Opinión > EDITORIAL

Una reprobable gestión

El Mides ha quedado al desnudo delante de todos los uruguayos 

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27 de febrero de 2019 a las 05:04

Las innumerables observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por vicios legales en gastos y convenios con terceros, ha dejado al desnudo una forma de gestión que es a todas luces una política consustancial de la ministra de la cartera, Marina Arismendi. La dimensión de las  advertencias de uno de los principales órganos de control del ordenamiento jurídico del Estado demuestra que no estamos ante casos aislados, lo que debería ser rechazado por todos.

El TCR, informó El Observador el lunes 25, observó el 90% de los gastos del Mides por pasajes dentro del país, por lo menos durante los ejercicios correspondientes a los años 2014 hasta 2016. 

A eso sumó cinco observaciones a un convenio del Mides con el Ministerio de Salud de Cuba; el pago de guardería a hijos de trabajadores de organizaciones civiles que tienen acuerdos con dicha cartera, pero no son funcionarios públicos; la contratación directa con instituciones para brindar servicios de cuidados; una iniciativa para contratar cooperativas especializadas en tareas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes y edilicias, pero que terminaron haciendo  arreglos eléctricos en hogares vulnerables. Además, el órgano de control puso reparos a un contrato con una ONG que se suponía estaba destinada a la consolidación de una radio comunitaria, pero que fue autorizada a gestionar un refugio para personas en situación de calle.

Arismendi habló públicamente sobre esa última observación del gasto del TCR y justificó el accionar de su cartera en que actuó “dentro de la ley”, un argumento que quizá sea lícito en todos los casos mencionados, aunque aún no lo sabemos.

El Mides tiene potestades jurídicas para reiterar el gasto. Eso no está en discusión. Pero no es un argumento de recibo escudarse en alegatos legales para eludir un llamado de atención de un órgano cuya principal función es ejercer el control externo del aparato estatal y asegurarse de la legitimidad de los procesos del gasto.  

Mientras el Frente Amplio estuvo en la vereda de la oposición, durante los cuatro periodos de gobierno consecutivos desde el retorno a la democracia, fue un defensor a ultranza del papel de los organismos autónomos de control como el TCR por su crucial papel en el funcionamiento ordenado y transparente de los recursos públicos. 

Y sigue siendo un pensamiento en la buena dirección porque una institución como el TCR, que vela por el respeto irrestricto de los textos jurídicos de contabilidad y administración financiera, favorece a un Estado más transparente. Es clave, además, en los procesos de rendición de cuentas que se están imponiendo en el mundo por su contribución a una mayor legitimidad a las decisiones de gobierno y su impacto en la confianza social, lo que redunda en un mejor ambiente para la gobernabilidad. Y mucho más aun cuando se trata de un cuerpo colegiado.

La permanente reiteración del gasto como política resta importancia y deslegitima a un  órgano de control que nos advierte sobre malas prácticas contables y administrativas. Nos aleja entonces de un Estado al servicio de la ciudadanía que el gobernante Frente Amplio ha reivindicado desde siempre. 

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