En este juego intrincado llamado democracia hay algunos pilares con los que no se juega, o con los que no se debería jugar. La Justicia es uno de ellos y en estos últimos días, pero progresivamente cada vez más desde hace ya años, ha sido cuestionada no siempre con argumentos válidos, además de ser confrontada por la propia realidad. La Justicia es prioridad a la hora de administrar el cumplimiento de la ley pero no suele ser prioridad a la hora de administrar los recursos que en parte hacen posible que lo haga correctamente.
La combinación letal de falta de recursos, personal que -los expertos concuerdan- no está del todo preparado o actualizado y una vitrina pública en la que todos ejercemos el derecho a opinión, a veces desmedida y rabiosamente, suma debilidad a un sistema que ya está frágil. A ninguna democracia le conviene tener una Justicia renga, pero depende del propio sistema lograr que se pare firme.
Como quedó demostrado en las últimas semanas y no por primera vez, la tribuna grita demasiado pero la Justicia también escucha demasiado. Es inevitable (y hasta deseable) que jueces y fiscales tengan sus posiciones personales sobre todo tipo de temas, pero esto adquiere un cariz más vidrioso cuando las decisiones se toman a las apresuradas, en lo que parecería un eco innecesario de lo que la tribuna reclama.
Hace una semana una fiscal pidió una orden de allanamiento para ingresar a una radio y al domicilio de un periodista, luego de que el fiscal de Corte, Juan Gómez, abriera de oficio una investigación para determinar si violó la ley de Género al difundir audios de carácter íntimo sin autorización, relativos a una denuncia de violación. La solicitud, que fue aprobada por una jueza y llevada adelante en parte (no se accedió al domicilio del periodista porque tenían una dirección vieja) levantó muchas críticas -fundadas- y otras que aprovecharon la volada para mezclar los tantos. Lo más importante es que generó una marcha atrás rabiosa por parte del propio fiscal de Corte, quien dijo que fue un error humano de la fiscal, tal como expresó en entrevista con En perspectiva.
No todos opinan igual que la fiscal o que las hordas que gritaron en defensa o desmedro de su solicitud. Expertos en Derecho señalaron que la movida fue un “exceso absoluto” (lo dijo el constitucionalista Martín Risso). Los periodistas están sujetos a la ley igual que cualquier ciudadano y le tocará a la Justicia decidir si Ignacio Álvarez no respetó la de Género; al mismo tiempo, los periodistas tienen -también por ley- el derecho a preservar sus fuentes, una base de la libertad de prensa que no solo ampara al periodista sino, sobre todo, a la fuente y a los ciudadanos informados. “Ahí le erraron la fiscal y la jueza. No caben dudas de que le erraron”, dijo Risso. El fiscal Gómez concuerda.
En cambio, el presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, consideró que la actuación de la fiscal Mariana Alfaro se ajustó a derecho, porque en este caso se tensionaron derechos individuales que “tienen excepciones previstos por la ley”. Otros abogados apoyaron su razonamiento, considerando que son los operadores jurídicos los que tienen que balancear qué derecho prima, en este caso la posible violación de la ley de Género y el derecho periodístico a la inviolabilidad de las fuentes. “Los secretos ceden ante la orden judicial, que obviamente tiene que ser fundada y el juez tiene la responsabilidad en hacer lugar o no a las solicitudes”, dijo el abogado Pablo Schiavi.
Es cierto que el procedimiento fue, a simple vista, innecesario, tal como lo calificó el propio fiscal de Corte, porque las mismas pruebas que pedía la fiscal se podían solicitar con un exhorto. Y es cierto además que puede sentar bases más que riesgosas que atenten contra el ejercicio de la libertad de prensa.
Es sano y deseable que se contrapongan opiniones y juicios técnicos aparentemente contradictorios; de la polémica responsable suelen derivar avances y mejoras que, en el caso del sistema judicial, son urgentes y más allá de este error o exceso. Lo que no es sano y ciertamente es indeseable, es que los intereses personales, sectoriales o partidarios, se inmiscuyan en el griterío que no aporta, pero si desbalancea. Fueron varios los legisladores, jerarcas y políticos que opinaron a favor o en contra. Uno de ellos fue el senador Guido Manini Ríos, quien consideró que el pedido de allanamiento es muy grave y que le llama la atención la celeridad con la que actúa la ‘justicia’ en determinados temas, en los que un partido político ejerce presión indebida...”, según publicó el senador en Twitter. Un día antes de que el fiscal de Corte iniciara la investigación de oficio, un grupo de legisladores del Frente Amplio realizó una denuncia en el mismo sentido.
“Hace años que denunciamos el sesgo de algunos jueces y fiscales, y muchos se horrorizaron...”, dijo el senador de Cabildo Abierto. Tiene buena memoria; Manini Ríos viene cuestionando a la Justicia desde hace tiempo, cuando -por ejemplo- cuestionó públicamente y en una carta que le envió al presidente Tabaré Vázquez, siendo comandante en jefe, las resoluciones judiciales por las que fueron encarcelados militares retirados por actos cometidos durante la dictadura. Por esa razón fue destituido. Y así comenzó su carrera política.
La Justicia, o más bien los encargados de impartir Justicia, cometen errores y no es de ahora. Tal vez ahora los cometen más y sería bueno definir hasta qué punto la cortedad de recursos y el amontonamiento de casos están jugando en contra de un sistema lo más justo y balanceado posible. Gritar en contra de ellos, acusarlos de jugar a favor o en contra de tal causa o tal partido político solo empobrece y arriesga la estabilidad de un sistema que ya está desafiado. Si queremos una Justicia digna -y madre- de una democracia que nos enorgullezca es hora de diagnosticar qué funciona mal y qué se necesita para que funcione mejor, para luego invertir lo más que se pueda en profesionalizar a sus funcionarios. En el proceso es el respaldo, y no la denostación, el único camino posible.
