El círculo de la violencia es tan tóxico como perfecto. No hay cabos sueltos, no hay efectos sin reactores ni consecuencias que no vuelvan al origen de esa violencia manifestada de mil maneras en una sociedad. Somos nosotros los que nos perdemos en vericuetos. Protestamos a viva voz por el aumento de la inseguridad, por la delincuencia, por la falta de libertades individuales, pero no siempre vamos al origen que es también el final de ese círculo vicioso y cada tanto parecemos olvidar que, a veces, se puede romper.
Esta semana, el sistema político dio un paso productivo a la hora de buscar formas para cortar ese círculo, una movida que además se está convirtiendo en una buena costumbre desde que se nombró al primer comisionado parlamentario sobre el sistema penitenciario, Alvaro Garcé, en 2005. Esta vez, como antes Garcé, el Parlamento decidió por unanimidad renovar la confianza en Juan Miguel Petit. En días de enfrentamientos políticos duros y con el cambio de gobierno que supuso una rotación de partido/s, esta decisión unánime es aún más significativa.
Es posible deducir de la votación de esta semana que el “problema carcelario” es uno que el sistema político en su conjunto considera importante, y que por eso pone en uno de los puestos claves para buscar soluciones a un profesional que ha trabajado con seriedad, perfil bajo e independencia técnica.
Corresponde ahora saber qué hará este gobierno, esta oposición, este Parlamento, para que los diagnósticos se transformen cada vez más en hechos que mejoren este mojón complejo del círculo de la violencia, que es la privación de libertad y el objetivo de que algunas de esas personas se puedan recuperar para convertirse en ciudadanos que aporten a una sociedad más justa y equilibrada.
La escalada de inseguridad en Uruguay dejó muchas víctimas; algunas, victimarios y víctimas al mismo tiempo, están dentro de una cárcel. En 1985 había menos de 2.000 presos, hacia el año 2000 era 4.500, en 2010 superaron los 8.500 y en 2020 en Uruguay viven unas 12.300 personas presas, además de unas 10.000 más sobre las que se aplican medidas o penas alternativas.
El “que se pudra en la cárcel” que cada tanto escucho o leo con pena, es una sentencia para el desastre, no solo para el preso en cuestión sino para la sociedad entera. La persona que sale igual o peor que cuando entró, tendrá altas chances de convertirse en otro punto de continuación del círculo de la violencia. El voluntarismo del “que laburen en una chacra”, que a veces escuchamos de boca de jerarcas de todos los colores políticos, tampoco aporta nada a la hora de buscar soluciones para adicciones, enfermedades mentales, abandono y falta de educación.
Quien vivió hacinado en una celda, durmió sobre el piso, no tuvo ayuda psicológica ni fue incentivado a estudiar y buscar salidas laborales, es de nuevo y cuando está en libertad un potencial delincuente. Un colchón no salva a un preso de volver a cometer un delito, pero cada pequeño detalle, cada ayuda en el camino, es una esperanza que se suma a la hora de apostar a un futuro integrado. Hay muchos que no van a volver a vivir sin delinquir. Pero muchos otros pueden ser recuperados. El trabajo de rehabilitación es una inversión porque siempre supone menos delito y menos violencia.
Lo que a veces perdemos de vista quienes no estamos o estuvimos privados de nuestra libertad, es que los “inocentes” también somos parte de este círculo vicioso. Solucionar o al menos mejorar el “problema penitenciario” (entrecomillo esta expresión porque se ha convertido en una frase repetida que se vacía de significado) es una inversión para el futuro de todos y una de las variables para reducir la delincuencia. Lo que sucede frecuentemente, sin embargo, es que solemos olvidar a los que están “allá”, a los encerrados, a los que casi nunca tienen esperanza. Esa desesperanza, transmutada en soledad y marginación, es muchas veces el detonante de más violencia. Y eso nos afecta “acá”.
