano, coronel retirado, manifestó en la Cámara: “Así como se reparó a una parte de la sociedad, y eso no lo discutimos, así también se tiene que reparar la otra parte, totalmente olvidada de los propios libros, de las placas que se ponen por allí, y también la reparación económica que sí la ha habido para todos los otros sectores mediante leyes y decretos”.
Nin Novoa dijo a El Observador que hoy que sigue apoyando la idea. “La apoyé en 2007 y ahora no cambio. Creo que aquella vez no se comprendió el espíritu”, del proyecto.
Sin embargo, la minuta enviada al Poder Ejecutivo no tuvo el voto de ningún senador del Frente Amplio.
La senadora Liliam Kechichiam dijo que el proyecto tiene una redacción confusa y no toma en cuenta que grupos de ultra derecha también ejercieron la violencia y provocaron víctimas.
