El Frente Amplio está dispuesto a modificar el proyecto de ley que impone la responsabilidad penal casi en forma automática al empleador cuando ocurra la muerte o lesiones graves de un trabajador por incumplir la empresa con las medidas de seguridad. Las cámaras empresariales y de comercio, pusieron el grito en el cielo. También los expertos en derecho laboral consultados por el Parlamento plantearon reparos. La izquierda acepta incluir cambios y así como está, la oposición no lo apoya.
El escenario
Ariel Ferrari, director de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, comentó a El Observador que en los últimos tres años se otorgaron 963 jubilaciones por incapacidad sólo a obreros de la construcción. Cifras del Banco de Seguros, que también dan cuenta de la magnitud del problema, marcan que en el último año hubo 54.000 trabajadores lastimados en accidentes laborales.
Sin embargo, el proyecto “así como está redactado” no es respaldado por blancos ni colorados, dijo a El Observador el diputado Fernando Amado (Vamos Uruguay) quien preside la comisión de Legislación. “El espíritu se comparte pero el articulado es una barbaridad”, afirmó.
Desde el PIT-CNT, el técnico prevencionista Walter Migliónico, comentó que no quiere que los empresarios vayan presos sino que se cumpla con las normas de seguridad. “Planteamos que los que incumplan de forma grosera e inexcusable el deber de seguridad que indica la ley 5.032 asuman su responsabilidad penal. Esa norma establece las medidas de seguridad que deben aplicarse pero no penaliza su incumplimiento”, afirmó.
Según fuentes oficiales, en Uruguay fallecen entre 60 y 80 trabajadores por año debido a accidentes de trabajo. La mayoría de las muertes se producen en el sector rural, pesca, construcción y la industria manufacturera, dijo Migliónico.
Expertos
El doctor Germán Aller, del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República dijo en la comisión parlamentaria que “no necesariamente hay que partir del supuesto de que la creación de tipos penales, es decir figuras delictuales, va a proteger mejor a un individuo”. “Eso no tiene respaldo empírico, estadístico ni criminológico. Un ejemplo más que evidente es el delito de hurto. La agravación de la pena de hurto en ninguna parte del mundo ha disminuido el hurto. Pongo ese ejemplo para tomar un parámetro estadísticamente irrefutable”, afirmó Aller. Explicó que en algunos casos, con el nuevo texto, la responsabilidad puede caer sobre directores o representantes que dispusieron el cumplimiento de las medidas de seguridad y luego no se cumplieron como lo pidieron.
En la misma línea, la experta en Derecho Laboral, Verónica Raffo, de Ferrere abogados, comentó a El Observador que pasar a un sistema de responsabilidad objetiva como el que se propone es inconstitucional. Explicó que hoy el criterio es subjetivo donde los directores de las empresas son responsables si intervienen directamente en un accidente o delegaron mal. “El nuevo proyecto expone a todos los gerentes de Uruguay a ser potencialmente responsables penales”, explicó.
Desde el ámbito gremial de los trabajadores se sostiene que si bien la figura penal existe, en los hechos sólo dos empresarios fueron a prisión en las últimas dos décadas por muertes ocurridas en obras en construcción. Uno de los casos ocurrió hace 10 años en Maldonado, y el otro en 2006 cuando se derrumbó una obra en la Ciudad Vieja y murieron dos obreros. Esta semana el ministro Eduardo Brenta irá al Parlamento para dar su opinión. Acuerdo para recibir datos de siniestralidad
“Un accidente siempre es evitable y responde a la organización del trabajo”, dijo a El Observador, Juan Andrés Roballo, inspector general de Trabajo.
El jerarca explicó que con el Banco de Seguros del Estado se diseñó un sistema informático referido a siniestralidad que aportará datos a diario a la Inspección del Trabajo. A partir de esa información la repartición, “con datos más cercanos a la realidad” perfeccionará las políticas e investigaciones sobre accidentes mortales o que dejen a personas gravemente heridas por accidentes en los lugares de trabajo, explicó Roballo.
El jerarca reconoció que existe “una cifra negra” de accidentes laborales que no son reportados. Se da cuando un empleado lastimado es enviado a un médico particular o a una mutualista que no detecta que se trató de un accidente laboral.
Recordó que tanto los empleadores como la Policía debe informar al Ministerio de Trabajo de accidentes laborales graves o cuando hubo personas fallecidas.
