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Juan Miguel Petit ante críticas de Bonomi: “Si contara todo lo que veo, nadie me creería”
El escritorio de Juan Miguel Petit es un caos. Por la mesa, perdidos en algún rincón, están sus lentes, la sentencia que obligó al Ministerio del Interior a realojar a algunos reclusos del módulo 8 del exComcar pese a la apelación que había presentado Eduardo Bonomi, y decenas de otros documentos.
Son casi las seis de la tarde de un jueves y el comisionado parlamentario para las cárceles está sobre el final de su jornada. Se pasa las manos por la cara y pierde por un segundo la atención, porque también va más de una hora de charla, en la que repasó los desafíos que sigue sin superar el sistema penitenciario, algunos conceptos del informe anual que presentará el próximo martes, las ideas sobre el tema que no comparte de dos partidos de derecha, y su relación con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Petit se opone a Bonomi por la vía de los hechos porque su rol es denunciar irregularidades del sistema carcelario que afecten los derechos de los presos, y, como él mismo lo dice, el ministro es su “contraparte”.
Pero en los últimos meses hubo dos episodios en los que ese enfrentamiento recrudeció: en octubre el comisionado escribió un informe denunciando que la cartera de seguridad mentía sobre cómo había sido asesinado un recluso del penal de Libertad, y en mayo se vieron las caras en la Justicia, porque Petit planteó el recurso de hábeas corpus para el exComcar que ahora descansa en su escritorio. Bonomi –que apeló y perdió– cuestionó entonces que el comisionado recurriera a la prensa para expresar algunas de sus críticas, y Petit dice ahora, en diálogo con El Observador, que si contara todo lo que sabe nadie le creería.
El próximo martes se presenta el informe anual. ¿Puede adelantar alguna conclusión?
Planteamos que se cree una fiscalía especializada en temas penitenciarios y un Consejo de Política Criminal, como existe por ejemplo en Perú o en Colombia, porque no tenemos un ámbito donde en frío y en calma y en modo de política pública a largo plazo, se analicen la salud mental, las medidas alternativas, prevención, centros de máxima seguridad, centros abiertos, etc. Sería un órgano integrado por la Policía, el sistema penitenciario, la Justicia, las comisiones de legislacion del Parlamento, los defensores...
¿No es burocratizar el tema?
No. Es pensar en frío y en clave de política pública.
¿Es afín a mejorar el sistema de medidas alternativas?
Totalmente. Es uno de los caminos. Seguimos llenando el sistema penitenciario de gente porque nos falta fortaleza en el sistema de medidas alternativas. Nos falta tener mejores programas, aunque tampoco los podemos pensar para delitos muy graves. Lo que ocurre es que muchas veces el delito es resultado de un deterioro, de una espiral de mucho tiempo. Hoy hay mucha gente en la cárcel por delitos leves, por delitos que no son de sangre y que ameritan otro tratamiento, o por adicciones.
El principal problema que preocupa a los uruguayos es la seguridad, pero se suele apuntar que a veces el discurso político falla al no conectarla lo suficiente con la crisis carcelaria. ¿Qué tanto cree que los candidatos están abordando el problema? ¿Debería hacerse más énfasis?
Sí. No tiene el lugar que requiere en la agenda porque es como radiactivo. Es un tema que es vivido con pesimismo, porque siempre está ligado a noticias de violencia, entonces parece que invertir en la cárcel es plata que se pierde. No suele ser noticia que se instaló un centro informático, que internos salieron y consiguieron trabajo. Entonces eso genera un pesimismo social: “Esto no tiene arreglo, es gente que no tiene cura”.
Yo hablo muchas veces con legisladores y políticos, y me dicen que nadie les pide centros de rehabilitación modelo o programas para las adicciones de los presos: la gente pide cosas vinculadas a lo más cercano, y las cárceles se ven como algo lejano. No se termina de ver que los problemas que están ahí revientan en la esquina de nuestras casas, o dentro de nuestras propias familias.
Los programas de los partidos tienen distintas propuestas sobre el tema carcelario. ¿Debe seguirse la línea del gobierno o tomar las recomendaciones de los candidatos, que plantean desde construir pequeñas cárceles hasta crear centros militarizados?
He escuchados cosas distintas, variadas, y en su momento las nuevas autoridades tendrán que ensamblar. Uno de los avances es el reconocimiento de las reglas Mandela (N de R: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos).
Pero en lo concreto. ¿Debe militarizarse las cárceles como proponen, por ejemplo, Guido Manini Ríos para el caso de un centro de máxima seguridad, y Edgardo Novick como primera respuesta a la crisis del sistema?
Militarizarlas claramente no corresponde con las reglas Mandela. No hay ningún motivo para eso. Que se requieran unidades de máxima seguridad donde haya más controles por distintos motivos, puede ser. Probablemente haya que pensar en unidades más chicas en las dos puntas: con más seguridad, y otras más abiertas.
¿Pero faltan recursos?
