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Vázquez propone a Lacalle Pou restringir acceso a medicamentos de alto precio
A pocos días de finalizar el año, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, decidió jugar sus últimas cartas y planteó al futuro gobierno dos iniciativas para mejorar la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía y limitar el acceso a medicamentos de alto precio.
El presidente electo Luis Lacalle Pou adelantó que estudiaría “detenidamente” las propuestas, y en su equipo ya comenzaron a evaluar acerca de la prioridad de las mismas, principalmente teniendo en cuenta que las que refieren a la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía tienen un costo de U$S 150 millones, en un contexto en el que las cuentas públicas están en rojo y entre sus propuestas figuran ahorros por U$S 900 millones y bajar el costo de las tarifas públicas. Vázquez aspira a que -si Lacalle Pou lo dispone- sean incorporados en la ley de urgente consideración, aunque el instrumento no puede contener normas presupuestales.
Por otra parte, en el Poder Ejecutivo existe preocupación acerca del aumento de los juicios contra el Estado por el acceso a los medicamentos de alto costo, ya que Rentas Generales pasó de destinar en 2005 U$S 300.000 al Fondo Nacional de Recursos a casi U$S 40 millones en este último año, debido a que los recursos de amparo ante la Justicia para poder acceder a esas medicinas vienen creciendo exponencialmente y pasaron de ser 100 en 2016 a 550 en 2019.
Vázquez señaló que de no implementarse medidas llegará un momento en que el FNR se quedará sin financiamiento por lo que la herramienta dejará de tener validez. Fuentes del Ejecutivo dijeron a El Observador que la propuesta se conjugará con otras medidas que están siendo elaboradas por la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República, el FNR y el MSP, las cuales serán presentadas antes de finalizar el período ya que refieren a aspectos “administrativos” del MSP y el FNR.
La propuesta del gobierno es una ley interpretativa del artículo 44 de la Constitución, el cual obliga al Estado a proporcionar “gratuitamente” los medios de prevención y de asistencia a los indigentes o carentes de recursos suficientes.
Este artículo es sobre el que se sustentan la mayoría de los recursos de amparo que realizan los pacientes y que el gobierno pretende limitar. Para esto, propone que queden por fuera todos los estudios y medicamentos que no estén incluidos en los programas de salud, el catálogo de prestaciones y el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) que fueron definidos y aprobados por el MSP. También plantea que los medicamentos queden por fuera en caso de que hayan sido definidos y aprobados pero estén destinados a atender patologías ajenas a las previstas.
Lacalle Pou, que habló con Vázquez en dos ocasiones acerca del tema, utilizó su cuenta de Twitter para contestarle al presidente y anunciar que iba a estudiar “detenidamente” las propuestas porque referían a temas “bien importantes”.
Con una redacción muy similar, el gobierno ya había intentado en el año 2015 limitar la judicialización a través de una serie de artículos en la ley de Presupuesto. En ese momento, Lacalle Pou le envió una carta a Vázquez en la que solicitó que los retirara porque consideró que “limitaban” el acceso a los medicamentos y pidió discutir el tema lejos de los “fríos números y cifras de la ley presupuestal”.
“Los gobernantes debemos dar una discusión seria, responsable y profunda con la visión de buscar soluciones que le permitan a los uruguayos acercarse más a estos medicamentos de alto costo y no debatir sobre como interponer obstáculos burocráticos”, escribió el entonces senador nacionalista.
El diputado Martín Lema, que durante la legislatura asesoró a Lacalle Pou en temas de salud, dijo a El Observador que el escenario de recursos es “finito” y que debían ser “sumamente responsables” en sus afirmaciones. “Hay que hacer los esfuerzos para que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes”, dijo y planteó que el proyecto buscaba “blindar” al Estado.
En tanto, el abogado Juan Ceretta, profesor del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho desde donde se realizan la mayoría de los amparos fustigó la propuesta de Vázquez. Consultado por El Observador, dijo que el proyecto es un “desastre”, señaló que es “inconstitucional” y que viola convenciones internacionales de derechos humanos. “Habrá que ver qué legislador levanta la mano para privar del acceso a la salud de los más humildes”, expresó.
En una línea similar se expresó el diputado colorado Conrado Rodríguez, que en la última legislatura propuso que el FNR también se financie con bienes decomisados al narcotráfico. El legislador dijo que era una “limitante más” al acceso y que la propuesta era “inequitativa” porque las personas que no tienen “recursos suficientes” para costearlos terminan “muriéndose” o “deteriorando” su calidad de vida.
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Si bien el anuncio de Vázquez fue realizado de forma inconsulta con el Frente Amplio, dirigentes oficialistas lo valoraron como positivo porque significaba una “continuidad” a las políticas desarrolladas. La senadora socialista Mónica Xavier dijo a El Observador que era un tema de “responsabilidad” desde el Estado aunque el presidente “podía” habérselo presentado a la bancada de legisladores que entrará el 15 de febrero.
Una represa pendiente
En la conferencia de prensa realizada en la Residencia de Suárez y Reyes, Vázquez también presentó dos propuestas para mejorar la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía. La primera, cuyo costo asciende a aproximadamente U$S 50 millones, supone la creación de una planta para el tratamiento de lodos en la zona de Aguas Corrientes. El alcalde de esa localidad, Álvaro Alfonso, dijo a El Observador que la región necesita “urgente” esta planta que ya fue establecida en el plan elaborado en el año 2013.
La segunda propuesta, que también se viene discutiendo desde la Presidencia de José Mujica refiere a la construcción de una represa en el arroyo Casupá en Florida. En este caso, Vázquez planteó que se utilice dinero de Rentas Generales ya que OSE no puede afrontar una inversión cercana a los U$S 100 millones.
El 5 de diciembre, el Ejecutivo acordó con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) un préstamo por U$S 80 millones para la construcción de esta represa, por lo que el próximo gobierno deberá definir si lo utiliza y acordar las condiciones de financiación, explicaron a El Observador desde el Ejecutivo.
Fuentes de OSE señalaron a El Observador que el flujo de caja de la empresa es pequeño y que todas las inversiones se realizan a través de préstamos, por lo que advertían que el Ejecutivo de Lacalle Pou iba a tener que recurrir a él en caso de considerar prioritaria la obra.
Actualmente, una consultora está finalizando los estudios técnicos y luego comenzarán a hacerse los estudios de impacto ambiental necesarios para poner en marcha la obra, aunque la llave de cada una la tendrá el nuevo gobierno.
