Vivienda sube la apuesta y pide más de U$S 200 millones para el fideicomiso de erradicación de asentamientos

De forma un tanto inesperada, la votación de ese instrumento financiero se convirtió en el principal dolor de cabeza durante la negociación presupuestal en el Parlamento. Y aunque finalmente se llegó a un acuerdo en el Senado y el oficialismo votó la constitución del fideicomiso, el tire y afloje está lejos de terminar. Ya resuelto el origen de los fondos que oficiarán de garantía –los dos tributos que hasta ahora se transferían a Colonización–, la discusión pasó a ser cuál será el monto volcado al fideicomiso, y de qué forma se distribuirán territorialmente los recursos. 

El tema estuvo arriba de la mesa este miércoles en Torre Ejecutiva, donde el presidente Lacalle Pou, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el prosecretario Rodrigo Ferrés recibieron en acuerdo ministerial a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y al subsecretario Tabaré Hackenbruch. Según dijeron a El Observador fuentes de gobierno, los representantes de Vivienda pidieron que se vuelque al fideicomiso más de U$S 200 millones para el total del período.

En Vivienda consideran que con ese monto se podrían brindar soluciones habitacionales para entre 7 mil y 8 mil hogares, entorno al 15% de los más de 50 mil que existen en asentamientos, según los números oficiales. 

La cifra planteada por el ministerio supera la que había previsto inicialmente Presidencia junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el entorno de unos US$ 120 millones en todo el período.

Las conversaciones para acordar una cifra definitiva continuarán en los próximos días. Moreira afirmó este miércoles que mantendrán una reunión con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche para avanzar en el tema. 

Por otra parte, la intención del Ministerio de Vivienda es que los fondos que se ejecuten en este período sean destinados principalmente a mejorar las viviendas, a diferencia del Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) que distribuye el 70% de sus recursos en infraestructura barrial, como arreglos de calles, eliminación de cunetas y alumbramiento.

Tal como había informado El Observador, en el ministerio conducido por Moreira pretenden priorizar aquellos asentamientos que estén en terreno público y que cumplan con la Ley de Ordenamiento Territorial. Fuentes de la cartera explicaron que si cumplen con esas condiciones, es más fácil y más rápido intervenir. Para eso, la idea es utilizar todos los "brazos ejecutores" que tiene la cartera, apuntó Moreira, en referencia al PMB, el Plan Juntos, el Plan Nacional de Relocalizaciones y el Movimiento ProErradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) para asentamientos rurales.

De la mano de esta asignación de recursos, la cartera pretende superar los U$S 400 millones invertidos en el total del período de gobierno en prevención, relocalización y regularización de asentamientos, si se toman en cuenta recursos que ya están destinados en otros planes.

El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, dijo meses atrás a El Observador que dar solución a todos los asentamientos implicaría una inversión de unos US$ 2 mil millones.

Departamentos priorizados

Otro de los temas que se tocó en la reunión del miércoles, y en el que todavía no hay acuerdo, tiene que ver con qué departamentos serán los que recibirán mayores fondos para ejecutar. Si la distribución de la plata se hace proporcional a la cantidad de asentamientos, el 70% de los recursos terminaría en Montevideo y Canelones. Esta posibilidad, entienden en el ministerio, alimenta la contraposición que sobrevoló la discusión parlamentaria entre campo y ciudad.  La otra posibilidad, que también se manejó en reuniones previas, es intervenir al menos un asentamiento por departamento.

"Las intendencias y los municipios tienen un rol importantísimo. Es un trabajo en conjunto. Juntos vamos a solucionar esto", señaló Moreira ante los medios. En el Ministerio de Vivienda entienden que las intendencias son claves para la erradicación porque son quienes cuentan con la información, los planes de ordenamiento territorial y son quienes están en el día a día con quienes habitan en los asentamientos. 

La experiencia

La intervención en asentamientos se divide  en dos grandes “circunstancias”. Por un lado están aquellos los ubicados en zonas no aptas para urbanización (terrenos inundables o contaminados, por ejemplo), que deben ser relocalizados. Por otro lado están los que pueden ser intervenidos en el mismo lugar. 

La experiencia internacional, que también se ha aplicado en Uruguay en las últimas décadas, señala que lo ideal es reconfigurar los asentamientos en el lugar y no moverlos, siempre y cuando estén cerca de servicios, según dijo a El Observador el 3 de octubre el director del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Lucio De Souza. Para el académico es fundamental  “construir ciudad” y no enfocarse solo en la vivienda porque las respuestas que se centran en ese aspecto “históricamente han dado malos resultados”. 

“Piensen qué van a hacer estos niños en unos años en este barrio”. La frase, que recordó De Souza, la dijo el geógrafo e intelectual inglés, David Harvey, en noviembre de 2015  durante una recorrida por las obras del Plan Juntos en Batlle Berres junto a autoridades locales. 

El sentido es el mismo: la necesidad de brindarle oportunidades de formación a los niños más allá de lo que puede ofrecer la escuela.

La respuesta, agregó De Souza, debe ser integral para ser efectiva en el largo plazo aunque reconoció la dificultad que genera la falta de recursos.