¿En qué momento o punto del círculo incide un comisionado parlamentario? En varios pero sobre todo en el diagnóstico y consolidación de una dilatada estrategia de acción. Las necesidades siguen siendo tantas que es difícil marcar prioridades. Salud mental, adicciones, capacitación profesional, trabajo con la familia y atención al egreso son las primeras que le vienen a la mente a Petit cuando se le pregunta por esas prioridades.
En las 400 visitas a cárceles que realizó durante el quinquenio pasado, el comisionado ha visto tanto que si contara todo lo que sabe nadie le creería. Eso fue lo que dijo en 2019 entrevistado por El Observador, en medio de una polémica con el ministro del Interior de la época, Eduardo Bonomi, quien cuestionó que Petit recurriera a la prensa para expresar algunas de sus críticas.
Entonces Petit ya esbozó lo que considera debe ser el centro de cualquier política carcelaria: una estrategia y un rumbo claro, al que se llegue con el trabajo de un órgano integrado por la Policía, el sistema penitenciario, la Justicia, las comisiones de legislación del Parlamento y los defensores.
Eso, que puede parecer una burocracia más, es para él “pensar en frío y en clave de política pública”. En los hechos Uruguay no cuenta con una estrategia clara con respecto a su sistema penitenciario, aunque se ha avanzado positivamente en muchos aspectos, sobre todo en la última década y en particular en lo que respecta a condiciones de vida en las cárceles. En 2009 allí no había médicos ni educación secundaria, entre otros tantos problemas.
Ahora, en el artículo 87 de la ley de urgente consideración se le encomienda a Ia INR la confección de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario con metas a corto, mediano y largo plazo. La pregunta es si esta vez se hará. Al mismo tiempo acaba de renunciar la directora técnica de ese instituto, que había asumido en marzo. Los políticos saben que las cárceles y lo que allí y después pasa con los reclusos es un factor vital para frenar la violencia. “Las cárceles son el reflejo de la sociedad. Nos desgarramos las vestiduras cuando matan a alguien, pero ¿en algún momento nos preguntamos qué hicimos para que esto no ocurriera?”, señaló la senadora del Frente Amplio Graciela Barrera, en la sesión en la que Petit fue refrendado. El hijo de Barrera fue asesinado durante una rapiña en 2009. “Si no tenemos una visión acorde al siglo XXI de lo que tiene que ser el sistema penitenciario desde una perspectiva de derechos humanos e integración social, va a ser un rotundo fracaso bajar la reincidencia y las cifras del delito”, dijo el senador nacionalista Carlos Camy.
El sistema penitenciario está mejor que hace 10 años pero todavía falta muchísimo para que esté lo suficientemente bien para poder trabajar en una rehabilitación real, además de los derechos más básicos del ser humano que nuestras leyes protegen pero que suelen olvidarse entre las rejas de las celdas. Durante 2018 y parte de 2019 se registraron avances pero el informe que presentó el comisionado en abril de este año destaca un récord de “muertes violentas en cárceles deshumanizadas”. Vuelvo al círculo de la violencia, a los mojones en los cuales es posible interrumpirlo, y no hay casualidades. En 2019 casi la mitad de los reclusos tenía algún problema de salud mental, más de ocho de cada diez un consumo problemático de drogas, el 10% fue diagnosticado con algún tipo de discapacidad y 7% había intentado autoeliminarse. El 20% de estas personas no pueden leer, escribir o hacer cálculos con fluidez. Cuando salgan, ¿cómo conseguirán un trabajo? Con este caldo de cultivo letal, del que solo he nombrado algunos ingredientes, es difícil pensar en nada más que un final violento. El apoyo al comisionado es loable y una señal extendida de madurez democrática. El apoyo a todos nosotros ciudadanos pasa, también, por mejorar el antes, durante y después de la cárcel, para que los seres humanos que pasan por ese sistema sigan siendo seres humanos cuando egresan. Por el bien de todos.
