La Fiscalía de Libertad imputó a tres funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) involucrados en la muerte de un recluso en el penal de Libertad ocurrida en octubre de 2018. La Justicia otorgó así 180 días de medidas cautelares –como el deber de fijar domicilio, prohibir salir del país sin autorización, entre otras– mientras la fiscal Nidia Morosini prepara el juicio oral.
Uno de los tres hombres, el comisario y jefe de servicio de la cárcel fue imputado por un delito de "abuso de autoridad contra personas privadas de libertad en concurrencia formal con un delito de omisión de asistencia en calidad de presunto autor", según la sentencia publicada en la página web de la Fiscalía. El funcionario también fue imputado por la "presunta coautoría de un delito de homicidio a título de dolo eventual, en la modalidad de comisión por omisión".
Por otra parte, los otros dos implicados -un sub oficial mayor y un agente- fueron imputados como presuntos autores de un delito de "abuso de la autoridad contra personas privadas de libertad, en concurrencia formal con un delito de omisión de asistencia".
El pasado 10 de octubre se desató un motín en el penal de Libertad que terminó con la muerte de un preso debido a un disparo realizado por la guardia policial a corta distancia.
El jefe de servicio de la cárcel –con antecedentes por desobedecer órdenes dentro del INR y ejercer la autoridad en forma arbitraria– es el más comprometido de todos, y el que dio la versión falsa al entonces director del INR, Gonzalo Larrosa, de que el recluso había muerto apuñalado por otro interno, según dijeron a El Observador fuentes del caso.
En noviembre de 2018 El Observador dio a conocer que el Ministerio del Interior había dado una versión errónea sobre la muerte del preso del penal de Libertad durante un motín. Mientras que la cartera afirmó que murió en manos de otro recluso, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit afirmó que había sido un disparo de una escopeta de munición no letal lo que mató al preso.
Según el informe de Petit, una vez herido, la guardia dejó que el recluso permaneciera varios minutos en el suelo y lo tuvieron durante horas en una celda, sin atención médica.
El comisionado concluyó en el documento que el recluso murió "a raíz de un disparo de escopeta con munición no letal pero hecho a muy corta distancia, realizado innecesaria e irregularmente cuando se encontraba indefenso y sin posibilidad alguna de agredir a nadie, ya que una reja lo separaba del personal policial”.
*El título de esta nota y el párrafo inicial debieron ser modificados porque se aseguraba que los imputados habían sido enviados a prisión preventiva, cuando eso era un error. A los lectores, las disculpas del caso.
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