Faltan recursos, coordinación, investigación; falta aplicar recursos que ya hay. Pero el mayor problema es cómo hace el Estado para llegar al ámbito social, familiar, barrial donde se van generando los procesos de violencia que terminan después en el delito y en la ruptura. La violencia es un comportamiento adquirido, no es un comportamiento innato. No existen delincuentes, existen personas que cometen delitos y existe un estado que tiene que evitar que esas personas cometan más delitos.
Se señala la cárcel de Punta de Rieles que dirige Luis Parodi como una de las más exitosas, al simular ser un pueblo en el que los internos estudian y trabajan ofreciendo servicios dentro de la institución.
Lo decimos en el informe: hay varias unidades, por suerte, que están haciendo cosas realmente de vanguardia, no solo para el país, sino el mundo. Claramente la Unidad número 6 es una referencia internacional. También hay cosas muy interesantes en Juan Soller (San José), en Salto, en Artigas, en Paso Ataques (Rivera), pero sin duda que la cárcel de Parodi es una referencia a tener en cuenta y a multiplicar.
El Frente Amplio pretende que el Instituto Nacional de Rehabilitación termine en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Le parece correcto?
Hemos planteado una cantidad de elementos par agregar a ese proyecto. Todavía tenemos como tabú hablar de un Ministerio de Justicia. En todo el mundo, para los temas vinculados al delito, privación de libertad y tratamiento, se requiere de una cartera especializada, y hay que pensar en eso. El ciclo con el Ministerio del Interior está terminado, y sobre eso hay consenso. El tema es a dónde va.
¿Bonomi fue un aliado para usted en estos años?
El Ministerio del Interior es una contraparte nuestra. Coincido en muchas de las líneas de trabajo que estableció y tengo algunas discrepancias también con algunas cosas que están pendientes.
¿Pero qué tiene más, discrepancias o coincidencias?
Es una buena pregunta... (Piensa). Hay algunos temas en donde tengo algunas perspectivas diferentes. Comparto las lineas de la reforma penitenciaria; tengo discrepancias sobre todo en cómo atender las cosas que faltan. Hemos discutido, polemizado y acordado.
Bonomi ha sido más duro con usted. En mayo, luego de que usted criticara las condiciones del módulo 8 del Comcar, dijo que usted debía “actuar más como comisionado y no detonar en la prensa lo que está pasando”, e incluso llegó a decir que tenía mejor vínculo con el anterior comisionado, el blanco Álvaro Garcé, porque pese a las diferencias políticas “él entendía mejor la tarea del comisionado, que no es transformar todo en una noticia”. ¿Cómo lo tomó?
No me ofende ni me molesto por las valoraciones sobre mi tarea. Acoto, eso sí, que no es correcto decir que todo lo que encuentro lo llevo a la prensa. Todo lo contrario. Buena parte del trabajo diario es hablar, y hablar planteando problemas, enviando notas, promover reuniones, bajar conflictos, a veces mediar entre grupos enfrentados, avisar de problemas de salud, recibir denuncias de todo tipo, llevarlas por teléfono o por nota a las distintas autoridades. Todos los días, todas las semanas, en reserva, discretamente, a veces logrando cosas que nadie nunca va a saber que fue por nuestro trabajo. Pero reservado y discreto no quiere decir secreto, y hay temas e informes que debo presentarlos al Parlamento, que es la gran caja de resonancia de la democracia. Me puedo equivocar, pero trato de ser cuidadoso y transparente; somos una oficina al servicio de todo el Parlamento. Y además, si contara todo lo que veo, nadie me creería...
¿Y por qué no lo cuenta?
Por motivos diversos. Hay cosas que las veo y son la punta de un iceberg sobre el que hay que profundizar. Otras por respeto a la intimidad de las personas. Otras porque lleva tiempo entenderlas. Otras porque son difíciles de contar porque hieren el alma... Y son tantas historias y realidades impactantes que nos sobrepasan y nos es imposible ya no atenderlas sino siquiera relatarlas
La Fiscalía finalmente imputó a tres funcionarios del INR por el asesinato a un recluso del penal en octubre del año pasado. El Ministerio había informado erróneamente que el homicidio lo había perpetrado otro interno. Ahora que la Justicia le dio la razón, ¿tiene algo para decir?
Para nosotros fue un caso muy fuerte, y es algo muy bueno que se haya judicializado, que se haya transparentado lo que pasó. Es muy contundente la imputación y no me sorprendió porque los hechos eran muy claros, al igual que las pruebas. Fuimos muchas veces al penal y hablamos con todo el mundo y estábamos convencidos que la conclusión a la que habíamos llegado era lo que había pasado.
¿Y por qué cree que demoró tanto tiempo el Ministerio en corregir la versión errónea. Se mantuvo en la web durante más de un mes, y usted tuvo hacer un extenso informe para esclarecer los hechos. ¿Qué fue lo que pasó?
Evidentemente hubo un tema de comunicación dentro de los canales internos del Ministerio. Creo que hubo cierta debilidad administrativa en el penal de Libertad para investigar los hechos debido a la falta de gente y formación administrativa y jurídica que hay allí, pero creo que de todas maneras se aclararon las cosas, y que desde el punto de vista del Ministerio o del INR no hubo ocultamiento.
