José Ignacio: vecinos demandan a la Intendencia y a Ambiente por presuntas construcciones irregulares

La Liga de Vecinos del balneario entiende que ambas construcciones –correspondientes, en un caso, al empresario argentino Andrés Reinaldo Rossi y, en otro, a Siobhan Dumas, hija del conocido chef Carlos “Gato” Dumas– violan el ordenamiento territorial y las normativas edilicias y ambientales que establece el balneario. 

Así lo expresaron a través de un comunicado: "Dos viviendas de veraneo enormes, gigantes, propiedad de ciudadanos argentinos, se están levantando ante la mirada atónita e indignada de los vecinos de José Ignacio (y miles de turistas horrorizados) en plena zona de médanos de la playa brava, en zona de fragilidad ecosistémica según el plan de ordenamiento territorial vigente".

"Nuestra normativa establece la prohibición de causar daño ambiental y, para el caso de que se cause, impone la obligación de remediarlo, de recomponer el ambiente agredido, a cargo del infractor o del Estado, facultando incluso a la autoridad ambiental a imponer conminaciones económicas diarias hasta el efectivo cumplimiento", agregan.

En José Ignacio, la reglamentación establece que las propiedades no deben sobrepasar los seis metros de alto ni utilizar materiales pesados, así como tampoco pueden ser levantadas sobre la arena de las dunas.

Un informe del arquitecto Ignacio Amándola al que accedió El Observador coincide con la observación de los denunciantes y señala que la propiedad perteneciente a Rossi, próxima al Faro, es "pesada" en cuanto a diseño y materialidad, mientras que la de Dumas, ubicada al norte, "impacta negativamente en el paisaje", al estar construida bajo un sistema de apoyo "desmesurado", que requiere el uso de materiales pesados.

Cedida a El Observador

La postura de los propietarios se opone a esas versiones. Desde la familia Rossi argumentan que la propiedad obtuvo la habilitación correspondiente de parte de Ambiente y que, por lo tanto, actuaron bajo la norma. Además, reconocen que se modificaron algunos detalles de la obra para respetar la reglamentación.

El abogado de la liga, Mauricio Fioroni, asegura que si bien el empresario argentino obtuvo el aval inicial de la Intendencia de Maldonado que encabeza Enrique Antía para construir, luego la obra incumplió en el uso de materiales livianos.

"Lo que se da, en realidad, es que la gente muchas veces primero tramita el permiso de construcción ante la intendencia y esta se lo otorga condicionado a que acredite que tiene permiso de Ambiente”, dijo al diario La Nación. "Acá lo que hay que hacer es cumplir con la norma", agregó, en diálogo con El Observador. 

Según Fioroni, la investigación de Ambiente requerida por la Liga de José Ignacio constata una diferencia mayor a un metro y medio de lo permitido en esa propiedad. "No es un error menor, cuando estamos hablando que la altura máxima son seis metros para ese lugar.  Por otro lado, está tan mal hecha que el propio ministerio dijo que iba a sancionar al técnico responsable que presentó los renders de la parte paisajista. (...) El piso está a la altura de la cumbrera de la casa de al lado".

"Lo que quieren los vecinos no es una sanción, sino que se cumpla con la norma. El Ministerio de Ambiente tiene la obligación y antes que la multa lo más importante es recomponer el ambiente que fue afectado. No sirve de nada cobrar una multa de US$ 15 mil a una persona que está haciendo una casa de US$ 1 millón y medio arriba de US$ 4 millones de tierra. Son de terrenos de primera línea, sobre la playa brava, es lo más caro que hay en José Ignacio", insistió el abogado.

Los Dumas, por su parte, señalan que al momento de aprobarse el proyecto de obra no recibieron objeciones y que luego, por un error de cálculo, la altura final excedió de un porcentaje que no llega al 5% de la casa sobrepasó la altura. 

Zelmira Sánchez Elía, integrante de la familia Dumas, dijo a El Observador que la casa se alza sobre pilotes para acatar la norma ambiental y permitir la libre circulación del médano y que eligieron el sistema constructivo steel-framing por ser liviano y sustentable.

"Miente lisa y llanamente el abogado Fioroni cuando asegura que nuestra casa familiar, que no es una mansión como se puede observar en las fotos, supera en más de 1,50 metros la altura del código de edificación. Fioroni omite consignar que cuando nuestra casa fue aprobada la altura permitida de edificación era de 7 metros, bajo las normativas hasta entonces vigentes", respondió la propietaria.

Por otro lado, dijo que "hace meses que se ha presentado un plan de mitigación ante el municipio y el ente ambiental—todavía sin respuesta— a raíz del 4,7% de la superficie de la casa que se encuentra por encima del límite de edificación. Se trató de un error absolutamente involuntario originado en el cálculo de la cota. El mismo fue producto de las rígidas restricciones de movilidad para el control profesional de la construcción en plena pandemia", agregó.

"Estamos trabajando en un más pormenorizado plan de adecuación para subsanar el error absolutamente involuntario. Nuestra familia viene siendo blanco de difamaciones, hostilidades y violencia desmesurada por parte de un minúsculo grupo violento de vecinos que intentan prepotentemente pasar por sobre los organismos estatales para imponer mediante la coacción sus propias reglas de juego", señaló Sánchez Elía.

Cedida a El Observador

Para el grupo, una eventual demolición de ambas propiedades se traduciría como un "golpe en la nuca", principalmente, hacia el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y marcaría un precedente para que un potencial infractor se lo pensara "más que dos veces" antes de repetir una infracción. Ante esta posibilidad, el abogado dijo que si Uruguay se rigiera bajo las leyes de un país como Alemania estaría "100% convencido" de que las casas se demolerían.

"No estaríamos en esta situación porque no lo hubieran permitido. Las autoridades hubieran controlado correctamente y no les hubieran dado el permiso hasta que no cumplieran con la última condición. Acá estamos en Uruguay y las cosas no funcionan de la misma manera, al punto de que les permitieron algo completamente violatorio a la norma. Eso me genera dudas sobre si vamos a poder conseguir algo tan básico como querer que se cumpla la norma", sostuvo.

"Si lograron todo lo que lograron contra la ley tengo que darles una carta de crédito de que pueden llegar a lograr cualquier cosa. Pero es increíble que esto prospere frente a una demanda judicial y levanten (sus casas) con tanto incumplimiento tan alevoso", añadió.

La principal preocupación de los integrantes apunta a que los terrenos están dentro de una de las tres manzanas de mayor fragilidad ecosistémica en José Ignacio. En ese punto del pueblo, se abundan las dunas y la dinámica de la costa depende, en gran parte, de la calidad del ambiente. Geólogos especializados contactados por los vecinos concluyeron que la presencia de las casas en ese lugar puede afectar la dinámica natural de la playa.

Aclaración: Esta nota fue modificada porque contenía un error, decía que la altura final de la casa de la familia Dumas excedió en un 4,7% el límite autorizado cuando en realidad debió decir que 4,7% de la edificación excedió el límite. Además se incluyó la versión de la propietaria de la casa que inicialmente no había sido consultada. A los lectores, las disculpas del caso