Un poco más tarde de lo previsto debido a algunas trabas burocráticas, el Ministerio del Interior seleccionó a las dos organizaciones de la sociedad civil que van a trabajar aplicando la metodología de Cure Violence con el objetivo de intentar bajar los homicidios. Se trata de dos ONG que desarrollarán su trabajo con dos técnicos (un psicólogo y un trabajador social) y ocho interruptores que comenzarán a operar en el territorio al regreso de la Semana de Turismo.
Las ONG que ganaron el llamado realizado por el gobierno son Nueva Vida y Ecofamilia. La próxima semana comenzará la capacitación que primero la realizarán con expertos locales en mediación y luego tendrán una semana de trabajo con representantes de Cure Violence, que es una ONG internacional.
Ya desde los primeros días de abril las organizaciones estarán en los barrios y "es probable" que el gobierno reparta afiches y folletos para que los vecinos conozcan el programa que se llama Barrios sin violencia, dijo a El Observador el asesor del Ministerio del Interior y principal impulsor del programa, Diego Sanjurjo. En abril, además, las ONG realizarán un evento en las zonas que les corresponden donde se presentarán y hablarán algunos de sus referentes.
“Más allá de la presentación, la idea es que hagan un trabajo silencioso en los barrios, con equipos comunitarios a cargo de interrumpir dinámicas de violencia y mediar en conflictos interpersonales y grupales. No es solo entre grupos, sino conflictos interpersonales, en general”, explicó Sanjurjo.
Las ONG
Cada ONG trabajará en una zona distinta de la capital conformadas por cinco barrios en un caso y seis en el otro. Vida Nueva estará en la zona 2 que abarca Casabó, La Paloma, La Teja, Tres Ombúes y Cerro Norte y tendrá su oficina en el Hospital del Cerro.
Esta organización trabaja desde 1997 en Uruguay con personas vinculadas al mundo del delito y desde hace algunos años está asociada a la organización internacional Confraternidad Carcelaria. “Trabajamos con quienes tienen conflictos con la ley, consumos problemáticos de sustancias y/o se encuentran en situación de calle”, dice su página web.
El objetivo de la ONG es “disminuir los niveles de reincidencia de aquellas personas que están en proceso y de quienes recuperaron la libertad, así como también favorecer a terminar con el círculo de la delincuencia y sus efectos adversos en la sociedad”. Vida Nueva tiene su sede central en Las Piedras (Canelones) pero su director ejecutivo, Wilson Brun, asegura que trabajan en casi todas las cárceles del país.
Diego Battiste
Archivo. Diego Sanjurjo
Confraternidad carcelaria, la organización internacional a la que está asociada, está presente en más de 110 países y se compone de varias iglesias con un perfil mayormente evangélico. Trabajan tanto con las personas presas o liberadas así como con sus familias y ofrecen diferentes actividades que están vinculadas al estudio de la biblia como “la peregrinación del prisionero” o “Justicia restaurativa”, que también ofrece Vida Nueva en Uruguay.
Ambos cursos, como ellos les llaman, se desarrollan en ocho clases cada uno, con no más de 12 personas. El primero enseña “valores” para saber “cómo caminar, cómo hacer el proceso dentro de la prisión”. El segundo, en tanto, es para entrar en “conciencia” y tener “responsabilidad” sobre el delito cometido, según le contó en diciembre de 2022 a La Diaria el coordinador del programa Juan Rocha. En esa misma nota, Rocha, que también oficia como pastor, aseguraba que derivaban a muchos jóvenes con adicciones a los hogares Beraca.
La otra organización, que también tiene sede en Las Piedras, se dedica principalmente a proyectos sociales con la infancia. Ecofamilia es una ONG que ya trabaja con el Estado y gestiona un Centro de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) en Las Piedras. Su trabajo va a estar focalizado en Peñarol, Casavalle, Manga, Marconi, Las Acacias y Villa Española y su oficina será en el recientemente inaugurado Centro de referencia de políticas sociales Aparicio Saravia.
En este caso se trata de una organización vinculada a Nelly Arispe y su hijo el edil colorado por Canelones Alfredo Martínez. El Observador intentó comunicarse con Martínez para conocer más en profundidad a la organización pero este declinó de hacer declaraciones.
Cómo trabaja Cure Violence
El método de Cure Violence, que nació en Chicago y tiene antecedentes en decenas de ciudades de Estados Unidos y también de América Latina, entiende a la violencia como una bacteria contagiosa que lo que hace es producir más violencia. El objetivo es trata de frenar el espiral que se genera a partir de un hecho violento mediante “interruptores” o mediadores locales.
Una reciente investigación da cuenta de que solo el 11% de los homicidios cometidos en el país durante la última década está vinculado al tráfico de drogas. Dejando de lado los homicidios para los que no se conocen los motivos, el "conflicto interpersonal entre conocidos" fue, en 2019, el motivo más frecuente, según la investigación académica Tipología de los homicidios en Uruguay.
Son homicidios que se dan "cuando el autor y la víctima se conocían con anterioridad al incidente fatal, sin que tuvieran una relación de parentesco o pareja, y el hecho que provocó la muerte no está relacionado con otras motivaciones de esta tipología, como el robo, la motivación sexual o el tráfico de drogas". Un ejemplo típico es la pelea entre vecinos. Y ahí es donde entra en juego el rol del interruptor.
La idea es que los mediadores compartan la misma cultura y hablen el mismo idioma que los miembros de la comunidad. “Esta conexión facilita la comunicación efectiva y ayuda a superar barreras lingüísticas y culturales que podrían surgir con un mediador externo”, decía el documento que contenía las bases del llamado en el que fueron seleccionadas Nueva Vida y Ecofamilia.
Los 16 interruptores que trabajarán (8 en Vida Nueva y 8 en Ecofamilia) viven en los barrios o tienen una “experiencia vital importante” en ese lugar, según explicó Sanjurjo.
Las organizaciones no tendrán contacto directo con el Ministerio del Interior pero Diego Rivero, un funcionario que ocupa un cargo financiado también por el BID, será quien oficie como coordinador del programa y quien les haga el seguimiento.
