Wyoming prohibió la píldora abortiva, sumándose a otros estados que buscan limitar o prohibir el aborto

Dado que el acceso al aborto quirúrgico ya era difícil, si no imposible, en Wyoming, el aborto con medicamentos era prácticamente la única opción para la práctica de la interrupción del embarazo en el estado.

Desde el dictamen de la Suprema Corte anulando el fallo Roe v. Wade el verano pasado, estados como Wyoming, Carolina del Sur y Texas realizaron repetidos intentos contra el derecho al aborto, con diversos grados de éxito. Wyoming prohibió el aborto en el caso Dobbs vs. Jackson antes de la decisión de la Corte, aunque actualmente se está impugnando en los tribunales. La legislación contra el aborto demostró ser impopular y complicada de promulgar en varios estados, lo que abre la puerta a soluciones alternativas extremas como la de Wyoming.

Todas las formas de aborto son ilegales en doce estados, incluido el realizado con medicamentos. Pero Wyoming es el primer estado en penalizar el uso de la píldora abortiva fuera de una prohibición total que entrará en vigor.

El aborto con medicamentos, o autogestionado, puede ser la opción preferida para interrumpir un embarazo de hasta 10 semanas porque se puede realizar en el hogar, especialmente importante en estados y situaciones donde el aborto quirúrgico es de difícil acceso. La pastilla es, además, segura y menos costosa.

Esa opción ya no existe en Wyoming y podría eliminarse o reducirse en todo el país dependiendo del resultado de un caso en un tribunal federal en Texas. El juez Matthew Kacsmaryk, un juez conservador designado por Trump, está considerando el argumento en el caso Alliance for Hippocratic Medicine vs. FDA (Administración de alimentos y medicamentos) de que la mifepristona no es segura, a pesar de que fue aprobada por FDA por más de 20 años. Se espera que Kacsmaryk falle ordenando a la FDA que retire su aprobación del medicamento, lo que dará lugar a un largo proceso de apelación.

Incluso si Kacsmaryk se pone del lado de la FDA, otros estados podrían intentar seguir el ejemplo de Wyoming incluso si no pueden prohibir el aborto por completo. O podrían intentar algo como el proyecto de ley propuesto en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur en enero, que calificaría a un óvulo fertilizado como una persona, por lo que haría que cualquiera que haya tenido un aborto pueda ser condenado a la pena de muerte según la ley de Carolina del Sur.

A medida que las prohibiciones de aborto a nivel estatal son impugnadas en los tribunales, los legisladores están tratando de encontrar formas nuevas, más creativas y draconianas de limitar el acceso al aborto, y no está claro si se detendrán en prohibir la mifepristona o acusar de asesinato a las mujeres que abortan.

El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, convirtió en ley la impugnada prohibición del aborto en marzo pasado. Esa ley, aún sostenida por los tribunales, prohibiría todo aborto excepto en caso de violación o incesto, o si el embarazo supusiera un riesgo grave para la salud de la madre. Al emitir una orden judicial preliminar, el juez del caso consideró que la ley era demasiado vaga y que probablemente viola el derecho constitucional del estado a la atención médica.

La prohibición de la mifepristona en Wyoming depende de la ley “La vida es un derecho humano”, que entró en vigor este domingo y deja de lado la Constitución al afirmar que el aborto no es en realidad atención médica.

“El impacto de esa legislación no sólo infringe nuestros derechos constitucionales, sino que en realidad causa daño”, dijo al New York Times la doctora Giovannina Anthony, ginecóloga y obstetra de la Clínica de Atención Familiar y Salud de la Mujer en la ciudad de Jackson. “Criminalizar la medicina basada en la evidencia es realmente a lo que se reduce esto, y eso, al final, honestamente, conducirá a muertes maternas y resultados horribles tanto para las madres como para los bebés”.

La clínica de la doctora Anthony es la única instalación en el estado que aún practica la atención del aborto, y sólo brinda acceso al aborto con medicamentos: mifepristona. Le dijo al New York Times que ella y sus compañeros demandantes habían solicitado una orden judicial contra la ley “La vida es un derecho humano” y que también desafiarán la prohibición de las píldoras abortivas.

