Toma enfrenta denuncia penal e investigación administrativa por viajes oficiales

Después de que el programa Así nos va de Radio Carve divulgara información oficial sobre una denuncia del presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, el gobierno abrió una investigación por una “denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales” de Toma junto a la contadora Giuliana Pérez Muñiz durante el gobierno de Tabaré Vázquez. 

Según informó el programa radial, el presidente dispuso la investigación administrativa con el fin de “esclarecer la situación a la que se hace referencia”.

El rol del fiscal de gobierno  suele pasar inadvertido para la mayoría de la población, aunque su intervención, con la que asesora al gobierno –que no es vinculante–, termina siendo clave a la hora de zanjar asuntos en los que existe controversia.

Para que un fiscal de gobierno cese en el cargo debe renunciar, llegar a los 70 años –momento en el que queda obligado a retirarse (Toma cumple 70 en 2022)– o ser sometido a sumario. 

Paralelamente se abrió una investigación penal para saber si el jerarca del gobierno de Tabaré Vázquez incurrió en algún delito. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió que la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) asignara a un fiscal para llevar a cabo la investigación de los viajes oficiales a Roma realizados por Toma. 

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Según informaron a El Observador fuentes del Ministerio Público, quien asumirá el caso es Ricardo Lackner, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno que también está al frente de la investigación de la fuga de Rocco Morabito en junio de 2019.

Viejos amigos

La situación fue analizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública el 9 de enero, cuando el entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia. El resto de los integrantes de ese directorio, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, archivaron el caso. 

Lo llamativo es que Borrelli no se haya excusado de intervenir en el caso de Toma, puesto que tienen un vínculo personal desde hace décadas.

Ambos desempeñaron cargos durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005): Toma como director de Secretaría del Ministerio de Salud Pública y Borrelli como subsecretario del Ministerio del Interior. Fue durante ese mandato que Toma protagonizó un accidente automovílistico de visita a su Artigas natal, atropelló a un joven que llevaba un colchón en una bicicleta. El abogado de la familia de la víctima Daniel Fernández Franca, quien también fue amigo personal de Toma y compañero de una banda, contó para una nota publicada en El Observador en abril de 2018 que la Justicia civil determinó que Toma tuviera que hacer un pago de unos miles de dólares por “lucro cesante”, recordó que Borrelli estuvo muy presente en todo el caso y que le sorprendió que no tuviera derivaciones en la esfera penal.

Años después, ambos como jerarcas del gobierno de Tabaré Vázquez, volvieron a coincidir como fiscales de gobierno. En 2017 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que podría beneficiar al empresario Francisco Casal en su pelea por los derechos de televisación de las Eliminatorias. Toma y Borrelli fueron los fiscales de gobierno que recomendaron el archivo del caso Casal ante la Dirección General Impositiva (DGI).

Camilo dos Santos

El 22 de enero, Gil Iribarne tomó nota de la resolución de sus colegas de la Jutep y expresó en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.

En diciembre de 2019, la Jutep había dirigido una nota al entonces director general de Presidencia, Diego Pastorín, pidiendo información sobre misiones oficiales del gobierno entre 2018 y 2019 relacionadas con el juicio desarrollado en Roma para exmilitares acusados de violación de derechos humanos durante la dictadura.

"Resolución expresa de Presidencia"

En enero, Presidencia respondió e incluyó la respuesta de Toma en la que informaba que el equipo a cargo de la defensa del Estado uruguayo estaba integrado por un escribano que ofició “como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas” y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que ofició “como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales”.

Esta profesional es Giuliana Pérez Muñiz y, según declaró a Búsqueda el  extitular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”, y agregó que Pérez “integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.

Toma agregó que la contadora investigaba además “la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor”.
El exsecretario de Presidencia destacó asimismo que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay. También señaló que gracias a que ella tomó nota de ese aspecto, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.

Según informó Así nos va, la contadora se recibió el 4 de diciembre de 2018 en la Universidad de la República. En abril de 2019, ingresó a la Senaclaft con contrato temporal aprobado por Presidencia. En junio de 2019, Toma informó que la técnica integraría la comisión que viajaría a Roma, con el fin de investigar si los acusados habían realizado “financiamiento de terrorismo de Estado”.

La contadora participó de las misiones oficiales en julio y diciembre. La primera no figura en la web de Presidencia mientras que la segunda sí aparece, aunque al ingresar al portal se encuentra un mensaje de “Error 404”.

También participó en tres ocasiones en misiones oficiales a Washington DC durante el juicio de la minera Aratirí al Estado uruguayo. El último viaje fue en enero pasado.  l