El aumento de 5,7 % en las tarifas de electricidad fue uno de los últimos anuncios realizados por el gobierno a última hora del viernes 28 de diciembre. Ese mismo día también se informó sobre una rebaja de 20% para la tarifa comercial que pagan alrededor de 115 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Los informes realizados por los equipos técnicos de UTE habían propuesto una corrección que estaba algo por encima de 7%, según supo El Observador. Pero ello se modificó sustancialmente durante la discusión técnico política de la que participaron los ministerios de Economía, de Industria y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Esa negociación no solo terminó con un ajuste que está más de un punto por debajo de lo que quería el ente. También dio lugar a una rebaja para las mipymes. “Consideramos los elementos de competitividad que fueron planteados por diferentes gremiales, a lo cual el gobierno es sensible, y la situación patrimonial de cada empresa pública. Además, es una decisión que demuestra la cautela y responsabilidad que el gobierno tiene”, dijo ese viernes el director de la OPP, Álvaro García, en la conferencia que duró poco más de 10 minutos y que lo tuvo como único orador.
La propuesta inicial de ajuste realizada por UTE tomaba en cuenta la evolución de los salarios, la inflación esperada (entre 7,5% y 8%) y una apreciación de 10% del tipo de cambio. Esta última es una variable que incide en más de la mitad de los costos del ente energético. A modo de ejemplo, toda la energía eléctrica que UTE compra a los generadores eólicos, biomasa y solar está nominada en la divisa estadounidense. Solo por este concepto la empresa desembolsa cada año más de US$ 400 millones. A esto hay que sumarle que prácticamente todo el pasivo que tiene UTE también está en dólares.
La propuesta final de ajuste de tarifas pasó por el Directorio de UTE el mismo viernes, pocas horas antes de que se hiciera el anuncio en Torre Ejecutiva. La reunión fue de carácter especial y allí votaron por la afirmativa los directores de UTE con excepción del representante del Partido Colorado, José Amy. Su argumento principal se centró en que el ajuste de las tarifas no se corresponde con los costos en los que incurre la empresa para dar el servicio, según supo El Observador.
Entre otros puntos, mencionó la incidencia positiva que ha tenido en el costo de abastecimiento la generación de las represas hidroeléctricas durante el último quinquenio. También se refirió al Fondo de Estabilización Energética. Ese fondo constituido con aportes de clientes pasó de tener US$ 297 millones a fin de 2017 a US$ 108 millones en setiembre de 2018. Hoy se redujo en US$ 189 millones sin que hayan ocurrido sequías y sin una reducción tarifaria como contrapartida, fundamentó Amy.
El jerarca colorado también recordó que en el período 2015-2018 UTE habrá transferido a Rentas Generales unos US$ 2.940 millones, de los cuales US$ 1.270 millones corresponden a versión de resultados.
“Una empresa cuya facturación anual está en el entorno de US$ 2.000 millones tiene una tarifa que no refleja sus costos operativos y financieros. Perfectamente podría reducir 15% como mínimo en forma general, sin por ello comprometer la viabilidad económica ni financiera de la empresa”, señaló.
Durante la sesión, Amy compartió la rebaja de 20% para pequeñas y mediana empresas y dijo que el resto de los clientes podría haber tenido una rebaja entorno a 12%. El beneficio propuesto por el gobierno abarca solo a 120 mil de un total de 1,54 millones de clientes que tiene UTE
UTE aportará este año a Rentas Generales al menos US$ 80 millones, pero antes de fin de año y en función de cómo evolucionen sus números, el Ministerio de Economía (MEF) podrá solicitar otros aportes extras. De hecho, eso fue lo que ocurrió en 2016 y también en 2017 cuando a pedido de Economía debió volcar partidas extras. Eso tras obtener ganancias de entre US$ 400 millones y US$ 500 millones en esos años. Este año el aporte a la caja del Estado será de unos US$ 330 millones.
Demanda de electricidad crece 13%
La demanda del mercado eléctrico uruguayo alcanzó en 2018 los 11.179 gigavatios hora (GWh). Eso implica un crecimiento respecto al 2017 de 3,3%, similar a la caída del año anterior. Los 11.179 GWh se cubrieron con 55% de producción hidráulica, 42,2% de eólica, 7,3% de biomasa, 3,5% de fotovoltaica y 2,7 de térmica. En tanto, se exportó un 10,7% de esa producción.
“El costo de producir los 11.179 GWh alcanzó los US$ 450 millones, si admitimos una facturación de 85%, tenemos un costo variable de generación de US$ 47 MWh, el resto son costos fijos, tasas e impuestos (explícitos o no). El alto precio de la electricidad uruguaya no es culpa de su matriz”, escribió en su cuenta de Twitter el exgerente de generación de UTE, Oscar Ferreño.
Ursea y tarifas
El directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de energía y Agua (Ursea) trató el tema tarifas el lunes 31 de diciembre. Un informe elaborado por economistas de ese organismo no planteó comentarios desde el punto de vista técnico, dado que no se presentaron fundamentos de cálculos específicos para los guarismos de ajustes resueltos, según se desprende del texto al que accedió El Observador.
En otro punto, agrega que a partir de la documentación presentada por UTE se desprende que las cifras propuestas resultarían de lineamientos recibidos por la empresa desde el Poder Ejecutivo. “Asimismo se hace notar que el informe técnico de la empresa expresa que este criterio implica una distorsión importante en la convergencia entre tarifas y costos relativos medios por categoría”, dice el texto.
El director de la Ursea en representación del Partido Nacional, Fernando Menéndez rechazó la forma en que el Poder Ejecutivo tramitó la medida, ya que no se dejó margen para un estudio completo y profundo de la Ursea atento a las leyes y reglamentaciones vigentes. También lamentó que los porcentajes de ajustes ya estuvieran decididos de antemano.