Las demandas judiciales son prácticamente el único recurso que tienen los defensores de la atención del aborto en este momento, le dijo a Vox, el representante demócrata por el condado de Teton Mike Yin. “En Wyoming, hay cinco demócratas en la Cámara de 62 miembros y dos en el Senado de 31, por lo que nuestras opciones legislativas son un poco limitadas, desafortunadamente”, se lamentó Yin.

Wyoming no es el único estado que presiona por restricciones más draconianas al aborto. Carolina del Sur también fue noticia nacional esta semana cuando la Cámara de Representantes del estado comenzó a considerar un proyecto de ley que calificaría un óvulo fertilizado como un ser humano. Según la propuesta, el aborto sería similar a un asesinato, y la persona que se realizó el aborto podría ser sentenciada a prisión o a la pena de muerte.

El patrocinador principal del proyecto de ley, el representante Rob Harris, un republicano que representa al condado de Spartanburg, es miembro del Freedom Caucus de Carolina del Sur. Al igual que su análogo en el Congreso nacional, el grupo aboga por posiciones legislativas de extrema derecha basadas en polémicos temas de guerra cultural. El propio Harris dijo la semana pasada en el pleno de la Cámara que creía que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas.

El proyecto de ley de Harris, que tiene 15 patrocinadores, hace excepciones por la vida o la salud de la madre, pero no por violación o incesto. El proyecto también establece que ningún médico que practique un aborto para salvar la vida de una persona embarazada puede ser acusado de asesinato según la legislación.

Si se aprueba el proyecto bajo consideración, anularía las leyes de aborto actuales del estado. El aborto sigue siendo legal en Carolina del Sur, a pesar de varios intentos legislativos de limitarlo, el más reciente, la Ley de Protección de la Vida Humana. Ese proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara y prohibiría el aborto con excepciones por muerte o lesiones corporales graves de la persona embarazada. No proporciona excepciones para la violación o el incesto, pero prohíbe los cargos penales contra las personas que abortan.

Según Vicki Ringer, directora de asuntos públicos de Carolina del Sur, para Planned Parenthood South Atlantic también “deja abierta la posibilidad de que un aborto espontáneo sea investigado” como asesinato, castigando a una persona por una emergencia médica que no puede controlar.

“Lo que hemos visto en Carolina del Sur es que entre el 75 y el 80% de las personas apoyan el derecho al aborto”, dijo Ringer. Aun así, agregó, podría darse una situación en la que la Cámara, haciendo “uno o dos ajustes”, aprobara el proyecto.

En cuanto a si el gobernador de carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, estaría dispuesto a firmar la legislación, Ringer le dijo a Vox: “Creo que McMaster firmará cualquier cosa sobre el aborto siempre que la Asamblea General lo apruebe. Está tratando de demostrar su buena fe conservadora”.

En el estado de Texas, el aborto ya es ilegal y las autoridades recurren a un mecanismo de delación: los ciudadanos comunes pueden demandar a aquellos de quienes sospechen que ayudan o incitan a un aborto. Y, lamentablemente, funciona: un hombre está demandando a tres amigas de su exesposa por ayudarla a obtener píldoras abortivas el año pasado.

La demanda alega que las tres mujeres “sabían que estaban ayudando o instigando un aborto autogestionado, que es un acto ilícito y un acto criminal de asesinato según la ley de Texas”. Dos de las acusadas se ofrecieron a permitir que la mujer embarazada se sometiera a un aborto médico en sus hogares y le proporcionaron enlaces a sitios web donde podía pedir las píldoras abortivas. Una tercera acusada supuestamente ayudó a entregar las píldoras, según informó la agencia Reuters.

El demandante, Marcus Silva, exige US$ un millón a cada demandada. “Cualquier persona involucrada en la distribución o fabricación de píldoras abortivas será demandada hasta el fin de sus días”, dijo Briscoe Cain, abogado de Silva y representante del estado de Texas, en un comunicado.

Las prohibiciones múltiples y superpuestas sobre el acceso al aborto en Carolina del Sur, Texas, Wyoming y, posiblemente, en el país entero dejan la puerta abierta para medidas más extremas contra la salud reproductiva. “Es una pendiente resbaladiza. ¿Qué sigue después?", preguntó Ringer.