Economía y Empresas > Proyecto de ley
Vínculo de industriales con supermercados: la nostalgia por los Henderson y Devoto y el proyecto para mejorar prácticas
La Cámara de Industrias (CIU) presentó un proyecto de ley en el Parlamento para mejorar la relación entre las grandes superficies y la industria uruguaya. La gremial afirma que la principal problemática de la industria nacional hoy tiene que ver con “políticas abusivas” e “ilegales” que aplican las grandes cadenas de supermercados a los proveedores locales en cuanto a las formas y plazos de pago.
Según informó el diario El País este lunes, en la CIU entienden que el cambio en la relación se empezó a ver desde que los grandes establecimientos dejaron de tener al frente a las empresas familiares fundadoras de cadenas, como Devoto o Tienda Inglesa (Robin Henderson), y comenzaron a ser manejados por fondos de inversión y accionistas internacionales, como Grupo Éxito y Goldman Sachs, entre otros.
El vínculo entre proveedores y cadenas de supermercados pasa por un momento complejo desde hace ya más de un año. Antes de la llegada del coronavirus y mientras se negociaba la posible compra del Grupo Disco por parte del accionista mayoritario de Tienda Inglesa (Goldman Sachs), varios proveedores denunciaron prácticas abusivas por parte de los supermercados.
En noviembre de 2019, varias de las empresas que abastecen de productos al mercado minorista mostraron una fuerte molestia con cadenas de supermercados. En ese entonces, se quejaban de prácticas abusivas, la exigencia de trabajar con determinados bancos para poder cobrar facturas, diferimiento de los pagos y hasta la obligación de tener que colaborar con reformas o mejoras en locales de venta. Los reclamos de los comerciantes llegaron hasta la CIU.
“Nosotros estábamos acostumbrados a negociar con el señor (Walter) Devoto y su familia, con (Robin) Henderson (expropietario de Tienda Inglesa), pero todo eso fue cambiando”, afirmó Ruben Donnángelo, integrante de la comisión de Comercio Interno de la CIU, en la comisión de Industria del Senado, según la información publicada en El País este lunes.
Asimismo, el miembro de la gremial señaló que eso también “sucede con las cadenas de farmacias” dado que “ya no está la familia Gagliardi (fundadora de San Roque), ni tampoco Devoto en Farmashop. Hoy esa titularidad está en manos de fondos de inversión internacionales, que tienen unos parámetros y unas exigencias desde el punto de vista económico que los obligan a negociar en condiciones que nosotros entendemos que son ilegales”, afirmó.
“El cambio de titularidad de las grandes superficies fue lo que desató esta situación, que es insostenible para la industria nacional”, remarcó Donnángelo.
En la comparecencia ante la comisión de Industria de la Cámara de Senadores, también participaron Washington Corallo y Leonardo García, presidente e integrante de la comisión de Comercio Interno de la gremial, respectivamente; Federico Florín, asesor de la CIU; César Bourdiel, director de la dirección de Comercio Exterior y Marcelo Ballesta, integrante de la Unidad de Apoyo a las Gremiales.
De acuerdo con Corallo, la relación entre grandes superficies y proveedores nacionales ha tenido vaivenes a lo largo de los años y dijo que en 1998 ya había problemas con algunas superficies. “Después vino un período de razonamiento y de lógica, en el cual la relación entre compradores y proveedores se normalizó, pero desde hace dos años a esta parte, por el cambio de mando de algunas cadenas, la situación cambió. Efectivamente el cambio de titularidad modificó las reglas de juego”, afirmó Corallo.
El proyecto
Según explicó Florín, el proyecto de ley que presentó la gremial surgió a partir de una propuesta ya existente que la CIU modificó.
La normativa plantea cambios en tres aspectos principales: las grandes superficies, los contratos de compraventas comerciales y la defensa de la competencia. Con relación al primer aspecto, Florín explicó que si bien ya hay leyes vigentes que intentan evitar la creación de monopolios y el control de concentraciones económicas (como la ley 18.159 de defensa de la libre competencia en el comercio y la 17.188 de establecimientos comerciales), los objetivos del proyecto de la gremial “no son totalmente coincidentes”.
La ley de grandes superficies “busca que las intendencias de cada uno de los departamentos, asesoradas por las comisiones, protejan a los consumidores”, dijo Florín, por lo que en la gremial lo que pretendieron “fue colaborar y buscar fortalecer las facultades del órgano decisor (las intendencias) y ampliar el control preexistente para poder abarcar las grandes cadenas, que pueden tener 20 o 50 comercios, a nivel departamental o nacional, o que tengan superficies mayores a 4.000 metros cuadrados”, explicó.
Asimismo, el proyecto de la CIU plantea la posibilidad de extender a la Dirección General de Comercio la facultad de clausurar los negocios que violen la ley en el ámbito departamental para “que no quede solo como una medida de carácter nacional”, dijo Florín.
El proyecto de ley pretende limitar el poder de las grandes cadenas de supermercados
Otros cambios del proyecto buscan que las condiciones entre proveedor y grandes superficies en los contratos de compraventas comerciales no queden libradas a la fuerza de la negociación de cada parte, sino que “se pretende limitar ese poder favoreciendo el poder de negociación de la parte más débil en esa ecuación”, explicó el asesor.
Algunas de las medidas concretas para “limitar ese poder” son establecer un plazo de pago desde las cadenas a los proveedores, definir aplicaciones de intereses ante el vencimiento de ese plazo y definir como “conducta prohibida” —según la ley de defensa de la competencia— la violación de los convenios en la forma de pago, ya sea de oficio o por denuncia.
“Hay una diferencia de poder notoria y cada vez mayor”
Leonardo García, integrante de la comisión de Comercio Interno de la CIU relató los problemas a los que se enfrentan las empresas socias de la gremial en la relación con las grandes cadenas de supermercados.
“Llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo en forma activa y cambiar determinadas circunstancias, porque la gravedad de estas políticas iba en aumento”, afirmó.
“Nos empezamos a enterar de cambios unilaterales en formas de pago totalmente abusivas. Alguien iba a cobrar y, de repente, se enteraba de que iba a cobrar 90 días después y sin ningún tipo de explicación. Y el que no estaba de acuerdo con esas condiciones no le vendía más a esa cadena. Eso hoy hace que un determinado producto casi desaparezca directamente del mercado”, explicó García.
También señaló que al momento de cobrar una factura, los socios de la gremial “se encontraban con notas de crédito, sin ningún tipo de explicación”. “Simplemente decían que habían cambiado las políticas de la cadena o que la empresa a fin de año no había llegado a la rentabilidad esperada, por lo cual les tenían que hacer una nota de crédito a sus proveedores. Estas son políticas que no son habituales en las relaciones comerciales sanas”, afirmó García.
De acuerdo con el integrante de la CIU, los más perjudicados son los proveedores porque “hay una diferencia de poder notoria y cada vez mayor”, y también el cliente final “porque hay distintos productos que el consumidor uruguayo está habituado a comprar y que por cuestiones comerciales las empresas hacen desaparecer de las cadenas, les dan menos lugar o los van sacando de distintos puntos”.
