En el gobierno subrayan que será un “estímulo a la industria nacional”
La aprobación por parte del Senado de la incorporación de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue celebrada por todo el gobierno y señalada como un antes y un después para las industrias uruguayas.
El ingreso quedó parcialmente invisibilizado por los últimos días de campaña electoral y las negociaciones políticas que debieron transcurrir para que el proyecto saliera, y ahora la idea del Poder Ejecutivo es aprovechar la calma que estiman habrá después del 30 de junio para destacar los beneficios que se experimentarán a partir de los próximos meses, según supo El Observador de fuentes oficiales.
En este sentido, en el gobierno destacan que el ingreso significa poner fin a un “largo proceso” que arrancó hace más de 30 años en el que diversas administraciones con distinta inclinación filosófico-política lo solicitaron.
La primera vez que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de adhesión al PCT fue en 1991 en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Lo volvió a intentar en 1997 con Julio María Sanguinetti, en 2002 con Jorge Batlle y en 2017 con Tabaré Vázquez.
Un informe del Ministerio de Industria, al que accedió El Observador, divide en dos grandes grupos los “efectos positivos” de sumarse al tratado. En primer lugar, destaca beneficios para los inventores nacionales y el ecosistema nacional innovador, y en segundo lugar menciona ventajas estratégicas y de posicionamiento para el país.
En este sentido, subraya que estar en el PCT es condición necesaria para la firma de acuerdos comerciales de última generación como el Transpacífico (CPTPP), pero además potencia la imagen de Uruguay como “hub de innovación”.
“Facilita la exportación de los intangibles. Para que las empresas decidan venir al país a invertir e innovar, se debe asegurar fácil proyección hacia el exterior”, dice el trabajo de Industria y agrega que este tratado viene a facilitar la coordinación procedimental de los registros de patentes, lo cual es “clave para que esa protección” que sucede país a país no obstaculice el “potencial crecimiento de innovación tecnológica originada a la interna de Uruguay”.
También subraya que el tratado contribuirá a hacer atractivo el país para recibir “inversiones de la industria biotecnológica” así como de otras industrias con fuerte desarrollo como es el caso de las energías renovables y telecomunicaciones.
Por otra parte, considera que es un estímulo a la industria nacional para que avance hacia la innovación con el objetivo de resolver problemas o necesidades de “otras jurisdicciones lejanas”. “Invenciones que quizá no serían comercializadas a gran escala para el mercado local, podrían elaborarse pensando en su explotación en terceros países para resolver sus problemáticas”, ejemplifica.
Más allá de los beneficios para el país, en el gobierno subrayan la importancia que tendrá para los científicos e investigadores el hecho de que Uruguay se haya sumado al PCT.
En este sentido, mencionan que facilitará que puedan llegar a “otros mercados” porque podrán “proteger tecnologías desarrolladas en el país” que sean usadas en otras latitudes donde los usuarios deberán “abonar el canon correspondiente al titular de la patente”.
También podrán reducir costos, porque el sistema evita a los inventores aportar tantas traducciones de la documentación como destinos con distinto idioma a los que se desee llegar, además de proporcionar información acerca de procesos similares que estén en curso.
Por último, amplía el plazo para que los inventores analicen y consigan los insumos económicos o humanos necesarios para emprender la explotación en otros países. “Esta ampliación de plazo que se extiende de 12 meses a 30 supone un enorme estímulo, especialmente para quienes innovan desde una economía mediana o pequeña (mipymes)”, dice el trabajo y sentencia considerando que “contribuirá a evitar la fuga de innovación nacional que se produce hoy en día” porque “muchos nacionales que desarrollan innovación desde el país, cuando deciden avanzar con la protección acuden a otras jurisdicciones que sí son parte de PCT asociándose con un nacional de dicho país”.
Es un tratado multilateral sobre propiedad industrial, más específicamente sobre patentes, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que tiene por objetivo establecer un mecanismo de coordinación para facilitar y simplificar los procesos de registro de patentes entre los países que componen la red creada por el tratado.
Actualmente son miembros del PCT 157 países. Con la incorporación de Uruguay ese número asciende a 158.
La forma en que el tratado logra el objetivo de coordinar el trabajo es unificando los requisitos de procedimiento (no de fondo) que deben seguir los interesados en los diversos países al momento de solicitar una patente, y establecer plazos de tramitación que serán válidos en todos los países que formen parte del mismo.
Unifica los requisitos de procedimiento y de documentación, y amplía un plazo que actualmente para Uruguay es de 12 meses y lo lleva a 30 meses.